Macri & Cía, imputados por contrabando agravado
Las pruebas del apoyo del gobierno macrista al golpe contra Evo Morales
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Una semana después de que estallara el escándalo por el envío de material bélico a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales, Mauricio Macri terminó imputado por contrabando agravado. El fiscal Claudio Navas Rial decidió impulsar una investigación penal en base a la denuncia que presentó el gobierno nacional y también se focalizó en el rol que desempeñaron la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero.
“Entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de concierto de quien ejercía entonces el cargo del Presidente de la Nación y, de suyo, el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, escribió Navas Rial. De esa forma, el fiscal dejó en claro que entiende que la Gendarmería no pudo haber sacado 70.000 balas antitumulto en pleno golpe de Estado en un país vecino sin que existiera un visto bueno de Macri.
A Bullrich la imputó por haber autorizado la partida del primer contingente de gendarmes que llevó las municiones, que, en parte, aparecieron en un depósito de la Policía de Bolivia y otra parte estaba en manos de la Fuerza Aérea Boliviana, según la carta de agradecimiento que se halló en la embava un trámite dilatado y que, por tratarse de delitos de lesa humanidad, demandan una respuesta judicial expedita”, escribió De Luca.
Blaquier está por cumplir 94 años y Lemos tiene 78. Los dos lograron esquivar sentarse en el banquillo en el juicio que actualmente se está haciendo en Jujuy por hechos en los que ellos están imputados. Ambos fueron procesados en 2013 por el juez federal Fernando Poviña en dos causas. En un expediente, los procesó por los secuestros ocurridos en los primeros días del golpe, entre los que se cuenta el del exintendente Luis Arédez. En el otro, tienen un procesamiento por su responsabilidad en 26 casos de secuestros, ocurridos durante los apagones nocturnos que se sucedieron entre el 20 y 27 de julio de 1976. La empresa aportó sus vehículos para secuestrar a esas personas. Sin embargo, en 2015, los casadores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos sostuvieron que ellos podrían no haber sabido para qué eran usados. jada. Por haber recibido esa carta, Navas Rial quiere que Álvarez García dé las explicaciones del caso. Lo mismo con Aguad, que puso a disposición de la Gendarmería un Hércules C-130 para llevar a los efectivos, las armas y los pertrechos.
Un capítulo especial de la investigación está centrado en el rol de la Gendarmería, por eso terminó imputado tanto Otero junto con el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. La documentación hallada en esa fuerza sirvió para diferenciar el rol de ambos gendarmes, que fueron puestos en disponibilidad por la ministra de Seguridad Sabina Frederic mientras se sustancia un sumario administrativo:
Yavorski estuvo a cargo de presentar las solicitudes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para sacar las armas y las municiones del país. Inicialmente, el 11 de noviembre de 2019, pidió autorización para llevar 3600 cartuchos antitumulto 12/70. Al día siguiente, cuando ya estaba en el poder la dictadora Jeanine Añez, pidió ampliar el permiso para llevar 70.000 cartuchos. No podía tratarse de un error de cálculos.
Recalde informó el 15 de julio de 2020 que los 70.000 cartuchos se habían usado en entrenamientos. Lo curioso es que los tres contingentes de gendarmes que estuvieron entre noviembre de 2019 y junio de 2020 en Bolivia pertenecían al grupo “Alacrán”, que no utiliza armas antidisturbios, sino que sólo emplean armamento letal. Sería bastante que se hayan ejercitado con armas que no usan. Según le dijo Frederic a este diario, en el ministerio de Seguridad, manejan la información de que los gendarmes jamás efectuaron disparos en Bolivia.
Navas Rial circunscribió los hechos, por el momento, a la figura de contrabando agravado por la cantidad de personas que habrían participado de la maniobra, por su calidad de funcionarios públicos y porque se trata de material bélico el que salió hacia Bolivia. Ni Macri ni sus funcionarios quedaron imputados por malversación de caudales públicos, ni abuso de autoridad ni delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, como habían reclamado en su denuncia Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
Por el momento también quedó fuera de la investigación el excanciller Jorge Faurie, que –como reveló este diario y tal como surge del teléfono de Darío Nieto– estuvo reunido con Macri el día en que partieron los gendarmes y las armas hacia Bolivia. El fiscal tampoco imputó al exjefe de la Anmac Eugenio Cozzi, que autorizó la salida de las municiones y unos días antes flexibilizó las condiciones para hacerlo posible. Sin embargo, Navas Rial, en su dictamen, dejó en claro que la pesquisa podía ampliarse hacia otras personas.
Navas Rial le pidió al juez Javier López Biscayart, que entiende en la causa, que habilite la feria para continuar con la pesquisa durante las dos próximas semanas. El magistrado deberá tomar una decisión a partir del lunes, aunque López Biscayart ya les anunció a sus colaboradores que no se tomará vacaciones en julio. Navas Rial también seguirá en la oficina la próxima semana.
El fiscal, además, le solicitó al juez que unifique la denuncia del gobierno nacional con la que presentó el excamarista Eduardo Freiler, a partir de la información revelada por este diario. Ese expediente está en manos del juez Alejandro Catania. Navas Rial también reclamó información a la administración de Alberto Fernández y pidió recabar información desde Bolivia. La embajada argentina en La Paz, a cargo de Ariel Basteiro, pasó todo el viernes contestando requerimientos judiciales.
La fiscalía de La Paz abrió una investigación por la adquisición ilegal de material antidisturbios y agentes químicos desde la Argentina contra el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara, que ya está detenido. La carta que Terceros Lara le envió el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador Álvarez García, agradeciéndole la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto, fue lo que desató el escándalo de impacto regional.
Esta semana, se encontraron 29.600 balas de goma argentinas en un depósito de la Policía de Bolivia cerca de La Paz. El comandante de esa fuerza, Jhonny Aguilera, le confirmó a PáginaI12 que se trataba de cartuchos argentinos, Por el momento, no se dieron mayores detalles del descubrimiento y se espera que el lunes se hagan los anuncios en una conferencia de prensa. La hipótesis más firme es que las 70.000 balas que salieron el 12 de noviembre de Argentina se hayan repartido entre la FAB y la Policía. En su denuncia, el gobierno asoció la llegada de las armas y las municiones con dos masacres que sucedieron en la semana siguiente, la de Senkata y Sacaba. 21
El fiscal Claudio Navas Rial dio curso a la investigación impulsada por el gobierno nacional. La Policía boliviana mostrará el lunes las municiones argentinas encontradas.
El jefe de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, le confirmó a que ubicaron cerca de La Paz unos 29 mil cartuchos argentinos.