Patricia Bullrich acusada de espiar
La Cámara Criminal reabrió una causa para que siga la investigación por seguimiento ilegal de la lideresa mapuche Moira Millán
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La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso que siga abierta una causa contra la exministra Patricia Bullrich y otros funcionarios macristas por realizar espionaje ilegal sobre la weychafe (mujer guerrera) Moira Millán. La decisión de la Cámara, que revocó el archivo dispuesto por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, fue celebrada por Millán. “Esta causa presenta una oportunidad histórica para sentar en el banquillo de los acusados y juzgar y condenar como símbolo de justicia, a una persona cuyo apellido forma parte de una estirpe sanguinaria, esclavista y cruel. Es como si una esclava llevara a los tribunales al esclavista. Esta familia históricamente ha sido opresora y persecutora del Pueblo Mapuche. Siglos de hostigamiento y genocidio contra un pueblo que jamás ha perdido la dignidad y el coraje”, afirmó.
Este trámite se deriva de la denuncia que a principios de 2019 presentó la APDH en contra de Bullrich y que también alcanza al ahora exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane; al exjefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Noceti, y al exsecretario de Seguridad, Gerardo Milman.
En esa causa se investiga la presunta existencia de un plan criminal dirigido por funcionarios del gobierno a cargo de Mauricio Macri contra comunidades del Pueblo Nación Mapuche en la Patagonia, en el marco de los conflictos territoriales que mantienen con grandes empresarios, en cuyo marco murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Millán se presentó como querellante, señalando que había sido directamente afectada por las acciones de inteligencia dispuestas por Bullrich y compañía. La Fiscalía acordó investigar si hubo tareas de inteligencia ilegal y consideró que estos hechos tenían conexidad con los denunciados por la APDH, pero la jueza Capuchetti dispuso primero su tramite por separado y luego archivó la investigación.
Entre otras afirmaciones, sostuvo que no se probó que los mensa
jes intimidatorios tuvieran vinculación con actividad del Ministerio de Seguridad. Y sobre las demoras que Millán sufrió en aeropuertos, entendió que las pruebas incorporadas “han brindado elementos para descartar” que “respondan a la realización de posibles actividades de inteligencia vedadas por la normativa vigente”.
La decisión de Capuchetti fue apelada por los abogados de Millán, Marcos Aldazábal y Pablo
Vicente, quienes resaltaron que si bien se estaba en “una etapa incipiente de la investigación, las pocas medidas de prueba dispuestas por la magistrada apuntan en la dirección señalada por esta parte y acrecientan nuestra convicción de que el informe “R.A.M.” y la actividad de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) fueron producto y dieron lugar a tareas de inteligencia ilegal”.
La querella y el fiscal Franco Picardi, que también apeló el archivo, afirmaron que la jueza hizo un análisis “sesgado” de las pruebas reunidas, y aseguraron que fue una decisión prematura porque aún queda prueba por producir. El 15 de julio pasado, la Cámara Federal les dió la razón.
“Los elementos colectados no alcanzan a despejar las hipótesis denunciadas”, señalaron los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Añadieron que
“Los pueblos indígenas podemos hacer valer nuestros derechos y de castigar a quienes los violan”. Moira Millán
“parece conducente” a este objetivo “conocer los antecedentes tenidos en cuenta para la elaboración del informe R.A.M. 2017” e incluso “constatar las alegadas demoras que se habrían verificado en los aeródromos, y ahondar en torno a las amenazas y presuntos seguimientos de los que habría sido objeto la denunciante”. Y recomendaron a la jueza “encaminar la investigación en los términos aquí indicados, y examinar la procedencia de otras diligencias que fueran peticionadas por los recurrentes”.
Millán consideró que la continuidad de la investigación “plantea un nuevo paradigma” en el que como pueblos indígenas “nos sentimos en capacidad de hacer valer nuestros derechos y de castigar a quienes los violan, no importa su procedencia ni su estatus social y político”. En ese sentido dijo que su expectativa no está depositada en el aparato judicial, sino “sobre la multiplicación de voluntades y con coraje que se sientan con derecho a demandar, querellar y judicializar por sus crímenes a quienes han obrado durante siglos de manera impune desde el sitial del poder. Como mujer mapuche activista siento que ya es un derecho ganado el derecho de llevar ante un tribunal a Patricia Bullrich, más allá de que hubiera o no un fallo condenatorio”.
La querella de Millán se centró en un informe realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro y Neuquén sobre supuestas actividades de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), publicado en diciembre de 2017, y en un power point que también habría sido elaborado por la cartera de Seguridad nacional.