Marcha del Silencio con reclamos a Lacalle Pou
El oficialista Cabildo Abierto impulsa un proyecto que busca otorgarles prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años. Escaso avance de las causas de derechos humanos.
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Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas volverán a manifestarse hoy en distintos puntos de Uruguay en una nueva edición de la Marcha del Silencio, con la que cada 20 de mayo se exige memoria, verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. La convocatoria se repite desde 1996, cuando se hizo la primera caminata organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y la del viernes marca la vuelta a la presencialidad después de dos ediciones virtuales, con su recorrido habitual por la Avenida 18 de Julio en Montevideo y concentraciones en el interior.
La consigna de esta 27º marcha será: “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada: es responsabilidad del Estado”. Este año se encienden las alarmas por el escaso avance de las causas por delitos de lesa humanidad durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, y algunos peligrosos intentos de acercarse a la impunidad en el Parlamento, como el proyecto de ley que busca otorgarle prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años. “Lacalle Pou es muy sensible a la imagen que pueda dar hacia afuera, pero hay que mantener la presión porque del otro lado también la mantienen. Van a salir con otro proyecto y con otra ley, y mientras tanto los militares que podrían decir qué pasó y dónde enterraron los cuerpos se van a a seguir muriendo”, asegura en diálogo con PáginaI12 Elena Salgueiro, militante residente en París que forma parte del colectivo “¿Dónde Están?”.
Convocando a la movilización de hoy, la Red Nacional de Sitios de Memoria, que nuclea a colectivos de distintos departamentos, manifestó su “profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas y relativistas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y la última dictadura en Uruguay”. En el ámbito parlamentario Cabildo Abierto, el partido liderado por el excomandante del Ejército y socio de la coalición de derecha que gobierna Uruguay, Guido Manini Ríos, fue quien le puso el rostro a esas posturas.
Primero intentó instalar un proyecto de ley para derogar a la ley interpretativa, es decir restaurar completamente la ley de caducidad, una normativa que impidió durante años enjuiciar a militares y policías por su rol en tiempos de dictadura. Pero tuvieron que retirar el proyecto porque parecía ir demasiado lejos. “En agosto del mes pasado depositan otro proyecto de ley que tiene por objetivo otorgarle automáticamente la prisión domiciliaria a todos los presos de más de 65 años con una serie de condiciones que están hechas de tal modo que prácticamente los únicos beneficiarios son los represores, que encima no son más de 40”, asegura Salgueiro desde Francia.
Por su parte Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) acota que el proyecto en debate “no es una legislación que se dicte con carácter general, es una legislación que se proyecta con un interés particular que es que los camaradas de un partido que es Cabildo Abierto puedan pasar a prisión domiciliaria”. Fernández señala además que “no hay un déficit normativo o un déficit institucional en el Uruguay, las personas que no pueden estar en prisión en un establecimiento pueden pasar a prisión domiciliaria si lo solicitan individualmente y si un médico del Instituto técnico forense acredita y estudia el caso y dice que esa persona no puede estar en privación de libertad”. De hecho varios represores han recibido condenas e incluso fallecido en prisiones domiciliarias en hospitales.
En relación al estado de las causas vinculadas al terrorismo de Estado, Fernández advierte que la situación casi no ha cambiado en los últimos tiempos. “Se han dado algunos procesamientos, pero a nivel general todo sigue igual. El gobierno, más allá de la coalición y de los partidos que la integran, tiene que tener un empuje significativo en las causas en relación a generar institucionalidad, la obligación de brindar datos y la búsqueda proactiva de los restos de los detenidos desaparecidos”, advierte el abogado de Ielsur.
Fernández grafica el lento avance de la justicia con una contundente sentencia de diciembre pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Maidanic contra Uruguay (por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y de Osear Tassino Asteazu, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes en el marco de la dictadura cívico militar). “Pese a que Uruguay fue condenado la causa no se ha movido ni se han generado nuevas instancias. Esto habla un poco de cómo en general ha tomado el Estado uruguayo la sentencia de la Corte, que por otra parte tampoco ha convocado ni a familiares ni a sus representantes a generar un ámbito de intercambio para el cumplimiento de la sentencia. Eso genera bastante preocupación”, explica el docente de Derecho Penal en la Universidad de la República.
La primera Marcha del Silencio tuvo lugar en 1996, cuando se cumplían 20 años de impunidad de cuatro asesinatos, los de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y de la desaparición de Manuel Liberoff. Todo fue orquestado en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región entre los años 70 y 80. Desde entonces, cada 20 de mayo miles de personas se reúnen en distintos puntos de Uruguay para recordar a las víctimas de la dictadura cívicomilitar exigiendo memoria, verdad y justicia mientras, en lo alto, sostienen fotografías con el rostro de los 197 desaparecidos.
De cara a la marcha, el colectivo “Imágenes del Silencio” anunció que repartirá 22 mil fotos de desaparecidos “para que todo el que quiera pueda cargarlos, y no sólo sus familiares”. Además, la iniciativa incluye un código QR en cada foto, donde se contará la historia de cada desaparecido por la represión militar para conservar la memoria.
Hoy estarán en la marcha, por primera vez, los miembros de “Historias desobedientes”, hijos e hijas de militares y policías que participaron del terrorismo de Estado, y que se agruparon con el nombre de colectivos similares que hay en Argentina y Chile.
La asociación “¿Dónde Están?” se fundó en 1997 en París, al año siguiente de la primera marcha en Montevideo. “Acá está Zelmar Michelini hijo, que se refugió en Francia en el 76, porque él estaba con el padre cuando lo asesinaron y se tuvo que marchar. El es uno de los fundadores y desde ese momento también todos los años, cada 20 de mayo, hay un acto de memoria en la plaza de Uruguay en París, en la cual se leen los nombres de los desaparecidos y se hace una ceremonia de memoria”, explica Salgueiro.
Los actos por la semana de la memoria se iniciaron el domingo pasado, porque varios equipos de primera y segunda división tuvieron gestos de reivindicación de los detenidos-desaparecidos. En la segunda categoría, los jugadores de Villa Española salieron al campo de juego con camisetas que tenían, cada una, el nombre de un desaparecido. Lo mismo hizo el plantel de Miramar Misiones, que además posó con una bandera con la leyenda “Presentes”. Por su parte, Racing de Montevideo mostró en la clásica foto de los jugadores titulares una remera que decía “Todos somos familiares”.
La Red Nacional de Sitios de Memoria manifestó su “profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas”.