La dura realidad de El Salvador
La periodista le dio forma a un film que retrata la situación de uno de los países más punitivistas con respecto al aborto.
◢“
Lo que sucede en El Salvador es lo que puede ocurrir si se retrocede en todos los estados de Estados Unidos con el derecho al aborto, si se deroga la sentencia Roe vs. Wade de 1973”, dice Mariana Carbajal, en relación con los trascendidos sobre una presunta prohibición al aborto, por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Redactora de PáginaI12, columnista del programa radial La inmensa minoría y conductora del programa televisivo Punto Género, Carbajal viajó dos años atrás al pequeño país centroamericano, para investigar la problemática del aborto allí, donde las mujeres en general, y las que abortan en particular, reciben no sólo la condena social, sino la judicial, cayendo en prisión tras frecuentes maltratos policiales.
El resultado de la investigación de Carbajal es Cuerpos Juzgados, documental recién finalizado, que será exhibido el sábado 29 en el Centro Cultural Kirchner, a las 19 horas y con entrada gratis, en el marco del ciclo De este lado de la reja, que se lleva adelante durante el mes de mayo ( ver detalles al pie). ¿Comienzo de una segunda carrera para Carbajal? “Estamos terminando con la productora Ponchosouer una serie documental de cuatro capítulos en la que recuperamos relatos de los feminismos bonaerenses desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, que esperamos estrenar en junio”, dice Carbajal. “Y estamos empezando a desarrollar un par de proyectos audiovisuales más, siempre desde una mirada feminista”.
–¿Cómo te relacionaste con la problemática del aborto en El Salvador?
–Conocí en 2019 el potente trabajo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, una organización feminista que ha sido pionera en ese país para luchar por el cambio de la ley de aborto, y sobre todo, por liberar a las mujeres que han sido injustamente encarceladas, sin derecho a la defensa, luego de sufrir emergencias obstétricas, partos extrahospitalarios con muerte de la criatura, pérdidas de embarazos avanzados. La Agrupación me propuso sistematizar el trabajo de una década de la organización. En el marco de esa investigación tenía previsto viajar a El Salvador, para entrevistar a sus integrantes. Una colega me dio la idea de aprovechar ese viaje para filmar un documental. Sin saber nada sobre la realización de una película, empecé a armar un pequeño equipo para viajar, con la realizadora Luciana Rodrigues Dacunto y la productora Victoria Bornaz. Viajamos para el rodaje en febrero de 2020, justo antes del cierre de las fronteras. Estuvimos diez días. Y fui consiguiendo fondos para cada etapa de la película y para poder terminarla. Fue un proceso de gran aprendizaje. En dos años pudimos terminarla, con la productora Ponchosouer y el apoyo del gobierno alemán.
–¿Te sorprendió enterarte de que en ese país el aborto es punible con penas de 30 a 50 años de prisión?
–Antes de investigar en profundidad el tema, sabía que El Salvador tenía una de las leyes más restrictivas sobre aborto pero no tenía idea de cuáles eran sus verdaderas consecuencias sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. El Salvador es uno de cinco países en América que aún lo penalizan totalmente, sin excepciones. La completa criminalización rige desde 1998, cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución y se eliminaron las tres causales que estaban vigentes desde 1974 por las que era legal la interrupción voluntaria de un embarazo. Desde entonces, en este país centroamericano de seis millones de habitantes, la ley condena el aborto con penas de 2 a 8 años de cárcel, pero jueces y fiscales consideran la pérdida de un embarazo como “homicidio agravado” y aplican condenas de 30 a 50 años de prisión. Para las mujeres que sufren esas emergencias obstétricas no hay presunción de inocencia. El sistema de salud y la justicia las convierte en criminales sin garantizarles defensa justa. Eso es lo que no sabía. Porque el delito de aborto no tiene penas de 30 a 50 años; pero les inician investigaciones ante la sospecha de un aborto y luego las condenan por homicidio agravado por el vínculo.
–Los propios embarazos ectópicos son punibles.
–Es punible el aborto en casos de embarazo ectópico. Es decir, no está permitida la interrupción de embarazo ni siquiera cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. En los hospitales no quieren intervenir para interrumpir esas gestaciones que no tienen posibilidad de que nazca una criatura con vida, hasta que deje de haber latido fetal. En ese proceso corre riesgo la vida de la mujer. Pero no les importa, como se refleja en el documental.
–Los relatos de las víctimas son impresionantes: se encuentran esposadas al despertar de su desmayo, tras haber perdido a su hijo o hija, maltratadas por la policía y en ocasiones, golpeadas.
–Es muy fuerte escucharlas. Porque da cuenta de un desprecio desde el Estado –porque esto sucede en la atención pública– sobre la vida y la salud de las mujeres. Hay todo un prejuicio y un estigma de que se trata de malas madres y por eso se las castiga con más peso.
–La policía las manda al hospital, pero no para que las atiendan sino para que se mueran ahí, por los golpes y lo delicado de su estado.
–En los hospitales las denuncian cuando ellas van a pedir atención médica, esa es la paradoja: no se respeta el secreto médico y llaman a la policía, que las esposa a las camas dentro de los mismos hospitales. El trabajo de la Agrupación Ciudadana ha conseguido, entre otros logros, que vaya cambiando esta cultura de la denuncia entre profesionales de la salud. Pero todavía persiste; de hecho la semana pasada fue condenada otra mujer, Esme, a 30 años de cárcel en circunstancias similares a las reflejadas en Cuerpos Juzgados. Apelarán la condena pero la mujer ha permanecido en prisión preventiva por dos años, lejos de una hija pequeña.
–Los abogados les cobran su servicio, y pocos días antes del juicio desaparecen.
–La ausencia de defensa es uno de los graves problemas. Todas son mujeres pobres. Y los defensores públicos no se comprometen con sus casos, por todo el estigma social que pesa sobre ellas. Ahora, como ya ha trascendido el trabajo de la organización feminista, las alertan profesionales de la salud sensibilizados con el problema o las propias familias, cuando se enteran de que se replican estas situaciones.
–¿Qué papel juega la Iglesia en esta política punitiva?
–Se trata de una sociedad en la que el catolicismo y las diversas iglesias evangélicas, conservadoras, que tienen mucha presencia territorial, tienen un peso muy fuerte. De ahí que socialmente se rechace en gran medida la posibilidad de interrumpir un embarazo, incluso cuando es producto de una violación. Y hay que señalar que la violencia sexual está muy extendida, muy naturalizada, sobre todo contra niñas y adolescentes.
–En El Salvador, a partir de ese trabajo articulado de la Agrupación Ciudadana con otras organizaciones, pudieron recuperar su libertad más de medio centenar de mujeres salvadoreñas que tenían condenas de hasta 40 años de cárcel en procesos judiciales iniciados por sospecha de aborto. Sin esa intervención feminista seguirían presas. El 30 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador en el caso conocido como “Manuela” por causas similares a las reflejadas en Cuerpos Juzgados. Y le ordenó una serie de medidas para evitar la repetición de los casos. Desde ese momento, varias mujeres recuperaron su libertad. Pero todavía hay algunas tras las rejas. Y se suma la reciente condena a Esme, la primera ocurrida bajo el gobierno de Nayb Bukele. Lamentablemente el panorama actual es muy crítico.
■
“En El Salvador no está permitida la interrupción de embarazo ni siquiera cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer.”