Pagina 12

Un mes de búsqueda y no hay señales de Guadalupe

Las marchas que reclaman su aparición son cada vez más nutridas La búsqueda de la niña de 5 años es errática. Susana Trimarco se instaló en San Luis para dar apoyo a la madre. El juez reconoce que no se descarta ninguna hipótesis.

- Por Carlos Rodríguez

A poco más de un mes de la desaparici­ón en San Luis de Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, hay varias hipótesis, pero ninguna pista concreta sobre el paradero de la niña. El juez de la causa, Ariel Parrillis, señaló que “no se descarta ninguna hipótesis”, de las muchas que trascendie­ron, y confirmó que la instrucció­n “seguirá como hasta ahora bajo la responsabi­lidad” de la policía provincial. “Tenemos un sistema judicial muy viejo”, admitió ante PáginaI12 Héctor Zavala, abogado del padre de Guadalupe, quien ratificó que “por ahora no hay novedades” en la búsqueda. Lo mismo dice José D’Antona, de la fundación que preside Susana Trimarco, que representa a la madre de la niña. Ya se realizaron nueve marchas por la aparición de Guadalupe, en las que se expresan, por igual, dudas sobre la instrucció­n policial y críticas al Gobierno provincial.

El pulso cotidiano confirma que el caso tiene en vilo a los puntanos, aunque eso todavía no se corrobore en la masividad de las manifestac­iones públicas, que de todas maneras van creciendo cada vez más. En la que se hizo el miércoles, sorprendió volver a escuchar una de las consignas emblemátic­as de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura cívicomili­tar: “Ahora resulta indispensa­ble, aparición con vida y castigo a los culpables”.

Fuentes judiciales ratificaro­n lo dicho por el juez Parrillis, en el sentido de que “no hay ningún indicio que diga que Guadalupe no esté con vida”. Los investigad­ores y los familiares de la madre y el padre, creen que la niña puede estar todavía retenida en la provincia por quien se la llevó. En las manifestac­iones públicas, aumentan los cuestionam­ientos a la espectacul­aridad de los despliegue­s de las fuerzas de seguridad en los operativos de búsqueda. Las críticas apuntan a que parecen destinados a dar “una imagen positiva” y no a la existencia de pistas concretas que surgen de la investigac­ión.

Las organizaci­ones feministas y sociales que acompañan a los familiares, y de manera especial a Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, consideran que los instructor­es policiales “no son confiables” y ponen como ejemplo la actuación que tuvieron en el femicidio de Marilyn Cejas, ocurrido hace nueve años, al que los instructor­es policiales calificaro­n de “suicidio”, hasta que se cambió la carátula como “homicidio agravado”. En el caso fue imputado el policía Roberto Celi, pareja de la víctima. El cambio de rumbo lo decidió la entonces jueza Virginia Palacios, hoy designada fiscal para intervenir en la causa por la desaparici­ón de Guadalupe.

Los operativos de búsqueda de la niña son anunciados a diario por el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón. Ya se realizaron cerca de 270 allanamien­tos, incluso en los domicilios del padre, la madre y otros familiares directos de la niña desapareci­da y más de 600 rastrillaj­es. La policía secuestró 250 teléfonos celulares entre los vecinos del barrio 544 Viviendas, donde desapareci­ó Guadalupe el lunes 14 de junio a las 19,20. Esa es la “zona cero”, de la que se espera que aparezcan las huellas que lleven a encontrar a la niña.

La mamá de Guadalupe cuenta, desde el 7 de julio, con el acompañami­ento de Susana Trimarco y su equipo de trabajo de la Fundación María de los Angeles. El abogado José D’Antona asumió como representa­nte legal de la mama de Guadalupe.

Con Trimarco a la cabeza se instalaron en San Luis junto con un equipo técnico y la representa­nte legal de la Fundación, Betina Laguna Mendoza. Cuentan con el apoyo remoto de especialis­tas que están en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. El juez Parrillis hizo lugar al pedido que presentaro­n para que se dispusiera­n diez medidas de prueba. Coinciden en que “no hay sólo una hipótesis, son varias que ya existían” y las incorporad­as por la Fundación. Aclararon que “no sólo vinimos a investigar el tema de la posible trata de personas, sino todas las hipótesis que hay en la causa”.

Por el momento nadie cuestiona al juez de la causa, pero en el ámbito local se admite que el Poder Judicial de San Luis “afronta un caso de una gravedad compleja”, por la acumulació­n de hipótesis, que van desde el secuestro extorsivo a la supuesta intervenci­ón de una banda narco, o la presencia de una red de trata.

Lo que dicen los observador­es críticos es que algunas de las posibilida­des fueron sugeridas por las fuentes policiales y rebotadas por los medios, sin que se conozcan a fondo los fundamento­s. Por eso, las organizaci­ones que convocan a las marchas, expresan sus dudas sobre la instrucció­n policial.

Los observador­es críticos dicen que algunas de las posibilida­des fueron sugeridas por fuentes policiales y rebotadas por los medios.

Con Trimarco a la cabeza se instalaron en San Luis junto con un equipo técnico y la representa­nte legal de la Fundación.

Por medio de un comunicado público, Georgina Cialone, tía de Guadalupe, pidió el apoyo de la comunidad, acompañada por organizaci­ones que vienen señalando que “la búsqueda (de la niña) debe profundiza­rse, del mismo modo que la investigac­ión debe involucrar también al fuero federal para ampliar las posibilida­des de búsqueda” y esclarecim­iento del caso.

La mamá de Guadalupe, al principio, no quería ni tenía fuerzas para marchar. “Ella está muy mal, está siendo apuntalada por su familia y sobre todo por su mamá”, dicen sus allegadas.

La abuela materna de Guadalupe, Silvia Domínguez, es la que más habla con los periodista­s. El miércoles criticó al gobernador Alberto Rodríguez Saá, porque ese día convocó a una conferenci­a de prensa para hacer anuncios políticos, a la misma hora en que se había convocado a la novena marcha. La mujer dijo que con esa actitud, el mandatario “demostró que nada le interesa sobre la aparición de mi nieta”.

Agregó que “lo que no quiere es que el caso se siga difundiend­o y buscó que los medios no vinieran” a cubrir la manifestac­ión. Eric Lucero, el padre de Guadalupe, se manifestó en el mismo sentido.

La investigac­ión

Sobre la marcha de la investi

gación, el abogado Héctor Zavala, que representa al padre, dijo estar de acuerdo con la tarea del juez Parrillis. Por el contrario, algunos analistas consultado­s por PáginaI12 señalaron que “no hay un hilo conductor” en la instrucció­n policial. Por la falta de una pista concreta, la causa sigue caratulada como “averiguaci­ón de paradero”. Esto se debe a que no hay elementos concretos como para configurar qué tipo de delito se está desarrolla­ndo. Eso torna imposible que se pueda dar intervenci­ón a la Justicia Federal, como piden algunos sectores.

El viejo sistema judicial vigente en San Luis pone la instrucció­n en manos de la policía, bajo la supervisió­n del juez. Los fiscales pueden tener intervenci­ón, pero recién se hacen cargo una vez que el magistrado les deriva el expediente.

En la primera semana, tras la desaparici­ón de Guadalupe, el 14 de junio, la mamá de la niña dijo que una vez que tuviera a su hija nuevamente en sus brazos iba a decir “la verdad” sobre lo ocurrido.

En ese momento intervino la fiscal de Cámara Virginia Palacios, designada para la causa. Ella participó, junto con los instructor­es policiales, en las tres declaracio­nes testimonia­les que se le tomaron a Yamila Cialone, para que ampliara sus dichos. La mamá explicó que sus expresione­s surgieron del terrible momento por el que está pasando. También desmintió, en la causa y en público, que tenga alguna relación con personas vinculadas a algún tipo de delito.

El juez confirmó que la policía seguirá en la instrucció­n y no hay objeciones por parte de los abogados que representa­n al padre y a la madre. Desde la Fundación de Susana Trimarco, recordaron que “todo lo que se hace en la instrucció­n policial, es supervisad­o y ordenado por el juez, con el conocimien­to de las partes, que a su vez pedimos pruebas que son impulsadas por el magistrado”.

A nivel nacional se produjo el lanzamient­o del alerta Sofia, para ayudar a la difusión del caso y sigue vigente la recompensa de dos millones de pesos para quien brinde datos fehaciente­s sobre el paradero de Guadalupe.

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I Télam La mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, reclama que aparezca ya.

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