El juez investigado por sus visitas a Macri
Impulsan la causa penal contra Borinsky
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La fiscal Alejandra Mángano impulsó la investigación sobre las visitas que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky habría realizado a Mauricio Macri durante su gobierno, y solicitó una serie de medidas para determinar si esos encuentros fueron la oportunidad para que el entonces mandatario ejerciera una influencia indebida en uno de los jueces que tenían en sus manos casos extremadamente sensibles para el poder político.
Mángano le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que realice una serie de medidas para investigar las 18 reuniones de Borinsky con Macri. Entre ellas, la fiscal quiere que se le pida a la Secretaría General de la Presidencia la lista del personal administrativo o de protocolo que prestaba funciones los días en los que el casador fue a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada para verse con el entonces presidente. El propio Macri contó en una entrevista con TN que jugaba al tenis con Borinsky porque tenían amistades en común. Con esa información, Mángano quiere que esos empleados o empleadas presten declaración testimonial.
La fiscal también pide que la Cámara Federal de Casación informe si hay actuaciones referidas a los encuentros con Macri y al Consejo de la Magistratura, si hay denuncias contra el camarista. Además, solicita copia de cada una de las resoluciones que Borinsky firmó y que fueron mencionadas por los diputados del Frente de Todos que el 25 de junio pasado ampliaron la denuncia contra el juez.
Mángano y Martínez de Giorgi tienen en sus manos un desprendimiento de la causa de la llamada “mesa judicial” del macrismo, ya que inicialmente Martín Soria (antes de asumir en el Ministerio de Justicia) había denunciado en ese expediente al presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, por sus encuentros con Macri. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi y la jueza
María Eugenia Capuchetti entendieron que se trataba de un tema distinto, porque su causa está centrada en los jueces y fiscales que recibieron presiones por parte del macrismo.
El camarista Leopoldo Bruglia le ordenó a Martínez de Giorgi que avanzara con la pesquisa por separado hasta tanto quede en claro cuál es el objeto de la investigación. Cuando Mángano pidió informes sobre Hornos, el vicepresidente de Casación, Alejandro Slokar, le respondió que ni él ni ningún otro integrante había informado de esas reuniones.
En su denuncia, los diputados del FdT Rodofo Tailhade, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau sostienen que existió “un mecanismo sistemático de manipulación política de causas penales”, en el cual habrían participado tanto Macri como Hornos y Borinsky, los dos jueces que propiciaron la reapertura en diciembre de 2016 de la denuncia de Alberto Nisman contra CFK, entre otras causas, que hoy están bajo escrutinio. alguna de la existencia de un comando ni de la forma en la que esos supuestos homicidas entraron al departamento, cerrado por dentro, y redujeron al fiscal sin desorden alguno, sin huellas ni manchas de sangre fuera del baño y sin que el cuerpo de Nisman tuviera rastros de defensa o de golpes. Comodoro Py sostiene el expediente en base a un peritaje trucho de la Gendarmería, hecho por orden de Patricia Bullrich, a espaldas de las partes y contradiciendo lo que determinaron la junta de criminalistas, la junta médica y el Cuerpo Médico Forense. La Gendarmería mencionó la existencia de ketamina para adormecer a Nisman, pero los expertos tuvieron que admitir que se trató de una cantidad mínima, sin efecto sedante, y no pudieron decir cómo se administró ya que no se halló evidencia de una inyección. El peritaje de la Gendarmería batió un récord: se hizo sin haber visto nunca el cuerpo de Nisman y sin haber estado en el lugar del hecho al momento de levantar las evidencias. A seis años y medio, la única evidencia real de la causa indica que el fiscal se disparó a sí mismo.