El derecho a brindar testimonio
Familiares y sobrevivientes de víctimas exigen que los jueces del TOF 2 de CABA les permitan declarar en el juicio oral.
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Soy Víctor Heredia y quiero pedirles a los jueces Javier Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini que les permitan declarar a los testigos del juicio que también implica la desaparición de mi hermana María Cristina y la de su marido Claudio Nicolás Grandi. Todos tenemos derecho a la verdad.” El pedido, que está circulando en formato audiovisual, busca interpelar a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires que, en el marco del juicio que sigue a miembros del grupo de tareas del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes por secuestros, torturas y asesinatos de militantes del PRT-ERP, decidió anular la posibilidad a un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas de brindar testimonio. Según los jueces, los testimonios dejaron de tener validez dentro del proceso debido a que estaban vinculados penalmente a uno de los acusados, Alberto Schollaert, quien está apartado del debate debido a problemas de salud. El Ministerio Público Fiscal y las querellas solicitaron al TOF que deje sin efecto esa decisión y dejen declarar a les testigues en base al derecho a la verdad.
El de Heredia es uno de los tantos mensajes que grabaron les testigues impedidos de declarar en el juicio de lesa humanidad por el operativo contra la imprenta del PRT-ERP que en San Andrés imprimía las revistas partidarias Estrella Roja y El Combatiente. Se trata de una campaña impulsada por los querellantes Bárbara y Camilo García –hijos de Rócío Martínez Borbolla, una de las víctimas en el debate– y el medio comunitario La Retaguardia y busca reforzar los pedidos de las partes acusadoras en el debate, que el viernes pasado insistieron al tribunal para que revea la decisión que tomó el pasado 3 de mayo, de manera unilateral –sin consultarles–, de dejar sin efecto las citaciones para dar testimonio.
“No permitir la declaración y la búsqueda de esa verdad a los testigos, familiares directos de desaparecidos es una aberración”, definió Heredia en el audiovisual, en el que subrayó que les sobrevivientes y familiares de víctimas tienen “derecho a que el Estado argentino conceda al menos esa posibilidad: que los testigos declaren, llegar a la verdad”.
“Por derecho a la verdad de las víctimas, a que los hechos que los damnificaron y por los cuales se solicitaron sus testimonios” es que la fiscal Ángeles Ramos solicitó que esas declaraciones “se mantengan” y sus exposiciones “sean ventilados” más allá de que los acusados por esos hechos hayan muerto en el transcurso del debate o hayan quedado temporariamente apartados debido a su situación de salud. “Tiene que ver con la construcción colectiva e individual de la memoria”, añadió.
El juicio que el TOF 2 dirige a virtuales puertas cerradas –rechazó en tres oportunidades que La Retaguardia lo transmita online– había comenzado en diciembre pasado con siete militares retirados acusados: Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny, Luis Brun, Osmar Andrade, Horacio Linari, Gustavo González Sass y Schollaert. González Sass falleció en el transcurso de las audiencias. Schollaert siguió empeorando.
Con esas dos bajas, la inmensa mayoría de los 36 casos que llegaron a juicio fueron penalmente desactivados debido a que se quedaron sin acusado a quien endilgar responsabilidades. El martes pasado, el TOF decidió también no escuchar a una veintena de testigues conectades con aquellos casos: Víctor Heredia, Pascual Peralta, Yamila Grandi, Heraldo Erramuspe, Juan Miguel Laguado Duca, María Isabel Caldu, Ricardo Espin, René Ferré, Belki Ferreyra de Segovia, Beatriz Grafia, Daniel Guerrero, Liliana Cavalli, Ana María Gallart, María Zulema Brayotta, Monica Navarro, Monica Maiorano, Graciela Vergara, Roberto Monzon, Arturo Aquiles.
En la ausencia de acusado recaló el planteo del Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el juicio, que en la voz del abogado Federico Efron apuntó que “no porque se vacíe de contenido punitivo se tiene que terminar automáticamente el proceso penal. La Justicia debe brindar mucho más que una respuesta puramente punitiva”. Esa querella, al igual que la que sostiene el CELS y el abogado Pablo Llonto, piden que el TOF deje declarar a les testigues para que “puedan terminar el proceso penal de acuerdo a una idea lo más cercana posible a las expectativas que tienen depositadas hace años y que frente al fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los imputados se ven trastocadas”, remarcó Efron.
Les testigues anulades son importantes para reconstruir secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que no sucedieron entre el 9 y el 10 de julio de 1976 en el operativo de la imprenta de San Andrés, pero que están “estrechamente” ligados, dijo Llonto. “Son hechos cometidos por los mismos responsables, el grupo de tareas del RIM6”, remarcó en relación a los secuestros de “mujeres y hombres vinculados con las publicaciones elaboradas por el PRT en esa imprenta”, completó. “La Justicia tiene que darles a las víctimas al menos el derecho a ser escuchadas”, exigió el abogado. La abogada Sol Hourcade, del CELS, destacó “la necesidad de probar el contexto en el que se dieron los hechos: la represión en el área 115”.
El fusilamiento
En la última audiencia del juicio, se presentaron dos testimonios fundamentales: los de Hugo Travi y Ricardo Villalba, quienes cumplieron el Servicio Militar Obligatorio en el RIM 6.
Travi fue el primero en declarar y fue el más claro. Las defensas de los acusados intentaron confundirlo con preguntas y repreguntas. Se enojó, pero no lo lograron. Villalba, en tanto, resaltó en varias oportunidades que los hechos habían sucedido hacía 45 años, que “no pasaron ayer” y que tenía “pantallazos”.
Travi relató cómo fue el operativo en el que fue “reventada” la imprenta en la localidad de San Andrés, partido de San Martín, en la que el PRT-ERP imprimía sus publicaciones, Estrella Roja y El Combatiente, en el que estuvo presente por órdenes de sus superiores en el RIM 6. La patota del RIM 6 había dado con el dato tras secuestrar e interrogar bajo tortura a Pablo Pavich, a quien el ex soldado conscripto vería horas después en la escena de los hechos, completamente golpeado, casi sin poder hablar.
Ambos testigos indicaron que del operativo participaron personas de uniforme y personas de civil. Travi describió con más detalle que aquella madrugada, en plena calle, Morello, uno de sus superiores les dijo a los conscriptos que “iba a haber personal de civil con un brazalete blanco en el brazo. La orden era que nadie entraba ni salía del cerco y que primero se tiraba y después se preguntaba”, declaró.
Villalba, a su turno, contextualizó el hecho como una práctica constante de algunos oficiales del Regimiento, entre los que mencionó a Morello, a Brun y a Sánchez Zinny.
Los ex conscriptos hablaron sobre un tiroteo, sobre el intento de huir de Jorge Arancibia, una de las víctimas, de cómo lo balearon y luego Sánchez Zinny lo remató. “Diviso que sale gente de la casa y un civil es como que corre hacia donde yo estaba, en la esquina. Veo la sombra y mucha gente. Me habían dado órdenes de disparar, pero yo tenía miedo de pegarle a un oficial”, contó Villalba. Aalguien abrió fuego antes que él y Arancibia cayó. Luego divisó que se acercó “alguien con un arma en la mano y me di vuelta porque me dí cuenta de que le iban a disparar. No quise ver”. Travi sí vio: era Sánchez Zinny. Lo vio pararse al lado de Arancibia, cargar su Itaka recortada y dispararle “un itakazo” en la cabeza. “No me olvido nunca más en mi vida. Le quedó la cabeza destrozada. Luego gritó ‘Viva la Patria’”, declaró.
Para los jueces, los testimonios no son necesarios porque los consideran vinculados a un represor. apartado del juicio.