Críticas al nuevo plan privatizador
El debate por el barrio de lujo en la Costanera Sur
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La Legislatura porteña inició este jueves el tratamiento del convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA para construir un barrio de torres de lujo en la Costanera Sur. En reunión informativa de comisiones, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano insistieron en presentar el proyecto como una “recuperación de tierras” gracias a la “cesión” privada, como ya lo habían hecho con la venta de los predios de Costa Salguero. En tanto, desde la oposición cuestionaron varios puntos de lo que consideran una “nueva privatización del acceso al río”: denunciaron que el porcentaje de los terrenos “cedidos” para un parque verde es menor al que se publicita y advirtieron sobre la posibilidad de que las calles internas del barrio estén cerradas al acceso público.
El acuerdo entre IRSA y el GCBA fue anunciado durante la segunda semana de julio. El pasado lunes se firmó el convenio formal, el martes ingresó a la Legislatura y este jueves ya se realizó la primera reunión informativa. Mientras se desarrollaba el plenario de comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, a las casillas de correo de los legisladores llegaba la citación para una nueva reunión el próximo lunes, donde el oficialismo buscará dar dictamen al proyecto. “Es una cargada, mientras están informando nos convocan para el lunes. Saben que la opinión pública está en contra y lo tratan de hacer a las apuradas”, advirtió durante la reunión Matías Barroetaveña, legislador del Frente de Todos (FdT).
Antes de iniciar el plenario, se leyeron 16 correos electrónicos enviados por organizaciones sociales y vecinos de la ciudad: todos ellos estaban en contra del proyecto. “Vamos en camino a que se construya la segunda audiencia pública más grande de la historia de la ciudad”, dijo Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT y de la Comisión de Planeamiento, en referencia a la masiva audiencia realizada en el marco de la discusión de la privatización de Costa Salguero.
La reunión informativa fue encabezada por el secretario de desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, que presentó el convenio con una serie de filminas. “Gracias a herramientas de gestión de políticas públicas podemos recuperar más de 50 hectáreas para el disfrute de los vecinos de la ciudad”, inició García Resta, en relación al 67,5 por ciento del predio de 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors que, a cambio de poder construir torres de hasta 145 metros de alto, IRSA “cederá” al GCBA. En palabras del propio funcionario, se trata de “la parcela privada más grande de la ciudad”.
El cuestionamiento a la composición del porcentaje “cedido” fue uno de los ejes en que se centraron las intervenciones de la oposición. Como advirtió este diario, los legisladores mencionaron que el porcentaje del total del terreno que el convenio establece para “Urbanización Parque”, figura con que el Código Urbanístico define a los parques públicos, es solo del 36,7 por ciento, poco más de la mitad del publicitado 67,5. El resto de lo “cedido” estará compuesto de calles o peatonales y por “bañados y/o espejos de agua existentes de uso público”, es decir, el río que ya llega a las costas del predio o que IRSA podría hacer llegar a los terrenos de forma artificial. “Será una laguna interior al mejor estilo Nordelta, para usos comerciales o de deportes acuáticos”, señaló Andrade.
También Andrade advirtió sobre otra inquietud que genera el proyecto: la posibilidad de que las calles internas estén cerradas al acceso público. Es que el convenio que debate la Legislatura establece que la parcela urbanística será dada de alta en base a la última actualización de la Ley de Catastro, cuestionada por la oposición por tener artículos tendientes a habilitar los barrios cerrados en la ciudad, como el reemplazo de la figura “calle” por
“vía pública”.
“Los condicionantes que antes aplicaban a las calles en general ahora aplican solo a la vía pública. Con esta diferenciación que hace el proyecto podrían existir calles que no fueran de dominio público sino del dominio privado”, había explicado Andrade entonces, y ahora sostuvo que el convenio, al incluirse en los lineamientos de la nueva normativa, “contempla que puede haber vías que no sean públicas, dar de alta la parcela y construir vías internas del emprendimiento”.
En tanto, Barroetaveña coincidió en que “si va a haber calles privadas, estamos hablando de barrio cerrado, llámenlo como quieran, pero no se va a poder circular ahí”. Además, el legislador consideró que el convenio es “inconstitucional”: “La Constitución de la Ciudad en su articulo 8 es clara al hablar del acceso público de la costanera”, dijo. A la hora de las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores, Nicolás Pakgojz, jefe de Gabinete de la Secretaría, aseguró que “no va a ser barrio cerrado, todas las calles que se abran serán de dominio público”.
En las intervenciones de la oposición también se mencionó la falta de estudios sobre el impacto que la construcción de las torres podría tener en la zona, tanto en la aledaña Reserva Ecológica como en el vecino Barrio Rodrigo Bueno. “Se habla de rellenos del río y de aperturas de canales de agua en el predio, ¿han tenido en cuenta el impacto ambiental?”, se preguntó Andrade, mientras que Barroetaveña agregó que “no hay ningún plan de integración con el Barrio Rodrigo Bueno”. @
Durante la pandemia, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 por ciento en la provincia de Buenos Aires, pero eso no se vio reflejado en una disminución de la detención de personas. Los detenidos pasaron de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas menos (1 por ciento). Hubo 1.958 personas menos alojadas en cárceles y alcaidías, pero 587 más en comisarías y 676 más con monitoreo electrónico.
Los datos surgen del Informe Anual 2021 presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. Si bien se destaca la intención política del Ministerio de Justicia bonaerense de modificar la tendencia punitivista de la gestión de Cambiemos, se afirma que ese objetivo no tuvo el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni. Eso hizo que se mantenga estable la sobrepoblación extrema, con una cifra estable.
Por otra parte, se señala en el informe que durante 2019 murieron 148 personas en cárceles y alcaidías, mientras que fueron 178 los casos de fallecimiento en 2020. De ese total, 29 fueron por covid-19. Esto implica un promedio de 15 fallecidos por mes, a razón de una muerte cada dos días. Del total, 170 eran varones, siete mujeres y una persona trans.
Este décimoquinto informe anual de la CPM está signado por el contexto global de la pandemia que “obligó a redefinir prioridades y reorientar la política a las exigencias de enfrentar las consecuencias (...) tanto en términos de la salud de la población como del resto de las dimensiones que configuran las condiciones de vida”.
La pandemia llegó a los lugares de encierro “con un sistema colapsado y en plena crisis, luego de cuatro años de gestión de Cambiemos durante los cuales hubo un crecimiento sostenido de la población detenida, unidades superpobladas y hacinadas, un sistema de salud penitenciaria deteriorado y sin posibilidades de brindar una asistencia elemental”.
En este informe, el organismo asume su condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El trabajo fue puesto a disposición de los tres poderes como un aporte para que “se garantice y respete los derechos humanos”.
Ante esa extrema situación, la actual gestión de gobierno en los primeros meses asumió la tarea de “descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento”. Eso posibilitó “un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década”. Sin embargo, esas decisiones no tuvieron eco en el Poder Judicial “ni en las políticas del Ministerio de Seguridad” porque “a pesar del descenso de los delitos, aumen
El megaproyecto inmobiliario acordado entre el gobierno porteño e IRSA fue defendido por funcionarios porteños en la Legislatura.
“Saben que la opinión pública está en contra y lo tratan de hacer a las apuradas”, advirtió durante la reunión Matías Barroetaveña.