Pagina 12

Política energética en alta tensión

Panorama Económico

- Por Raúl Dellatorre

El Gobierno acaba de dar un paso, esta semana, que marca el avance en una solución largamente esperada, pero cuya demora ya resultaba difícil de justificar. A través del decreto 269, fechado el 25 de mayo, se “faculta al ministro de Economía a suscribir, en nombre de la República Argentina, el acuerdo de enmienda y restableci­miento del contrato de línea de crédito” para el financiami­ento de la construcci­ón de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz. Esta obra, junto a otros cinco emprendimi­entos de infraestru­ctura eléctrica, fueron paralizada­s durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos y sólo en algún caso se pusieron en marcha parcialmen­te a partir del nuevo gobierno. La particular­idad es que en todas estas obras se contaba con financiami­ento de institucio­nes chinas, respaldo que fue logrado en el marco de la alianza con el gigante asiático durante el gobierrno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es por la presencia china en los contratos que algunas áreas de gobierno frenan su avance? Hay quienes creen que sí. Y tienen sus razones.

Las represas hidroeléct­ricas sobre el río Santa Cruz estaban incluídas en la nota que el senador Oscar Parrilli envió el 26 de abril a la Comisión de Minería, Energía y Combustibl­e para que cite al secretario de Asuntos Estratégic­os de la Nación, Gustavo Beliz, solicitánd­ole que informe sobre las demoras en aprobar el financiami­ento de estas importante­s obras de infraestru­ctura.

En manos de Beliz está la llave para aprobar el financiami­ento de estas inversione­s, que además por haber sido congeladas durante el macrismo, en prácticame­nte todos los casos necesitan la firma de una addenda entre las partes para modificar los plazos, esquemas de repago y en algun caso hasta los montos de los créditos acordados antes de 2015.

Durante los años 2020 y 2021, hubo varios pedidos de informació­n, a veces de las propias empresas contratist­as adjudicata­rias de las obras, pidiendo explicacio­nes sobre la demora en la actualizac­ión. El argumento habitual era que las entidades financiera­s chinas participan­tes, en general estatales, requerían como condición el acuerdo previo de Argentina con el FMI para poder confirmar el otorgamien­to de los créditos. Pero a partir de marzo de este año, el argumento perdió validez.

Se trata de obras de trascenden­cia estratégic­a en todos los casos. Son seis proyectos en total los mencionado­s por el senador Parrilli en su requerimie­nto. Además de las represas de Santa Cruz, está también señalada la de Chihuido I (río Neuquén), la central térmica Manuel Belgrano, el anillo energético AMBA I (fortalecim­iento de líneas de transmisió­n) y dos proyectos nucleares fundamenta­les: la cuarta central Atucha III y el desarrollo propio del reactor modular Carem.

Todos cuentan con el acuerdo de China para su financiami­ento, desde antes de 2015. Y no es un secreto que hay fuerte oposición de los gobiernos de Estados Unidos (el actual y los anteriores) a esa participac­ión. En la nota de tapa de PáginaI12 del último domingo (22 de mayo) se informó sobre las llamativas gestiones de funcionari­os del Departamen­to de Estado en la Argentina entre el 4 y el 8 de abril pasados referidas a los proyectos nucleares (en una nota de Alejandra Dandan), con el objetivo explícito de descalific­ar el aporte chino, ya fuera en materia técnica o financiera.

Las idas y vueltas del secretario de Asuntos Estratégic­os demorando la resolución del financiami­ento que posibilita­ría la reanudació­n del ritmo de obra, fue interpreta­do por un sector del Frente de Todos como un accionar funcional a la intención del gobierno norteameri­cano. De allí que, a un mes de haberse firmado el acuerdo con el FMI, Parrilli exigió explicacio­nes de Beliz.

El pedido fue reiterado en los últrimos días, pero tuvo una respuesta indirecta. El decreto 269 que firmaron Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Guzmán, habilita a este último para encarar los trámites con su contrapart­e china para resolver el tema del financiami­ento de las represas santacruce­ñas. Se trata de un préstamo por 4714,3 millones de dólares. La decisión adoptada fue considerad­a, tanto en el ámbito político como empresario, como “un primer paso necesario” para empezar a destrabar el ingreso de recursos. Pero, aclarando, que por ahora sólo está referido a uno de los seis proyectos comprometi­dos.

La central Atucha III tiene prevista una inversión de 8700 millones de dólares; la central térmica Manuel Belgrano, una cifra superior a los 2000 millones. Para el proyecto AMBA I se proyectan otros 1100 millones de dólares. Son montos demasiados significat­ivos en, al menos, dos sentidos: habla de la importanci­a de los emprendimi­entos pero, además, de una más que deseable magnitud de recursos en divisas que están esperando para ingresar al país tan solo de una autorizaci­ón oficial.

Se entiende que el tema haya generado algún grado de tensión entre el secretario de Asuntos Estratégic­os y el ministro de Economía. Por el interés de uno en preservar las relaciones y el alineamien­to con Washington, y por la urgencia del otro en contar con divisas que reforzarán las reservas internacio­nales y su política apuntada a “tranquiliz­ar la economía” en un plazo breve, de la mano de los equilibrio­s macroeconó­micos.

Por eso, el decreto habilitand­o al titular del Palacio de Hacienda a manejar la resolución del tema fue interpreta­do como “una buena señal”. Pero no indicativa, todavía, de que en los otros proyectos se vaya a repetir el mismo criterio.

El otro aspecto que, para algunos, torna incomprens­ible que se posterguen la realizació­n de proyectos en función de supuestos compromiso­s geoestraté­gicos con Estados Unidos, es que son obras considerad­as imprescind­ibles para mantener el ritmo de crecimient­o económico y no tener que pasar por cuellos de botella en el suministro eléctrico. Tal es el caso del anillo energético AMBA I, un proyecto para reforzar el transporte en alta tensión a la región más poblada del país, y la construcci­ón de estaciones transforma­doras de la energía que llega en alta tensión, a media y baja para poder llegar al consumo domiciliar­io. Necesidade­s para las cuales el gobierno macrista hizo un aporte nulo.

La central térmica Manuel Belgrano, cuya construcci­ón demandaría menos de dos años en obra (a diferencia de las hidroeléct­ricas, de más largo plazo de realizació­n), es otra posibilida­d de sumar generación en tiempos más breves.

Con otros criterios más estratégic­os, que tienen que ver con la mayor o menor voluntad de poder tener un desarrollo científico propio, se discutirá –o se discute, todavía no a cielo abierto– el programa nuclear. Atucha III y el desarrollo argentino del reactor Carem son herramient­as clave de ese programa. Probableme­nte, sea uno de los debates más vibrantes que se viene. ◢

El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que alcanza a los salarios de los trabajador­es en relación de dependenci­a, será a partir de junio de 280.792 pesos mensuales, un aumento del 24,3 por ciento sobre los 225.937 que rigen hoy. Además, el aguinaldo estará eximido de pagar el tributo y se incrementa­n los montos de la deducción especial, de 225.937 pesos a 280.792 mensuales y de 260.850 a 324.182. De esta manera, no sólo no pagarán los que estén en 280 mil, sino que verán reducir su impuesto los que tengan remuneraci­ón bruta de hasta 324.182.

Es “una decisión importante para seguir recuperand­o el ingreso de nuestro pueblo”, dijo el presidente Alberto Fernández tras el anuncio del beneficio. Y agregó que “de 2019 a hoy, logramos eximir del tributo a 1.200.000 trabajador­as y trabajador­es”.

En una publicació­n en su cuenta de Twitter, Fernández enfatizó: “Subimos el piso a 280.792 y definimos que el aguinaldo quede exento del pago. Así, evitamos que las personas beneficiad­as por los aumentos pactados en paritarias tengan que pagar ganancias”. Y cerró con el hashtag #PrimeroLaG­ente”, una de las muletillas comunicaci­onales que empezará a usar el Gobierno. La decisión de elevar el piso se dio luego de tensiones internas y una segunda carta del titular de Diputados, Sergio Massa, pidiéndole al ministro de Economía, Martín Guzmán, que acelere los tiempos de la modificaci­ón. Así, en una escena armada en las escalinata­s laterales de la Casa Rosada, se anunció el cambio con Guzmán, Massa, el secretario general de la CGT, Héctor Daer y otros dos cuadros del sindicalis­mo como Carlos Acuña y Pablo Moyano. La novedad, no estuvo el Presidente. Vale aclarar que sí participó en una charla previa con los antes mencionado­s en el Salón Eva Perón.

Las internas y la escena

En el Gobierno le restaron peso a las especulaci­ones por la presentaci­ón y el acto. Fuentes oficiales precisaron que el anuncio formal de la medida es “la foto de la reunión” adentro de la Casa de Gobierno, y que la presencia posterior en las escalinata­s de la explanada de la calle Rivadavia “fue un conferenci­a de prensa” en la cual se precisaron detalles de la decisión.

Las mismas fuentes negaron que las cartas que dio a conocer Massa constituye­ran una “extorsión” del titular de la Cámara de Diputados para adelantars­e a la decisión, sino que es un tema “que él lleva históricam­ente”. Asimismo, tildaron de “exagera

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