Un proyecto con olor inmobiliario
La propuesta, que avanza en la Legislatura, ayer se encontró con el mayoritario rechazo de los vecinos de cuatro barrios.
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Vecinos y vecinas de barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires expusieron ayer en comisiones de la Legislatura sobre el proyecto del oficialismo porteño para crear un nuevo distrito de “integración productiva e impulso al trabajo” en cuatro barrios en proceso de urbanización. La mayor parte de los oradores se manifestó en contra de la iniciativa al asegurar que habilitará el ingreso a los barrios de grandes empresas comerciales a través de beneficios impositivos y en detrimento del trabajo de vecinos y vecinas. Mientras que el oficialismo buscará aprobar el proyecto el próximo 2 de junio, la oposición presentó un dictamen de rechazo y advirtió que detrás de la propuesta se esconden intereses inmobiliarios.
“Estoy en nombre de muchas compañeras y compañeros que se quedaron sin local y ahora nos desayunamos con que grandes cadenas van a venir a nuestro barrio”. Así comenzó su exposición Petronila Yanayako, vecina del Barrio Playón Chacarita, en el marco del plenario de las comisiones de Desarrollo Económico, de Políticas de Promoción y de Presupuesto. Junto a ella, varios de sus compañeros y compañeras mostraban carteles en rechazo a la “Ley Farmacity”. Es que un día antes del plenario, el Gobierno porteño adjudicó espacios en barrios populares a diversas cadenas comerciales, entre las que se encuentra la farmacéutica, que tendrá un lote en Playón Chacarita.
El proyecto de “Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares” busca crear un nuevo “distrito económico” en los barrios 20, Padre Mugica y Rodrigo Bueno, además del Playón Chacarita. Como en el resto de los “distritos” –Joven, del Vino o Tecnológico– que impulsa el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta, la nueva propuesta establece beneficios impositivos para empresas que se radiquen en los barrios. La iniciativa prevé que los privados podrán descontar de su pago de Ingresos Brutos entre el 50 y el 80 por ciento de lo invertido. Las “actividades promovidas” son en su mayoría comerciales: gastronomía, verdulerías, peluquerías, gimnasios y hoteles, entre otros.
“A mí el gobierno nunca me dijo ‘no vas a pagar Ingresos Brutos’, todos los meses llega la boleta. Yo me rompo el alma para sacar a mis hijos adelante, ¿y a una cadena grande la van a subsidiar?”, se preguntó a su turno Gloria Sánchez, que tiene un local en Playón Chacarita. Del otro lado, algunos vecinos y vecinas defendieron el proyecto oficialista. Ayelen Guaipare, del Barrio Mugica, se presentó como trabajadora de una compañía de seguros y aseguró que “está perfecto que estas empresas ingresen al barrio, es una fuente de trabajo”. “No todos queremos un plan social, algunos tenemos sueños y los queremos cumplir”, dijo.
“Yo me levanto todos los días a la mañana a trabajar y buscar precios para impulsar mi emprendimiento”, respondió Sánchez, quien agregó que “pago monotributo, ingresos brutos y tengo cuatro chicos, y me desayuno con que ya le concedieron lugar a Farmacity cuando tengo vecinos que todavía no tienen solución”. La iniciativa estipula que las empresas deberán contar con al menos “un 30 por ciento de la nómina”
“Pago monotributo, Ingresos Brutos y tengo cuatro chicos, y me desayuno con que ya le concedieron lugar a Farmacity”.
compuesta por residentes de los barrios. Sin embargo, también prevé que podrán presentar un “plan alternativo” si acreditan la “falta de disponibilidad de trabajadores con experiencia”.
Otra de las quejas de los vecinos y vecinas se centró en que el proyecto no pasó por las mesas de gestión participativa establecidas por las leyes de urbanización. “Tomaron una decisión unilateral y en soledad, sin tener en cuenta a los miles de vecinos. En ningún punto se establece una protección a los comerciantes que ya están”, remarcó David Lugones, cooperativista del Barrio Mugica. El proyecto ingresó a la Legislatura a mediados de abril. Tras una escueta presentación y el plenario de este martes, Juntos por el Cambio (JxC) buscará aprobarlo en la sesión del 2 de junio.
A la hora de las intervenciones de las y los legisladores, la diputada María Bielli del Frente de Todos (FdT) le preguntó a Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, por qué el proyecto no pasó por las mesas de participación. La legisladora de JxC respondió que, “desde el reglamento y lo que expresa” el proyecto, el debate “no tiene que darse” en esa instancia. “Queda clarísimo, estamos discutiendo una ley para empresas y no para los barrios populares”, cerró Bielli. “Salta a la vista la falta de participación de los que se verán afectados, lo mismo que sucedió con el estatuto docente, que discutieron las reglas de su trabajo sin los protagonistas”, subrayó en este sentido Matías Barroetaveña, también legislador del FdT, quien aseguró que el proyecto apunta a que “venga alguien de afuera con todos sus beneficios, realice su negocio y extraiga los recursos del barrio”.
El diputado también advirtió sobre los intereses inmobiliarios que podrían esconderse detrás del proyecto, ya que los barrios Mugica y Rodrigo Bueno se encuentran cerca de dos de los grandes desarrollos que impulsa el GCBA: Costa Salguero y el barrio de torres de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur. “Rodrigo Bueno se ve como el patio trasero del barrio de IRSA, están pensado cómo modificar el entorno para la gente que viva ahí. Lo mismo en el Mugica: brindar una barrera con comercios amigables con el sector que se va a instalar del otro lado”, apuntó.