Un ejercicio de memoria necesario
Juristas y abogados de víctimas reflexionaron sobre el impacto que tendrá el proceso Cóndor en la jurisprudencia de Roma.
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Con la participación de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universitá Roma Tre de la capital italiana, jueces, abogados, organizaciones de familiares de víctimas y familiares y el embajador de Argentina en Italia, Roberto Carlés, se realizó esta semana en Roma una conferencia sobre los juicios (y condenas) contra los militares del Plan Cóndor que se vienen haciendo en Italia. El secretario de Derechos Humanos en Argentina, Horacio Pietragalla Corti, que era uno de los expositores, no pudo viajar como estaba previsto porque resultó positivo de covid, pero participó a distancia.
Titulada “La represión de los crímenes internacionales en Italia: la experiencia del caso Cóndor”, la conferencia ha sido una de la pocas oportunidades en la que expertos en derecho analizaron cómo se hicieron las investigaciones, cómo se llevaron a cabo en Roma los juicios contra responsables del Plan Cóndor y cómo surgieron las sentencias. Y sobre todo quiso ser un estímulo para que Italia se apure a sancionar una ley sobre los crímenes internacionales que en la legislación italiana no figuran todavía, explicó a PáginaI12 Alice Riccardi, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Jurisprudencia de Roma Tre y organizadora del evento junto al European Penological Center (Centro Europeo de Investigación sobre las penas).
¿Qué debería contener esta ley italiana? “Esta ley deberá definir claramente los cuatro crímenes internacionales considerados por la Corte Penal Internacional: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresiones y genocidio”, explicó. “Nuestra legislación no incluye las desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, por ejemplo, y por eso los exponentes del Plan Cóndor fueron condenados en Italia sólo por homicidios”, explicó. Se espera que esta nueva ley italiana sea aprobada en pocos meses.
Según el profesor Antonio Carratta, decano de la Facultad de Jurisprudencia, “la sentencia del caso Cóndor puede ser considerada la base para futuras modificaciones en la jurisprudencia” italiana.
El fiscal de la Corte Suprema italiana, Giovanni Salvi, una de las expertas que expusieron en la conferencia, durante años se encargó de la investigación judicial sobre el atentado que en Roma sufrieron en 1975 el democristiano chileno –crítico de Pinochet– Bernardo Leighton y su esposa. Sus investigaciones, que duraron 14 años, le hicieron comprender la estructura de los servicios secretos chilenos de la Dina –donde se originó el Plan Cóndor que coordinaba la colaboración entre las distintas dictaduras latinoamericanas para hacer desaparecer o asesinar a sus opositores– y sus relaciones con el servicio secreto estadounidense. Importantes informaciones en este sentido le fueron proporcionadas por la dictadura argentina en 1978, contó, porque en ese momento existía el conflicto con Chile por el Beagle.
“Este encuentro es un ejercicio de memoria –declaró a este diaro el embajador Carlés–, sobre las víctimas del Plan Cóndor y sobre los aportes de la justicia italiana y de la sociedad civil al proceso de memoria, verdad y justicia. Es importante no perder de vista cuáles fueron los objetivos de la operación Cóndor: anular toda disidencia política, mediante la tortura y el exterminio sistemáticos, e imponer un modelo económico de especulación financiera, endeudamiento y fuga de capitales. Debemos estar alertas, porque los mecanismos de sus impulsores han cambiado, al menos en nuestra región, pero sus objetivos siguen siendo los mismos”.
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, hijo de padres desaparecidos, hizo un balance de los juicios hechos en Argentina donde, desde 2007, fueron condenados 1.050 personas por delitos de lesa humanidad y ahora se está procesando a otros civiles y empresarios por haber favorecido estos delitos. “El 60% de los desaparecidos eran trabajadores sindicalizados”, recordó Pietragalla Conti, y el Plan Cóndor “tenía como objetivo instalar un nuevo modelo económico que nosotros llamamos neoliberalismo”. Con el plan también contribuyeron en parte algunos medios de comunicación, añadió.
Del encuentro también participaron dos familiares de desaparecidos, la uruguaya Aurora Meloni y la chilena María Paz Venturelli. Meloni, que fue uno de los primeros familiares que presentó denuncias contra los militares del Cóndor en Italia, comentó que las “sentencias del Cóndor en Italia tienen una importancia fundamental en muchos países. Yo creo que esta sentencia italiana va a hacer escuela”. “Este encuentro –comentó por su parte Venturelli– de super alto nivel, es muy importante para Italia pero también a nivel de conciencia de los ciudadanos sobre problemas de este tipo. Muchas veces los italianos que trabajan en el exterior tienen problemas. Por eso el tema de los derechos humanos no se puede dejar de lado a nivel judicial”.
Jorge Ithurubu, presidente de la organización “24Marzo.it” que ayuda a los familiares de desaparecidos en su lucha por la justicia, hizo una síntesis de todas las organizaciones sindicales y sociales y de derechos humanos que ayudaron a llevar adelante los juicios contra el Cóndor.
El abogado Arturo Salerni, que representó a varios familiares en estos juicios y recientemente estuvo en Chile, declaró por su parte que “El hecho de que tanto la sociedad italiana como la chilena hayan entendido la importancia de este proceso y que hay que darle ejecución a las sentencias de condena emitida en julio pasado, es un punto que debe ser estimulado desde todos los ángulos, académico, político, periodístico”.
La mayoría de los condenados por el Cóndor en Italia viven en sus propios países, algunos libres, y la sentencia podría cumplirse en el propio país o en Italia si aceptan la extradición. Antes de fin de mes la Corte Suprema de Santiago deberá emitir su decisión sobre este tema, explicó Salerni.
El juicio contra los represores comenzó en Roma en 1999 y después de un largo proceso de investigación y de las tres instancias de la justicia Italiana, el 9 de julio de 2021 la Corte Suprema confirmó las condenas a cadena perpetua emitidas en la segunda instancia –la Corte de Apelaciones– para 14 represores (3 chilenos y 11 uruguayos) del Plan Cóndor a los que se atribuye la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano.
El largo proceso fue hecho en ausencia, lo que es permitido en Italia pero no en muchos otros países. El único presente fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que había escapado a Italia porque poseía un pasaporte italiano. Troccoli fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (Fusna) y ahora debe afrontar un nuevo juicio en Roma, que acaba de comenzar, por la desaparición de otros tres ciudadanos uruguayos de origen italiano.
En un primer momento eran 106 los militares latinoamericanos que fueron acusados a partir de las investigaciones comenzadas por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, con la colaboración de los familiares de los desaparecidos y de la organización no gubernamental “24Marzo.it”. Unos 50 eran argentinos pero como Argentina estaba haciendo por su cuenta los procesos contra los militares, a diferencia de los demás países latinoamericanos, prefirió no participar de la causa italiana. Mientras tanto varios de los acusados brasileños y paraguayos fallecieron.
Después de la sentencia de julio, la Corte Suprema italiana pidió a los países originarios de los condenados que fueran arrestados para impedir que escaparan, en espera de que pudiera gestionarse la extradición a Italia.
“Nuestra legislación no incluye las desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad”, señaló Alice Riccardi.