Al menos 22 muertos en un barrio pobre de Río
El objetivo de la operación antinarco, según las autoridades, era intentar desarticular a la banda criminal Comando Vermelho, una de las más importantes de Brasil.
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Un nuevo operativo policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó ayer 22 muertos, un año después de la operación más letal en la historia de la ciudad, con 29 fallecidos en otro barrio. La Fiscalía de Río abrió un procedimiento penal para “investigar la conducta, las posibles violaciones de las disposiciones legales, la participación y las responsabilidades individuales de los policías federales durante una operación conjunta con el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar”.
La Penha, en la zona norte de Río, amaneció con el sonido de los disparos después de que agentes de la Policía Militar entraran en el gigantesco complejo de favelas de Río en busca de líderes del grupo criminal Comando Vermelho, uno de los más importantes de Brasil. De acuerdo a la policía, los agentes fueron recibidos a tiros por los criminales durante una incursión que dejó al menos 13 víctimas mortales, entre ellas 11 civiles presuntamente sospechosos, una vecina de esta región de barriadas pobres y otra persona de la que no se tiene detalles. Posteriormente fuentes hospitalarias elevaron el número de fallecidos hasta 22, aunque varios de ellos aún no han sido identificados. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, hasta donde se desplazaron familiares para reconocer los cuerpos ya sin vida.
El objetivo de la operación, según las autoridades, era intentar desarticular el Comando Vermelho, una facción que es “responsable de más del 80 por ciento de los enfrentamientos armados” del estado de Río de Janeiro. “Tiene una política expansionista y una ideología de guerra. No solo contra las fuerzas policiales, también contra otros grupos criminales”, afirmó el vocero de la Policía Militar, Ivan Blaz.
De acuerdo con Blaz, el Comando Vermelho empezó a proteger a narcotraficantes de otros estados que “dan órdenes” desde Río de Janeiro “para cometer homicidios en otras regiones” del país y que supuestamente estarían escondidos en la Vila Cruzeiro, dentro del Complejo de la Penha. Vila Cruzeiro fue una de las favelas de Río ocupadas a finales de 2010 por el Ejército brasileño en una gran operación para expulsar el narcotráfico, pero los grupos han ido recuperando paulatinamente el control de la región.
Durante el operativo, que contó con blindados, fue capturado un “arsenal de guerra” compuesto por pistolas, diez granadas y al menos 13 fusiles procedentes de China y Europa del Este que llegaron a Brasil mediante el tráfico internacional de armas, además de vehículos y motocicletas. “Son armas que pueden matar a personas a larga distancia”, remarcó Blaz. Así ocurrió con Gabriele Ferreira de Cunha, de 41 años y vecina de la zona, quien caminaba por la parte baja de la favela cuando fue alcanzada por una bala perdida.
En un comunicado emitido en la tarde de este martes, el Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó “con carácter de urgencia” información sobre “el número de agentes que participaron; la habilitación de estos agentes, así como una copia de sus respectivos expedientes funcionales”. También solicitó “el informe final del operativo, así como información detallada sobre el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas” al abrir un procedimiento penal.
El operativo de este martes tiene lugar un año después de que una operación similar dejara 29 muertos en la favela de Jacarezinho, entre ellos 27 civiles sospechosos y un agente, en la que fue la acción policial más letal de la historia de Río. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que durante el operativo en Jacarezinho, calificado de “masacre”, ocurrieron casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas por parte de la policía.
“Estas operaciones policiales en favelas colocan en riesgo la vida de toda la población, impiden el funcionamiento de servicios públicos y del comercio y no resuelven ningún problema de seguridad”, dijo Guilherme Pimentel, consultor de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, que presta asistencia jurídica a las familias de los fallecidos. “Nunca serían toleradas operaciones así en barrios ricos de la ciudad, es necesario que tampoco se toleren en las favelas”, agregó Pimentel.
“Estas operaciones policiales en favelas colocan en riesgo a la población y no resuelven ningún problema de seguridad.”