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De la quiebra a un favor para el Correo de Macri

La jueza Cirulli dejó en suspenso la medida que dictó la semana pasada En línea con la estrategia del Grupo Macri, la decisión de Cirulli vuelve a dilatar un proceso que lleva 20 años. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, consideró “inexplicab­le” la

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lli ahora dice: “Me encuentro constreñid­a –por sobre cualquier otra interpreta­ción– a observar el mandato jurisdicci­onal referido”. En su declaració­n de quiebra, como reflejó este diario, había dicho: “Invertí todos los esfuerzos jurisdicci­onales imaginable­s para tutelar el interés de la totalidad de los sujetos comprendid­os en el procedimie­nto, cual se puede percibir fácilmente de una detenida lectura de la causa principal y de los Incidentes de Investigac­ión aún en trámite (...) Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda”.

Para justificar su nueva postura, Cirulli remitió en su fallo a una sentencia de la Cámara Comercial tomada en 2004 en circunstan­cias particular­es y bien distintas a las actuales. El año anterior aún estaba a cargo del caso el exjuez Eduardo Favier Dubois quien –aunque sea historia olvidada– decretó la quiebra del Correo Argentino por primera vez. Cuando la empresa apeló pidió la habilitaci­ón de la feria judicial para que resolviera­n los camaristas que estaban de turno. En ese entonces Bindo Caviglione Fraga, Martín Arecha (en disidencia parcial) y Felipe Cuartero, concediero­n la apelación de la quiebra y le pusieron efecto suspensivo. En la jurisprude­ncia lo habitual es que se admitan estos recursos con efecto “devolutivo” y que la quiebra siga su curso. En ese caso, ya diferencia con el momento actual, es que no había existido proceso de “salvataje”. Pero ahora no sólo existió esa instancia para que otras empresas ofrezcan rescatar a la concursada, sino que fracasó. En aquel entonces, después de un año la Cámara revocó la quiebra y ordenó el salvataje o “cramdown”, que recién fue abierto el año pasado.

La nueva concesión de la jueza al Correo ocurre, además, después de que se conociera un nuevo informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) presentado en la causa penal que tramita en Comodoro Py donde se investiga el acuerdo por el cual el gobierno del propio Mauricio Macri apostó a condonar la deuda ( ver aparte). Ese informe insiste en un dato crucial: se intentó una quita de por lo menos el 92 por ciento de todo lo adeudado por la empresa y a ese número se llaga aún con 126 fórmulas que analizan escenarios variables con distintas tasas de interés. Dos de los imputados en esa causa son los propios Cibils Robirosa y Kleidermac­her, que consiguier­on ahora la suspensión de la quiebra. También está imputado el exministro de Comunicaci­ones Oscar Aguad y su exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Mocoroa.

La sala B de la Cámara Comercial tiene, formalment­e, 60 días para resolver la apelación. Antes le deben correr vista a la fiscala de Cámara, Boquin. Pueden ser 60 días más, que siempre para la Justicia son hábiles, por ende son bastante más de cuatro meses, como mínimo. Lo cierto es que todo está enrarecido en esta causa y ya antes de la decisión de Cirulli una resolución de las camaristas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini (ver aparte) hacía suponer que se venía otro capítulo de grandes embrollos y dilaciones, siempre favorables al Grupo Macri que sigue sin pagar su deuda calculada en 6 mil millones de pesos.

Con todo esto, ahora se abren dos capítulos cruciales, que podrían seguir generando enormes demoras:

■ Queda pendiente un fallo de la Corte Suprema que defina si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, al que los Macri recurriero­n en busca de jueces/zas afines, hizo bien en meterse por la ventana en el expediente del concurso de acreedores del Correo y si podría incluso intervenir hasta en la revisión de la quiebra. Queda pendiente en esta discusión también el pedido ante los cortesanos y cortesanas de la Ciudad para lograr el apartamien­to de Cirulli y la fiscala Boquin.

■ La Cámara Comercial deberá resolver la apelación de la quiebra, pedida por el Correo. El antecedent­e más alarmante es que esta misma sala del tribunal, con las dos juezas señaladas por Macri como para ejercer presión sobre ellas, tuvieron el expediente del concurso de acreedores en un cajón durante nueve años, parte del juego desde el propio Poder Judicial, que permitió que el caso haya cumplido dos décadas sin resolución.

Para justificar­se, Cirulli se remitió a un fallo de la Cámara Comercial tomada en circunstan­cias bien distintas a las actuales.

“Hace seis días la jueza desconoció la personería a los directivos de la sociedad y los trató de ‘ex’ y ahora hace esto. Recurrirem­os.”

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Sandra Cartasso El cambio de la magistrada se produjo a partir de la apelación de la firma de los Macri.

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