Amparo por el Distrito del Vino
La sanción de la ley incumplió los mecanismos constitucionales de participación ciudadana, reclaman vecinas y vecinos.
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Vecinos y vecinas de Villa Devoto y Villa del Parque presentaron una acción de amparo para frenar el avance del proyecto “Distrito del Vino”, aprobado por el oficialismo porteño en septiembre de 2021. La iniciativa impulsada por el GCBA y resistida por las agrupaciones vecinales facilita la instalación de empresas del sector vitivinícola en esos barrios a través de beneficios de inversión e impositivos. “Nos enteramos por los medios de comunicación que esta ley estaba a punto de ser sancionada”, denunciaron integrantes de la “Asamblea Residentes del Distrito del Vino”, que busca defender la identidad barrial y argumenta ante la Justicia que la sanción de la ley no cumplió con los mecanismos constitucionales de participación ciudadana.
El amparo fue presentado por la Asamblea y las organizaciones que integran el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°13 de la Ciudad, a cargo de Guillermo Scheibler. La demanda pide
“Nos enteramos por los medios de comunicación que esta ley estaba a punto de ser sancionada en la Legislatura”, reclamó la Asamblea barrial.
que “se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley N° 6447 que creó el Distrito del Vino porque no se cumplió con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria y no se cumplió con el procedimiento de doble lectura”. Ambas instancias están previstas por la Constitución porteña para casos de este tipo, argumentan los denunciantes.
La ley cuestionada establece beneficios económicos para los desarrollos “destinados exclusivamente a la realización de actividades relacionadas a la industria vitivinícola” que se instalen en Villa Devoto, un sector de Villa del Parque y una pequeña parte de La Paternal. Se trata de empresas de distribución, bodegas, vinotecas o cavas, museos y exposiciones, centros de enseñanza, formación y capacitación sobre el vino, administración de empresas vitivinícolas y comercialización mayorista y minorista. La norma establece que esas empresas podrán computar “como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido”.
“El Distrito del Vino es un eufemismo para denominar un mecanismo mediante el cual la Ciudad le devuelve entre el 50 y el 75 por ciento de su inversión a aquellos que inviertan en la instalación de explotaciones comerciales relacionadas con el vino, a través de créditos impositivos. La población porteña prácticamente le regala estos recursos a privados”, advirtió Jonatan Baldiviezo, patrocinante de la causa y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). La ley “está redactada de tal modo que no beneficiará a PyMES sino a grandes empresas que no tienen prioridad en recibir apoyo estatal en esta crisis económica”, explicó.
La señal de alarma para vecinos y vecinas fue el intento del GCBA de usar como sede del Distrito al Palacio Ceci, histórica sede de la Escuela de Sordos Bartolomé Ayrolo. De eso, además, se enteraron mediante una publicación que el Ministerio de Cultura de la Provincia de Mendoza hizo en redes sociales. Y denuncian que todo el proceso de la ley se llevó a cabo de forma inconsulta. “Nos enteramos por los medios de comunicación que esta ley estaba a punto de ser sancionada en la Legislatura”, reclamó un comunicado de la Asamblea.
“Los medios exponían que había sido debatida con las ‘20 bodegas más importantes del país’, con ‘5 de las principales provincias vitivinícolas’, y con una ‘cámara de comerciantes local’ pero deliberadamente omitieron consultar, a través de los institutos que impone nuestra democracia participativa y representativa, con quienes seríamos los principales impactados por esta ley: los residentes de la Comuna 11”, agregaron. “Nuestros representantes locales no tuvieron lugar en esa mesa de consulta siendo una facultad concurrente de la comuna. Tampoco se informó y pidió opinión al Consejo Consultivo Comunal, institución que emitió un duro documento que quedó incorporado a la solicitud de medida cautelar”, señalaron la Asamblea.
La ingeniera María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria precisó que “el sector alcanzado corresponde a barrios residenciales de casas bajas”. “Con la sanción del Código Urbanístico en el 2018, el GCBA incrementó exorbitantemente la capacidad constructiva y liberó la zona a nuevos usos sin considerar la compatibilidad o equilibrio con la vida residencial. El Distrito del Vino es una etapa más en esta dirección, ya que es el marco a través del cual el GCBA impulsará el financiamiento para la renovación urbana e inmobiliaria habilitada por el Código”, observó.
“La transformación que están sufriendo estos barrios se realiza sin consideración de la calidad de vida y ambiental de sus habitantes, y sin que se hayan cumplido las instancias de participación obligatorias que exige la Constitución”, subrayó la ingeniera. La experta advirtió que “tampoco se realizó ninguna evaluación de impacto ambiental acumulativa y estratégica frente a los grandes cambios autorizados por estas nuevas leyes urbanísticas y fiscales. Un barricidio en aras de la especulación inmobiliaria y los negocios comerciales con dinero público”.
En la acción de amparo los denunciantes también argumentaron que la ley debe declararse nula “por violar los derechos que surgen de la Democracia Participativa Ambiental, en particular el derecho de todo habitante de la ciudad a participar en la toma de decisiones de políticas de planificación y ambientales en el marco de las instancias participativas obligatorias dispuestas en la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental”. ◢
Mar Azul es uno de los destinos turísticos más atractivos que ofrece Villa Gesell por su naturaleza y tranquilidad. Sin embargo, hace varias semanas que la localidad del sur no respira otra cosa que preocupación ante las acusaciones de “ecocidio” que despierta el avance de un proyecto hotelero de más de 25 millones de dólares, que busca materializar un reconocido holding internacional en el frente costero. Los vecinos, por el momento, insisten en agotar todas las instancias de reclamo con la municipalidad pero, en caso de no obtener respuestas, prometen llevar el conflicto a la Justicia.
Detrás de la iniciativa inmobiliaria de las calles 36 y 37 se encuentra la constructora Portland y la cadena hotelera Solanas, famosa por su proyecto en La Mansa de Punta del Este. En distintas etapas, los inversores pretenden levantar un complejo de 116 departamentos, con servicios de lujo, gimnasio, piletas, cocheras subterráneas y todo tipo de amenites, que se repartirán en los edificios Playa, Duna y Bosque. Cada uno se ubicará en tres manzanas distintas: una de ellas da al mar y otra a la avenida principal.
En la gestión que conduce Gustavo Barrera celebran el desembarco de Solanas Mar Azul: entienden que la inversión abre una oportunidad no solo desde el punto de vista turístico, sino a la hora de generar puestos de trabajo y dotar de mayor infraestructura a un lugar que aún carece de distintos servicios. “Es algo muy importante. En Gesell no suele haber emprendimientos de estas características. Esto va a potenciar la zona y se traducirá en más trabajo”, anticipan funcionarios del Ejecutivo local ante la consulta de PáginaI12.
Sin embargo, parte de la comunidad de Mar Azul se resiste al proyecto y permanece movilizada desde el verano. Los vecinos ya se organizaron en una Asamblea Vecinal en Defensa de la Duna y el Agua, en la que participan activamente unas setenta personas, y viralizaron el reclamo en las redes a través de una colecta de firmas en la plataforma change.org, cuya petición “No al ecocidio de Solanas en Mar Azul” ya recoge más de cinco mil apoyos virtuales.
Los residentes denuncian que el complejo turístico viola leyes medioambientales y pone en riesgo al ecosistema costero y el acuífero. Durante la última temporada estival, se había visto con alarma y sorpresa la instalación de una oficina comercial de Portland pero la preocupación se agudizó tras Semana Santa, cuando se dio inicio a los trabajos de demolición de los restos estructurales que quedaban del excamping de la zona céntrica.
Básicamente, en la asamblea vecinal denuncian que se pretende cercar, construir y hacer uso de un espacio público que está protegido por el Código de Aguas de la ley provincial 12.257, que en su artículo 142 prohíbe cualquier construcción a menos