Protesta de miles de colombianos
Duque dio su discurso anual en el Congreso y ordenó un despliegue masivo de policías para garantizar el control de Bogotá.
Miles de personas volvieron a protestar este martes en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque en el mismo día en que se instaló una nueva legislatura en el Congreso. Hasta allí, el Comité Nacional del Paro llevó diez proyectos de reforma para dar respuesta a la “grave crisis social” que atraviesa el país. Jóvenes y organizaciones sociales se congregaron en los principales parques y plazas de sus ciudades con batucadas, banderas y pancartas en un día que también coincidió con el Día de la Independencia de Colombia.
Los manifestantes tienen reclamos variados que incluyen una reforma policial y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que elevó la pobreza del 37 por ciento al 42 por ciento de la población colombiana. El presidente Iván Duque dio su discurso anual en el Congreso reconociendo que el país tiene una “deuda histórica” con los más pobres, y desplegó a miles de policías para garantizar el control de Bogotá, la capital del país.
El Comité Nacional del Paro, principal convocante de las manifestaciones que vivió el país desde el 28 de abril y se extendieron durante dos meses, anunció que retomaba las movilizaciones este martes “para exigir del gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.
Miles de personas se dieron cita en distintos puntos de Bogotá y marcharon con cánticos, bailes y banderas de Colombia al revés hacia la central Plaza de Bolívar, pero la fuerza pública cerró el paso al Congreso y la sede presidencial. El Comité del Paro programó además una gran manifestación que se concentró desde las diez de la mañana en el Parque Nacional de Bogotá, donde además tocó la banda de rock Aterciopelados.
Los manifestantes también salieron a la calle en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, y en barrios como Siloé levantaron banderas para exigir el respeto por los derechos humanos, la vida y la dignidad de los colombianos. En Popayán, capital del convulso departamento del Cauca, se reunió un grupo de manifestantes indígenas que al ritmo de la chirimía, un instrumento de viento similar al oboe, gritaba “¡Revolución, vamos a luchar!”, mientras pedía protección para sus territorios y seguridad para los líderes sociales.
La música también marcó las movilizaciones en la ciudad de Medellín, donde miles de personas se concentraron para apoyar el paro nacional mientras los jóvenes de la denominada “primera línea”, que suelen hacerle frente a la fuerza pública, le cantaban a la policía: “Las balas que disparaste van a volver”.
Pero el Comité del Paro no solo se hizo presente en las calles de Colombia. Tras el fracaso del diálogo con el gobierno durante las masivas protestas de los últimos meses, le entregó este martes al Congreso diez iniciativas legislativas respaldadas por lo que llaman en Colombia la “bancada alternativa”, compuesta por la oposición de izquierda y centroizquierda.
Con ese fin plantearon una renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, gratuidad universal de la educación superior pública, fortalecimiento de la red pública de salud, apoyo para la reactivación económica de las pymes y el sector agropecuario y acciones contra la violencia de género, entre otras propuestas. El Comité de Paro le pidió además al gobierno “garantías de seguridad” para los manifestantes.
El gobierno de Duque también aprovechó estos 35 días de “tregua” para buscar retomar la iniciativa política en el país: anunció la entrada al Congreso de dos proyectos caros a sus objetivos, una ley antivandalismo y una nueva reforma tributaria. Los ministerios de Justicia, Interior y Defensa trabajaron en la primera de las iniciativas sobre tres ejes: determinar nuevos tipos penales para delitos, endurecer las penas y diferenciar la acción contra el vandalismo de la protección a la manifestación pacífica.
En cuanto a la reforma tributaria, fue justamente una iniciativa al respecto la que disparó el inicio del paro, y aunque el gobierno luego la retiró del Congreso, el pliego de demandas sociales ya había cambiado y las movilizaciones se volvieron cotidianas, en gran medida por la represión de las fuerzas policiales.
Ahora el gobierno de Duque presentó un nuevo texto, que llamó Proyecto de Inversión Social, que faculta al mandatario a fusionar sectores del Estado y eliminar otros, y planea recaudar 3900 millones de dólares. En esta versión el gobierno renunció a los puntos más polémicos de la propuesta inicial, como aumentar el IVA de algunos productos y la base de colombianos que pagan el impuesto a la renta.
A un año de entregar el poder y con una impopularidad del 76 por ciento, Duque inauguró la nueva legislatura este martes por la mañana. “Las voces en las calles las escuchamos y deben nutrir los debates, pero ustedes están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación”, expresó Duque al Congreso durante la ceremonia de instalación.
“Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo”, aseguró el mandatario de derecha.
Las movilizaciones del martes transcurrieron de manera pacífica aunque en un clima enrarecido por denuncias del gobierno sobre infiltración de grupos armados, una fórmula a la que Duque suele recurrir cada vez que se convocan nuevas protestas. Más de 60 personas murieron y miles resultaron heridas desde el estallido de las protestas el 28 de abril, según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles.
Mientras tanto, con una conferencia de prensa desde la Ciudad de Buenos Aires, la Misión de
“El Estado colombiano consideró como enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia represiva.”
Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos que integraron representantes de varias organizaciones argentinas presentó ayer el informe final de su viaje a Colombia. En él destacaron que el Estado colombiano consideró “como enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia represiva propia de una confrontación bélica”.