Un reclamo de justicia en Chaco
Los fiscales pidieron la condena para diez acusados, entre militares y policías, por la desaparición de Ricardo Uferer y Eduardo Luque.
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La Fiscalía y las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Chaco solicitaron condenas de entre 8 y 18 años de cárcel para los 10 acusados de secuestrar y torturar a cinco personas, entre ellas dos exsoldados conscriptos, entre 1974 y 1979, que fueron mantenidas cautivas de manera clandestina en el centro ilegal que funcionó en la exbrigada de Investigaciones de Resistencia. La semana próxima alegará la defensa y se prevé que el Tribunal Oral Federal de Resistencia emita un veredicto a fines del mes próximo.
Las partes acusadoras coincidieron en el pedido de condenas para los 10 acusados, entre quienes se cuentan los militares retirados Ernesto Simoni, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segon y Luis Alberto Patetta; los suboficiales y oficiales de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín, Juan de la Cruz López, Carlos Domingo Mora; y el guardiacárcel de la Alcaidía Policial Miguel Ángel Vittorello.
Todos a excepción de Mora llegaron acusados del secuestro y las torturas impartidas a Ricardo Uferer y Eduardo Luque, dos jóvenes militantes que en junio de 1976, mientras realizaban el servicio militar obligatorio en el Regimiento La Liguria de Resistencia, fueron secuestrados y encerrados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la exBrigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria, donde fueron torturados. Del caso de ellos surge el nombre de la causa que identifica a éste, el décimo juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Chaco: “Conscriptos”.
Para Manader y Martínez Segón, las penas solicitadas por las partes acusadoras alcanzaron los 15 años, al hallarlos responsables del secuestro y torturas impuestas a los dos exconscriptos. Para Rodríguez Valiente, Vittorello, Patetta y López, la pena solicitada fue de 12 años de encierro; de 10 para Simoni y de 8 para Marín.
Mora, en tanto, llegó a debate acusado del secuestro y las torturas de Saturnino Ferreira, Santiago Almada y Norma Medawar. Este policía retirado fue quien recibió el pedido de pena más alto: 18 años.
Los abogados que representan a los Ejecutivos provincial y nacional en el juicio, Dulio Ramírez y Manuel Brest respectivamente, fueron los primeros en alegar. De manera remota, unificaron sus alegatos. En ese sentido, Ramírez indicó que el “hilo conductor” que unifica a todas es “el golpe de Estado de 1976 y la supresión de la Constitución y de las garantías, con una escalada represiva que ya venía de antes, con la utilización de la doctrina de seguridad nacional para trazar un objetivo de exterminio sistemático del ‘enemigo interno’”, un plan al que “los imputados se plegaron de modo voluntario y entusiasta”, remarcó. “Esto fue probado de un modo íntegro, en este y en los juicios anteriores. Pedir al testigo una prueba puntual de contacto visual para probar estos crímenes no es un requisito esencial”, concluyó según la prensa local. Por su parte, Brest amplió con el pedido de penas.
La exposición del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de los fiscales Diego Vigay y Walter Romero, en un primer paso, y de Carlos Amad, que cerró el alegato. Según el recorte realizado por el medio provincial Chaco día por día, Vigay señaló que “se puede reconstruir de modo concreto la responsabilidad de militares y policías” en los hechos bajo juicio. Durante el pedido de penas el fiscal Amad aclaró que la Fiscalía solicitaría la unificación de condenas de varios de los imputados que ya cuentan con condenas en juicios por crímenes de lesa humanidad en la región.
Al cierre de la jornada, la presidenta del tribunal, Noemí Berros –acompañada en la tarea por sus colegas Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango– dictó un cuarto intermedio hasta el viernes próximo, cuando alegue la defensa de los acusados. En tanto, anunció que el TOF emitirá una sentencia el 23 de junio, aunque el hecho dependerá del cronograma de otros debates e instancias judiciales, con causas en el tribunal de Paraná –jurisdicción de origen de les jueces–, y también en Formosa, Misiones e incluso Resistencia.