Tensión en el acampe de la 31
Ordenaron desalojar a alrededor de 100 familias
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Impedidas de seguir pagando altos alquileres, unas cien familias –la mayoría a cargo de mujeres– con niños mantienen una toma en un sector de la Villa 31 conocido como La Containera. La fiscalía Nº 11 de la Ciudad, a cargo de Valeria Massaglia, les notificó el viernes de una orden de desalojo que se haría efectiva en 72 horas hábiles. El lunes a la mañana, cuando se cumplía ese plazo, la Policía de la Ciudad movilizó efectivos, que se apostaron junto a la ocupación, con refuerzos sobre la entrada del barrio.
El alquiler de una pieza en la villa de Retiro pasó a costar hasta 20 mil pesos por mes, aseguró a PáginaI12 Mónica Zárate, referenta del Movimiento Popular La Dignidad y vecina del barrio Mugica. “Por eso hay tantas familias que no pudieron seguir pagando y están en la calle”, añadió. La suba en los precios afectó especialmen
“Con un subsidio en dos meses estamos en la calle. Lo que queremos es una vivienda y pagarla en cuotas. Necesitamos una solución de fondo”.
te a inquilinas mujeres, con niños a cargo y sin otro ingreso que el propio. Por la crisis económica vinculada la pandemia, muchas perdieron las changas con las que llegaban a fin de mes.
La toma fue instalada el 30 de junio, en una franja de terreno que venía siendo usado como basural, que las mujeres limpiaron y sobre el que las armaron carpas muy precarias, con tablas y bolsas de nylon. Debido al frío y la situación de intemperie, contaron a PáginaI12, parte de los chicos se enfermaron. Y desde que iniciaron el acampe la ayuda alimentaria que recibían del Gobierno de la Ciudad les fue reducida drásticamente.
Durante el fin de semana, tras recibir la orden de desalojo, decidieron escribirle una carta al gobierno porteño y el nacional. “Muchas de nosotras venimos atravesando situaciones de violencia de género, lo que nos llevó a tomar estas tierras para tener un lugar donde vivir”, señalaron en el texto dirigido al Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, al Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat así como a las áreas porteñas de Hábitat y Mujer y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Todas vivimos y nos mantenemos con trabajos precarios, independientes o por hora, e incluso muchas estamos desempleadas. La no disponibilidad de alquileres dentro del barrio para mujeres con niños y sus elevados costos nos dejan en una situación de abandono por parte del Estado y de todos los organismos a quienes les corresponde subsanar nuestras necesidades”.
Con la difusión de la carta, llamaron a una reunión de solidaridad para este lunes, junto al acampe. La convocatoria consiguió una buena respuesta y al mediodía, apoyados por militantes y diputados porteños hicieron una asamblea.
“Este no es un problema sólo del barrio Padre Mugica, sino de todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde los inquilinos quedan afuera de los planes de vivienda”, sostuvo en el encuentro Marina Joski, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Walter Larrea, docente del Polo Educativo Mugica, agregó que el conflicto surgió “porque Horacio Rodríguez Larreta viene haciendo las cosas mal: la ley de urbanización (de la Villa 31 y 31 bis) dispuso la construcción de 3500 viviendas para relocalizaciones, pero solamente construyeron mil y no van a construir más. Eso denota que el gobierno porteño no tiene el deseo real de hacer una urbanización que radique definitivamente a los vecinos. La sospecha es que busca introducir al mercado inmobiliario en la villa”.
También estuvieron en la reunión Mercedes Mendieta y Amanda Martin, legisladoras porteñas del FIT, junto a la ex diputada porteña Alejandrina Barry.
Las vecinas que tomaron la palabra señalaron que los enviados del gobierno porteño sólo les ofrecieron, en algunos casos, un subsidio habitacional para buscar otro alquiler. “Un subsidio no resuelve nuestra situación”, señaló Andrea (el apellido se reserva a su pedido), una de las protagonistas de la toma. “Con un subsidio en dos meses estamos en la calle, de nuevo. Lo que queremos es una vivienda y pagarla en cuotas. Necesitamos que la solución sea de fondo, por nuestros hijos”.
La situación de los inquilinos de la 31 se agravó en momentos en que la Ciudad avanza con un nuevo protocolo de regularización dominial rechazado por la Mesa de Urbanización Participativa del barrio. Los vecinos denuncian que el Gobierno porteño aprobó un modelo de certificado de dominio que permitirá a quienes lo reciban transferirlo automáticamente. Esto habilitará a las inmobiliarias a vender las viviendas sin restricciones, con lo que el mercado terminará ocupándose de desplazar, mediante la presión económica, a quienes vienen resistiendo desde hace décadas su relocalización. @“
Obra abandonada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dice en aerosol, sobre una chapa improvisada, el cartel que destaca en el frente de lo que debería ser la nueva sede de la Escuela de Danzas N°2 de Villa Luro, ubicada en la esquina de Marature y Lope de Vega. Al cartel lo pintaron miembros de la comunidad educativa de la institución, que desde hace más de once años reclaman que el Ejecutivo porteño cumpla la ley: en 2009 la Legislatura aprobó la privatización de terrenos de Catalinas Norte y en esa misma norma se dejó sentado que el dinero de la venta debía ser destinado a la construcción de edificios escolares, entre los que se encontraba la nueva sede del Danzas 2, que al día de hoy comparte provisoriamente edificio en la sede de la Escuela de Cerámica Fernando Arranz, a una cuadra de la obra inconclusa. En 2019, tras una acción judicial impulsada por padres y madres de los estudiantes, la Justicia porteña ordenó terminar la obra, tras constatar en la sede compartida el “inminente estado de riesgo debido a la deficiencia de la infraestructura edilicia”. Pero el gobierno frenó la construcción ese mismo año y legisladores del Frente de Todos presentaron un pedido de informe sobre el estado de las obras.
“Tomando en consideración el resultado de la última inspección ocular realizada por el Juzgado, se aprecia el cumplimiento parcial y extemporáneo de lo dispuesto por la Ley N° 3232, correspondiendo ordenar al GCBA que arbitre las medidas necesarias para la finalización de las obras”, sentenciaba en mayo de 2019 Elena Liberatori, jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Hasta ese momento, el Ejecutivo había certificado un avance del 30 por ciento en las obras iniciadas en junio de 2017, es decir, casi ocho años después de la aprobación de la Ley 3232, norma que autorizó la venta de tres predios de Catalinas Norte por un total de 386 millones de pesos.
Son mayormente mujeres con niños. La toma comenzó el 30 de junio, en un terreno usado como basural, que limpiaron para instalar las carpas.
Una enorme estructura abandonada
En el fallo también se lee que la fecha de finalización prevista por el Gobierno era el 14 de junio de 2019, pero a mediados de ese mismo año el Ejecutivo rescindió el contrato con Covca S.A., empresa que había sido adjudicada para realizar las obras, por “incumplimientos contractuales”. Al día de hoy, en la esquina de Murature y Lope de Vega no se observa más que una enorme estructura abandonada: el mismo año del fallo judicial, la obra dejó de avanzar.
“En 2015 éramos parte de la cooperadora del colegio con otros padres y recuerdo que un día se inun