Para los Macri la mejor respuesta es el lawfare
El fallo de Casación, que reabrió la causa de la quiebra, les permitó a los Macri contraatacar a la fiscala Boquin, al procurador del Tesoro Zannini y al titular de la IGJ, Nissen.
tudio, cuando en tribunales todo el mundo sabe fue una investigación de Judith König, quien falleció recientemente, una funcionaria que hizo escuela en la investigación de los responsables empresariales del terrorismo de estado, y también en casos de corrupción de todos los tiempos.
Esta presentación fue realizada ante el juez Sebastián Casanello, quien dos veces falló que no había delito en este expediente y que había que cerrarlo. Lo mismo consideró el fiscal Carlos Rívolo, y lo mismo dijo la Cámara Federal con los votos de Roberto Boico y Eduardo Farah. Los Macri apuntan a instalar que hubo un complot contra sus empresas. Farah advirtió que es una tendencia llevar a los tribunales cuestiones “que hacen exclusivamente a la política” y que tienen su “ámbito de debate público” en otro lado, no en los juzgados. Un dato llamativo es que Zannini no era procurador del Tesoro cuando estalló el escándalo detectado por Boquin. Es más, el papel activo de esa dependencia en este caso respondió a una puesta en escena de Mauricio Macri cuando dijo que el caso volvería a “fojas cero” . Por entonces sacó de ese puesto a Carlos Balbín y puso a Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio había representado Socma. Nissen tampoco estaba en la IGJ.
Casación cambió todo la semana pasada cuando dijo que había que reabrir la investigación con un argumento provocador, teniendo en cuenta que ya varios tribunales en otros casos han advertido sobre causas iniciadas sin existir delito alguno que juzgar, en especial contra Cristina Kirchner. Casación sostuvo que “lo relevante no consiste en poder afirmar la inexistencia de delito sino estar en condiciones de negarlo con certeza”. No es menor el detalle de quiénes firmaron esta sentencia y volvieron a abrir las puertas a la ofensiva macrista: uno es Mariano Borinsky, el camarista denunciado por sus visitas frecuentes a Macri a la quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando debía tomar decisiones de interés de ese gobierno, su colega Juan Carlos Gemignani, con graves denuncias pendientes por violencia de género ante el Consejo de la
Magistratura, y Eduardo Riggi, uno de los casadores nombrado en los noventa, denunciado en una presunta trama de corrupción y sobornos en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
La decisión de Casación tampoco salió de la nada ni en cualquier momento sino seis días después que dos juezas de la Cámara Comercial –la subrogante María Elena Suzal y Matilde Ballerini, con la disidencia de Guadalupe Vásquez– decidieran dejar en suspenso la revisión de la quiebra del Correo hasta que la Corte Suprema resuelva un pedido de Socma/Correo para que intervenga el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), o sea la corte porteña. Lo que pretenden los Macri es que una corte local revise lo que hace la justicia comercial nacional.
El procurador Zannini apeló este martes esa resolución: señaló la “arbitrariedad” de la cámara y advirtió sobre “la gravedad del daño que provoca no sólo al Estado sino al conjunto de los acreedores a los que se somete a una nueva de
Socma pidió investigar los llamados telefónicos, los whatsapp y los mails de Boquin, Zannini y Nissen, entre otros funcionarios.
mora que se suma a la insólita duración de este proceso”, que lleva más de 20 años, en los que la firma sigue sin pagar. Zannini había pedido también la extensión de la quiebra a Socma, empresa solvente que podría hacerse cargo de la deuda. Es probable que en los próximos días apele Boquin también la decisión de la Cámara.
El paso del tiempo favorece a los Macri. La proliferación de decisiones y acusaciones busca cambiar el foco y que la Cámara no trate la infinidad de fraudes y maniobras denunciados por Boquin, donde incluso explicó las falsedades instaladas en los medios por el propio Macri, las estrategias para vaciar la empresa y los avales truchos presentados para que se les aprobara una oferta de 1000 millones de pesos que ellos presentaban como el 100 por ciento adeudado, pero era apenas una porción. Todos los movimientos recientes, que buscan amedrentar a las partes que apuestan a que la empresa pague y manipular expedientes, demuestra que en la trama de intereses donde se combinan el aparato judicial, la política y los medios, siempre hay un enorme objetivo económico. A veces, como en este caso, se nota más.