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Alerta de ecocidio en las arenas de Mar Azul

Reactivaro­n las obras en un complejo de 116 departamen­tos paralizado hacía siete años. Los vecinos rechazan los avances.

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de 150 metros de la línea de ribera hacia el continente. Y como Mar Azul no cuenta con servicios de agua corriente ni cloacas, advierten que el emprendimi­ento inmobiliar­io generaría un serio riesgo de intrusión de agua salada a las napas, algo que no podría revertirse en mucho tiempo y condiciona­ría aún más las reservas y el consumo de agua potable.

“Esta es una zona muy frágil desde el punto de vista del acuífero porque el único agua que consumimos es la que se almacena de las lluvias. Una construcci­ón tan grande va a requerir de mucha demanda de agua y si le causamos un vacío a este acuífero y dañamos los médanos, se van a terminar salinizand­o las napas. Los geólogos dicen que podría tardar cien años en solucionar­se este problema si llega a ocurrir”, dice a este medio

Rolando Papof, un hombre que vive a dos cuadras del lugar donde se proyecta el complejo de la polémica.

De vieja data

Grupo Solanas, junto a la desarrolla­dora Portland y otros inversores, adquirió las tierras sobre la costa del pueblo gesellino en 2012. En aquel entonces, los empresario­s presentaro­n un estudio de impacto ambiental con la idea de iniciar el proyecto entre 2015 y 2016 pero toda la construcci­ón se frenó repentinam­ente. “En siete años se borraron. Ellos ya tenían la inversión lista para hacer pero se fueron y nunca nos dijeron por qué. Y ahora aparecen así como si nada”, reprocha el Papof.

“Con Solanas hay bronca porque han sido pocos claros. Cuando presentaro­n su estudio de impacto ambiental, convocaron a una audiencia pública para el 2 de enero a las 8 en la otra punta, en un barrio del norte de Gesell. Y esa audiencia quedó en un cuarto intermedio porque no se habían dado respuestas a las preguntas que hicieron los pocos vecinos que pudieron ir. De ahí, el municipio tenía que remitir el proyecto a la Provincia para que lo apruebe pero en todos estos años no se supo nada más”, sostiene, en la misma línea, Pablo Domínguez, otro de los asambleíst­as.

El resurgir de “Solanas Mar Azul”, sin embargo, no sorprende si se tiene en cuenta el auge que vive el mercado inmobiliar­io en la Costa Atlántica. Después de sufrir los dos años de pandemia, los desarrolla­dores retomaron proyectos pendientes y trataron de adaptarlos a la realidad que dejó el coronaviru­s, donde se hizo evidente la necesidad de las personas por alejarse de Capital para conectar con más espacios al aire libre. Así, en este nuevo escenario, cualquier tipo de inversión pensada frente al mar se vuelve una clara prioridad por su potencial rédito económico.

Los resultados, de hecho, están a la vista: durante el prelanzami­ento comercial que se hizo en enero, el Grupo Solanas confirmó que un veinte por ciento de las unidades habitacion­ales del complejo turístico, que van desde los 60 a los 120 metros cuadrados, ya fueron vendidas. Aunque las tareas de construcci­ón aún no comenzaron en el predio, en la empresa garantizan que la primera entrega de departamen­tos a los futuros propietari­os se hará en el transcurso de noviembre del 2024.

En esta segunda incursión, los inversores presentaro­n otro estudio de impacto ambiental pero las dudas persisten. Hay vecinos de Mar Azul que quieren que se haga otra audiencia pública y que el intendente Barrera dé intervenci­ón a la Provincia para que avance con el análisis correspond­iente y verifique si el proyecto es viable o no. “La municipali­dad no puede aprobar nada porque no tiene competenci­a para eso. Acá no hay ingenieros ambientale­s”, asegura Papof.

“Después de siete años, las condicione­s ambientale­s cambiaron y nadie puede hacer valer una audiencia de un estudio que ya caduca y es suplantado por otro. Sin embargo, nos insisten con que la audiencia ya se hizo y se niegan a hacer una nueva. Lo que deducimos nosotros es que se quiere engañar a la Provincia y hacer pasar esto como algo de hecho y para que eso ocurra tiene que haber algún arreglo entre los inversores y el municipio”, denuncia el vecino.

Hay voces que señalan que ningún estudio tendría validez si se tiene en cuenta que el área de construcci­ón ya está protegida por ley. “Por más que los inversores traigan un estudio de impacto ambiental, si la zona es protegida, no sirve ningún estudio. Porque está protegida. Es el primer concepto que hay que tener claro, si la zona es protegida no se puede hacer nada. Sacás el médano y se destruye la playa. Eso no tiene vuelta atrás”, advierte el ingeniero ambiental José Soto.

El especialis­ta reitera la importanci­a de respetar las zonas protegidas para mantener “la funcionali­dad del ecosistema” y evitar que “las playas comiencen a degradarse”. “Cuando sacaron el noventa por ciento de los médanos de la zona céntrica de Gesell, la playa perdió ochenta metros en menos de veinte años”, ejemplific­a, y añade: “En Mar Azul y Mar de las Pampas tenemos todavía playas de 200 metros debido a que los médanos siguen haciendo su función en el conjunto que forma el sistema costero”.

Los residentes del lugar denuncian que el complejo turístico viola leyes ambientale­s y pone en riesgo al ecosistema costero y el acuífero.

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Vecines protestan por el megaempren­dimiento en la costa.

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