Scapolán, apartado como fiscal
llamadas habrían provenido de un número con característica de Buenos Aires y las habría realizado una voz femenina.
Ariel Máximo “Viejo” Cantero fue imputado este miércoles como uno de los cuatro líderes de una presunta asociación ilícita acusada de haber tiroteado dos escuelas durante las elecciones legislativas nacionales, el 14 de noviembre pasado. También fueron señalados por extorsiones, encubrimiento, tenencia ilegítima de arma de fuego, intimidación pública y reventa de entradas de partidos de Rosario Central.
El fiscal precisó que Ariel “Viejo” Cantero fue señalado como jefe de la presunta asociación ilícita, conducción que compartía con su pareja, Rosa Montero, con Nelson “Pandu” Aguirre, condenado por asesinato, y con otra persona identificada como Marcos Vera. El resto de la banda fue acusada como integrante de la organización y, en cada caso, por diversos ilícitos. También fue imputada la expareja del Viejo Patricia Celestina Contreras, madre de Claudio “Pájaro” Cantero –asesinado en 2013– y de Guille Cantero, sentenciado en ocho condenas a penas por más de 100 años.
Tras conocerse que los fiscales del caso fueron amenazados de muerte mediante una llamada telefónica recibida en la central de emergencias 911, la audiencia se realizó bajo un importante operativo de seguridad para el traslado de los 22 acusados desde la Unidad Penitenciaria donde están alojados hasta el Centro de Justicia Penal, del que participaron cerca de 100 efectivos. ◢
El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien había sido procesado en octubre del año pasado acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes, fue apartado preventivamente de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense.
Scapolán, quien ya había sido licenciado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense ante la gravedad institucional de los delitos que se le atribuían, fue apartado luego de una votación en el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, que tuvo 9 votos a favor del apartamiento y 2 en contra de esa sanción, con lo que ahora el fiscal quedó más cerca de una eventual detención.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.
En 2019 se abrió competencia en el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte
Grand, efectuó la acusación pero la pandemia evitó que se avanzara en el proceso. Ahora, el Tribunal debatió sobre el apartamiento preventivo del fiscal y resolvió hacer lugar a esa sanción.
El fiscal apartado está acusado de presunta asociación ilícita y mal desempeño por la sospecha de liderar una banda de policías que se quedaban con droga secuestrada a los narcos en operativos, para su posterior comercialización. Al momento de ser procesado, el 1º de octubre del año pasado, la jueza Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.
En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el desafuero” del imputado.