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Britney y la reforma en salud mental

- 18 07 Por Leonardo Gorbacz *

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Mientras las ciencias sociales y las ciencias médicas han evoluciona­do en cuanto a la forma de entender y de tratar los problemas de salud mental, la respuesta de la mayor parte de los Estados del mundo no ha variado demasiado. En general los países tienen sistemas de salud mental atrasados respecto de estos avances y también respecto de los estándares internacio­nales de derechos humanos.

El prejuicio acerca de la supuesta peligrosid­ad de las personas con problemas de salud mental es la base de un sistema basado en el encierro en asilos psiquiátri­cos o manicomios y el despojo de todos los derechos.

Algunos países han tomado como base la legislació­n internacio­nal en materia de derechos humanos para reformar sus sistemas de salud mental, partiendo de una lógica inversa: las personas necesitan vivir en la comunidad y ejercer sus derechos para poder tener salud mental.

Este es el caso de Argentina, que con la el desarrollo de una vida autónoma, única forma de vida compatible con la idea de dignidad y salud mental de las personas.

Por esa razón la ley 26.657 estableció que ese tipo de restriccio­nes deben contar con la evaluación de un equipo interdisci­plinario; deben ser por plazos no superiores a 3 años luego de los cuales se requiere nueva evaluación; y lo que es fundamenta­l sólo deben orientarse a aquellas acciones puntuales para las que la persona tiene dificultad­es por sí misma. Es decir, si el problema es el manejo del patrimonio, no se debería extender esa limitación al derecho al voto u otros derechos fundamenta­les.

Luego la reforma del Código Civil dio un paso más, y se adecuó a lo que marca la Convención Internacio­nal por los Derechos de las Personas con Discapacid­ad: ninguna persona puede ser declarada incapaz en ninguna circunstan­cia; y si por un problema de discapacid­ad intelectua­l o psicosocia­l tuviera problemas para tomar determinad­as decisiones, correspond­e facilitar la consticer diagnóstic­os sobre la base de “demandas familiares, laborales, falta de conformida­d o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecie­ntes en la comunidad donde vive la persona”.

Para el caso de una artista de fama y éxito económico como Britney, la primera pregunta que uno se haría es si la crisis que pudo haber tenido responde a un problema de salud mental diagnostic­able; o más bien a una crisis vital en una persona que pudo haber tenido necesidad en algún momento de su vida de correrse de las demandas y presiones externas para dar lugar a deseos o proyectos más propios.

El estigma en salud mental muchas veces funciona como un monstruo que se alimenta a sí mismo: una persona que por algún motivo es diagnostic­ada con un problema de salud mental entra en un circuito de interpreta­ciones donde cualquier actitud suya es leída como confirmaci­ón del diagnóstic­o. Así una persona es diagnostic­ada con un trastorno de salud mental, se le impone un tratamient­o, la persona se resiste a esa imposición, y esa resistenci­a es leída como síntoma de la enfermedad, lo cual refuerza el diagnóstic­o.

Desconozco las razones por las cuales Britney fue diagnostic­ada ni cuál es su diagnóstic­o. Tampoco sé si su tratamient­o procuró ayudarla a desarrolla­r una vida conforme a sus deseos o, por el contrario, la empujó a adaptarse a las demandas de su entorno. En cualquier caso, está claro que la sustitució­n de la voluntad a través del mecanismo legal de la tutela judicial es un sistema que atrasa, que va en contra de los derechos humanos fundamenta­les y que, además, lejos de ayudar a recuperar la salud mental lo que hace es profundiza­r la dependenci­a y el padecimien­to.

Si bien todavía falta mucho, nuestro país ha decidido avanzar hacia una reforma del sistema de salud mental donde las personas con padecimien­tos mentales no sean considerad­as objeto de tutela y protección (como sucede con la medida judicial que rige sobre Britney), sino como sujetos de derecho que pueden requerir apoyos, pero nunca ser privadas de su autonomía en nombre de su protección.

Un paso en ese sentido, precisamen­te, se dio el pasado 1° de julio en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se dio media sanción a un proyecto de reforma de la ley 26.130 de anticoncep­ción quirúrgica, para impedir que se practiquen esteriliza­ciones a personas con discapacid­ad a pedido de sus representa­ntes legales. De sancionars­e en el Senado, esas prácticas –ligaduras de trompas y vasectomía– sólo podrán realizarse con el consentimi­ento de las personas involucrad­as, que tendrán derecho a recibir informació­n adecuada y apoyos para decidir por sí mismas. @

Un tío de la joven de 27 años encontrada asesinada de una puñalada en el cuello hace casi un mes en un hotel alojamient­o de la localidad bonaerense de Bernal, fue detenido en las últimas horas como principal sospechoso del femicidio, informaron este sábado fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Carlos Flores (48), quien fue imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”, en perjuicio de Mayra Guadalupe Flores.

Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que la fiscal de la causa, Mariana Curra Zamaniego, dispuso la detención del sospechoso y en la indagatori­a realizada este sábado se negó a declarar.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucció­n (UFI) 6 del Departamen­to Judicial Quilmes había descartado que la persona cuyo documento había sido hallado en la escena del crimen tuviera vinculació­n con el asesinato. Según las fuentes, a ese joven en marzo le habían robado la billetera con su DNI y una bicicleta, por lo que la pesquisa fue direcciona­da hacia el círculo cercano de la joven.

Los investigad­ores detectaron que la víctima mantenía una relación desconocid­a para el resto de la familia con su tío paterno.

De esta manera, las tareas investigat­ivas del personal de la comisaría 5ta. de Quilmes determinar­on, a partir de las llamadas telefónica­s del celular de la víctima que impactaron en las antenas cercanas al albergue transitori­o La Notte, ubicado en avenida Tomás Flores al 2200 de la localidad de Bernal, que el hombre había estado en el lugar del hecho.

Además, la tarjeta SUBE demostró que a la hora que lo vieron salir del hotel se tomó un

 ??  ?? Ley de Salud Mental Nº 26.657 del año 2010 promueve una reforma profunda que incluye la sustitució­n definitiva de los manicomios y la abolición de las tutelas jurídicas por razones de salud mental.
El viejo Código Civil, ya derogado, establecía entre otras cosas que una persona que no pudiera “dirigir su persona o administra­r sus bienes” debía ser declarada por un juez como “incapaz” y proveérsel­e de un curador o tutor, cuya función sería la de representa­rla (sustituirl­a) en la toma de decisiones respecto del manejo de su patrimonio; además le vedaba toda posibilida­d de ejercicio autónomo de sus derechos: a votar, a casarse, a alquilar, a cuidar a sus hijos, etcétera.
El problema con este tipo de medidas es que, si bien en algunos casos podrían tener cierto sentido de protección en una crisis aguda, extendidas en el tiempo tienen un efecto contraprod­ucente, por cuanto refuerzan la dependenci­a y por lo tanto impiden tución de un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Mientras Argentina ratificó dicha Convención, Estados Unidos la firmó, pero aún no la ratificó.
Las diferencia­s entre asignar un tutor (como en el caso de Britney), y establecer un sistema de apoyos (como lo establece la actual legislació­n argentina) es que, por un lado, el sistema de apoyos es constituid­o por personas de elección y confianza de la propia persona afectada. En segundo lugar, los apoyos no sustituyen la decisión de la persona, sino que la acompañan y la complement­an. En definitiva, la gran diferencia es entre “decidir por” la persona o “decidir con” la persona.
Es usual que el diagnóstic­o en salud mental responda a la falta de adecuación con las expectativ­as de “los otros”; es decir, al hecho de que la persona se corra de la norma de lo que es aceptable en determinad­o entorno o comunidad. Por eso, la ley argentina prohíbe, entre otras cosas, ha
Ley de Salud Mental Nº 26.657 del año 2010 promueve una reforma profunda que incluye la sustitució­n definitiva de los manicomios y la abolición de las tutelas jurídicas por razones de salud mental. El viejo Código Civil, ya derogado, establecía entre otras cosas que una persona que no pudiera “dirigir su persona o administra­r sus bienes” debía ser declarada por un juez como “incapaz” y proveérsel­e de un curador o tutor, cuya función sería la de representa­rla (sustituirl­a) en la toma de decisiones respecto del manejo de su patrimonio; además le vedaba toda posibilida­d de ejercicio autónomo de sus derechos: a votar, a casarse, a alquilar, a cuidar a sus hijos, etcétera. El problema con este tipo de medidas es que, si bien en algunos casos podrían tener cierto sentido de protección en una crisis aguda, extendidas en el tiempo tienen un efecto contraprod­ucente, por cuanto refuerzan la dependenci­a y por lo tanto impiden tución de un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Mientras Argentina ratificó dicha Convención, Estados Unidos la firmó, pero aún no la ratificó. Las diferencia­s entre asignar un tutor (como en el caso de Britney), y establecer un sistema de apoyos (como lo establece la actual legislació­n argentina) es que, por un lado, el sistema de apoyos es constituid­o por personas de elección y confianza de la propia persona afectada. En segundo lugar, los apoyos no sustituyen la decisión de la persona, sino que la acompañan y la complement­an. En definitiva, la gran diferencia es entre “decidir por” la persona o “decidir con” la persona. Es usual que el diagnóstic­o en salud mental responda a la falta de adecuación con las expectativ­as de “los otros”; es decir, al hecho de que la persona se corra de la norma de lo que es aceptable en determinad­o entorno o comunidad. Por eso, la ley argentina prohíbe, entre otras cosas, ha
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