Celdas controladas por espías
Martínez de Giorgi pidió al SPF información sobre el sistema de vigilancia ideado por Cambiemos para presos del kirchnerismo.
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Durante el gobierno de Mauricio Macri se promocionó como una gran innovación una iniciativa del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que agrupaba a exfuncionarios, empresarios y dirigentes sindicales ligados al kirchnerismo en las cárceles y que los filmaba durante las 24 horas del día. Desde hace tiempo, distintos funcionarios judiciales trabajan con la hipótesis de que ese programa –conocido como Programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC)– en realidad sirvió para la realización de tareas de inteligencia ilegal sobre quienes estaban privados de su libertad. En esa línea, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi requirió – a pedido del fiscal Franco Picardi– informes a la interventora del SPF, María Laura Garrigós, sobre el sistema y la situación particular de 27 presos que habrían estado en la mira de los espías penitenciarios durante la administración Cambiemos.
La hipótesis que el IRIC funcionó como una pecera para espiar a los llamados presos kirchneristas no es nueva. Es la que guió el trabajo de la fiscalía de Lomas mientras la causa de espionaje tramitaba en esa jurisdicción. El juez Juan Pablo Augé llegó a procesar al exdirector nacional del SPF, Emiliano Blanco, por la producción de tareas de inteligencia ilegal en las cárceles y a otros funcionarios de alto rango. Sin embargo, cuando el expediente pasó a Comodoro Py, la Cámara Federal revocó esos procesamientos. Los únicos penitenciarios cuya situación quedó más complicada fueron Cristian Suriano y su número dos, Juan Carlos Silveira. Suriano era el director del área de Análisis de la Información –más conocida como la dirección de Inteligencia del SPF o el Área 50.
Para intentar reactivar la investigación sobre el espionaje en las cárceles, Picardi pidió una serie de medidas que fueron ordenadas por Martínez de Giorgi. El fiscal quiere conocer el alojamiento histórico de 27 presos –muchos de ellos ligados al kirchnerismo y que terminaron detenidos durante el gobierno de Macri. Entre otros, figuran el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro Carlos Zannini. También están los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina y Omar “Caballo” Suárez.
Picardi, además, solicitó saber qué celdas ocupó y cómo lo fueron mudando a Mario Segovia – más conocido como el Rey de la Efedrina. La presencia de Segovia en el IRIC sirvió como excusa para intervenir las líneas telefónicas de distintos pabellones y para la instalación de cámaras y micrófonos que eran controladas desde el Área 50. Como publicó este diario, Medina también fue controlado con cámaras y micrófonos mientras estuvo detenido. Desde diciembre del año pasado, tras la aparición de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se sabe que se llegó a la detención del líder de la Uocra La Plata tras una concertación en la que participaron espías, funcionarios de Cambiemos y sectores de la justicia –según sostuvo días atrás el juez federal Ernesto Kreplak a la hora de dictar los procesamientos en la causa conocida como “Gestapo” antisindical.
Entre otras informaciones, Picardi también reclamó la lista de todos aquellos que estuvieron alojados en el IRIC entre 2017 y 2019 y preguntó cuándo se fueron habilitando cada uno de los pabellones destinados a ese sistema. Además, el fiscal preguntó a qué pabellones correspondían determinados teléfonos que fueron interceptados por orden judicial y cuyas escuchas las hacía la propia AFI. Muchas de esas grabaciones terminaban filtradas en los medios de comunicación o nutrían – como anónimos– otras causas, como sucedió con la llamada “Operación Puf” que se armó desde los tribunales de Comodoro Py para torpedear la investigación sobre Marcelo Sebastián D’Alessio que venía llevando adelante el juez Alejo Ramos Padilla desde el juzgado federal de Dolores.
La casa de la inteligencia penitenciaria
El otro gran interrogante es qué pasaba en la casita de Varela 266 en la que funcionaba el Área 50, a cargo de Suriano. El exdirector de inteligencia del SPF tenía contacto con los espías de la AFI conocidos como Súper Mario Bros. Uno de ellos, Jorge Sáez, había sido agente de inteligencia del SPF antes de pasar a la Policía Metropolitana y de ahí a la AFI. En sus teléfonos, los espías tenían, por ejemplo, las fichas penitenciarias de los presos kirchneristas. Por los intercambios de WhatsApp se sabe que Sáez, Leandro Araque o Alan Ruiz frecuentaban a Suriano en su “cueva”. Por eso, Picardi quiere saber quiénes entraron a la casa de Varela 266 entre 2017 y 2019.
Un testigo de identidad reservada declaró que lo que pasaba en el IRIC –en particular con Segovia y con el “Pata” Medina– se veía en unos monitores gigantes en la casita de Varela 266. Según este testimonio, había una conexión directa entre los penales y la Dirección Principal de Análisis de la Información (DPAI), que incluía imagen y sonido. Los agentes que monitoreaban a Segovia y a Medina –de acuerdo con esta declaración– hacían un libro de novedades con sus movimientos y con las personas con las que habían tenido contacto.
El exdirector del SPF, Blanco, impugnó esa declaración y la de otro testigo de identidad reservada que también se recolectó cuando el expediente tramitaba en Lomas de Zamora. Dijo que se trataba de una operación de inteligencia que había sido orquestada por empleados disconformes con el aval del primer juez de la causa, Federico Villena. En ese sentido, Blanco pidió que se levante la reserva de identidad, a lo que finalmente accedió Martínez de Giorgi. Por el momento, no volvieron a declarar aunque todo indicaría que van a tener que hacerlo. ◢
Una nueva denuncia de la Oficina Anticorrupción revela que el negociado con la venta de terrenos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri en subastas armadas para favorecer a amigos, conocidos y aportantes a la campaña, fue todavía más grande de lo que se pensaba. El organismo había denunciado la venta de siete parcelas en Puerto Madero a precios un 30% inferiores a lo que establecía el Tribunal de Tasaciones. Ahora resulta que ese tribunal tampoco hacía bien los cálculos, lo que habría beneficiado con mayor margen a los compradores, con precios desde 42 % menores respecto del valor real. Sólo por la venta de las parcelas en Catalinas Norte la defraudación sería cercana a los 90 millones dólares. El organismo que conduce Félix Crous, detectó los mismos mecanismos de subvaluación en otros dos casos que había denunciado: la transferencia de 12 inmuebles al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como contraprestación por las obras del Paseo del Bajo y la de otros bienes estatales para realizar obras de urbanización y apertura de calles en las playas ferroviarias de Palermo y Caballito.
Hasta ahora el eje de las denuncias había estado enfocado en la actividad de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri: empezando por Ramón Lanús, extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el exjefe de gabinete Marcos Peña y el exministro del interior, Rogelio Frigerio, ya que ellos se ocupaban de poner a la venta o dar un destino a los inmuebles de propiedad estatal, a quienes se sumaron también el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de inmuebles en el caso del Paseo del Bajo. Ahora la OA pidió ampliar las investigaciones que tramitan en Comodoro Py, en los juzgados de Julián Ercolini y María Eugenia Capuchetti, para que analicen el papel del arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de Tasaciones –que depende del Ministerio de Obras Públicas– ya que habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la administración pública.
Ventas a precio vil
Las irregularidades sobre la valuación de las parcelas en Puerto Madero fueron reveladas en este diario por Raúl Kollmann. Eran siete terrenos en Catalinas, en la zona más costosa de la Ciudad, que fueron otorgados a empresa