Ante las dificultades, avanzar
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril subió un 6% y ya alcanza un 58% de aumento interanual. A pesar de su disminución con relación al mes anterior, la cifra es altísima: ninguna economía puede funcionar bien con esos niveles de inflación.
Tal como venimos sosteniendo, este proceso inflacionario no responde a ninguno de los diagnósticos tradicionales: ni a los salarios, ni a las tarifas, ni al tipo de cambio, ni a la emisión monetaria. Todas estas variables vienen por detrás del aumento de los precios. Entonces, ¿qué es lo que explica este incremento desmedido? A mi juicio, dos cuestiones: por un lado, las expectativas y, por el otro, la puja distributiva.
Las expectativas son supuestos sobre lo que podría suceder y, como tales, generan efectos aun cuando lo que anticipan no termine sucediendo: si se instala un rumor, por ejemplo, de que se van a producir cambios en el gabinete, ciertos actores económicos podrían aumentar los precios o los stocks, entre otras decisiones, ante el riesgo supuesto de que los nuevos funcionarios pudieran generar una devaluación.
La puja distributiva, por otro lado, es la disputa entre los distintos actores de la economía en sus intentos por apropiarse de los beneficios de la expansión económica. En la Argentina, entre muchos otros indicadores que han mejorado, el PBI ha crecido un 10,3% durante 2021, en el mismo periodo ha aumentado el consumo en un nivel similar, ha bajado el desempleo, ha subido el empleo y se reabrieron una gran cantidad de empresas luego de que miles de ellas, sobre todo PyMEs, cerraran durante la gestión de Mauricio Macri. En este escenario, la inflación es un mecanismo de apropiación, por parte de las grandes compañías formadoras de precios, de las mejoras de ingresos generadas por las paritarias u otros mecanismos redistributivos.
En tanto, el gobierno interviene en esa puja distributiva defendiendo los intereses de los trabajadores, las trabajadoras y otros sectores populares. Partiendo de los datos del Indec, durante el primer trimestre de 2022 los salarios reales del sector privado registrado crecieron 1,9% y los del sector público 4,9%, alcanzando el mismo nivel que tenían en diciembre de 2019. En la actualidad se están cerrando paritarias al 60%.
Los haberes jubilatorios también continúan mejorando (6% en el cuarto trimestre del año pasado y 1% en el primero de 2022). Con la actualización del 15% correspondiente a junio próximo el incremento acumulado durante el primer semestre habrá sido un 9,5% superior al que se habría obtenido con la fórmula de movilidad aplicada durante la gestión del gobierno anterior.
El mayor problema continúa estando en las remuneraciones del sector privado no registrado, que cayeron 7,9% en el trimestre. Allí es donde se trata de llegar con toda una serie de medidas recientes: los incrementos extraordinarios de 18.000 pesos a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años. A ello se agregan 12.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, que se suman a los 6 mil pesos que ya se les habían dado anteriormente. En total, por esta vía, 13,6 millones de argentinos y argentinas van a recibir mejoras en sus ingresos.
Este proceso distributivo es necesario pero no suficiente. Si no se detiene la escalada de los precios y éstos le ganan la carrera a los salarios, jubilaciones y demás ingresos, las mejoras de estos últimos duran muy poco. Se necesitan, por ejemplo, medidas para la sanción de los incumplimientos de los acuerdos de precios. También es necesaria una política hacia las grandes empresas agroexportadoras, las que están obteniendo rentas extraordinarias debido a la suba de los precios internacionales de algunos productos, generada por la guerra en Ucrania. Lograr desacoplar los precios internos de los externos de esos bienes sería un paso fundamental.
En paralelo, este jueves el Senado le dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. La iniciativa propone un plan de regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin declarar y, consecuentemente, sin pagar los impuestos y, por lo tanto, han incumplido con la ley. El proyecto crea un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados ante la AFIP. Ese aporte sube al 35% si los evasores declarasen los bienes luego de los seis meses de la entrada en vigencia de la ley.
También impulsa un régimen penal que promueve, entre otras cosas, investigaciones para descubrir a los evasores. Estos tendrían la opción de abonar, en los siguientes quince días a que fueran descubiertos, el 50% del valor de lo evadido y, de ese modo, quedar exceptuados de la judicialización correspondiente.
Está claro: no se está proponiendo crear un nuevo impuesto o aumentar la alícuota de un tributo existente. La medida apunta a traer al país el dinero de quienes, incumpliendo las leyes, evadieron. La discusión es entre quienes defendemos el interés nacional y los que defienden a los evasores.
Durante la semana también se trató en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación. Se trata de una iniciativa que modifica y amplía la normativa vigente con el propósito de fomentar una mayor participación de la industria nacional en las compras que realiza el Estado. La medida tiene como objetivo sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales al tiempo que busca generar trabajo argentino con el consecuente aumento del consumo, la mejora de los ingresos impositivos y, por lo tanto, el incremento de los niveles de inversión del Estado estimulando las políticas de crecimiento. Parte de la oposición cultiva una fuerte vocación por la simplificación. Cuestionan, por ejemplo, el costo fiscal del proyecto, y no tienen en cuenta su incidencia en la expansión de la economía.
En la Argentina hay una discusión de fondo acerca del modelo de país en el que queremos vivir. Tenemos por delante el enorme riesgo de que se consolide un pensamiento que conduzca a muchos argentinos y argentinas a votar en contra de sus intereses.
Puede haber muchas dificultades para avanzar pero lo peor sería retroceder.
* Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.