Maduro rechazó el informe de la ONU
Una misión internacional señaló que se está reactivando “la modalidad más violenta de represión” contra los opositores.
El gobierno de Venezuela tildó de mentiras y “acusaciones infundadas” las declaraciones de la “ridícula” Misión Internacional Independiente de la ONU para ese país que fueron emitidas ayer. La misión comandada por la portuguesa Marta Valiñas indicó que se está reactivando “la modalidad más violenta de represión” con detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones, en plena campaña electoral rumbo a las presidenciales de julio.
A través de un comunicado el Ejecutivo venezolano rechazó, “de manera contundente”, las declaraciones “emitidas por la falsa y vergonzosa” misión en la presentación de un nuevo informe de Naciones Unidas. Caracas señaló que dicha misión fue “promovida por el fracasado Cartel de países que se ensamblaron en el llamado Grupo de Lima, constituido por gobiernos de ultraderecha, que fueron uno a uno echados del poder por sus pueblos y que hoy en día son un mal recuerdo en nuestra región”.
“La mayoría de esos gobiernos tienen cuentas pendientes con los derechos humanos, las cuales no han sido evaluadas por el sistema cómplice y politizado que, lamentablemente, hoy se enfoca exclusivamente en atacar gobiernos y pueblos soberanos”, advirtió el gobierno de Venezuela, agregando que el mundo “ha sido testigo hoy de una de las páginas más vergonzosas en materia de derechos humanos”.
La administración de Nicolás Maduro acusó a la misión de la ONU de emitir “juicios parcializados con fines meramente políticos” y de ser “cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela” y que, “reiteradamente, han exhibido planes de asesinar” al mandatario Nicolás Maduro y “causar caos y destrucción a su pueblo”.
Por lo tanto el gobierno de Maduro instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado” el país y que “utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica”.
“Venezuela no acepta ni aceptará ninguna medida que se desprenda de este adefesio, presentado ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo palestino”, aseguró el Ejecutivo, que reiteró su compromiso con la “promoción, respeto y protección” de los derechos humanos “como un valor supremo”.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las autoridades venezolanas “invocan conspiraciones reales o ficticias para
amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno”, y señaló que se pasó a un período más violento para “silenciar las voces” del antichavismo “a cualquier precio”.
Además alertó de acciones que “ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos”, entre las que mencionó la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, elegida candidata de la principal alianza opositora.
Ayer el fiscal general, Tarek William Saab, informó la detención de Henry Alviárez, coordinador nacional del partido Vente Venezuela, por planear “acciones violentas” para “forzar” la inscripción de la candidatura de Machado de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Valiñas resaltó que en enero de
2024 Maduro pidió “activar la Furia Bolivariana” tras asegurar que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarlo u organizar golpes de Estado, y que la Fiscalía General dio entonces a conocer la mencionada Operación Brazalete Blanco, una de las supuestas tramas para terminar con la vida del presidente.
También llamó la atención sobre las órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas líderes opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López, por su presunta vinculación con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.
Valiñas remarcó que ese mes, poco después de que tanto la misión que preside como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaran su preocupación por la activista Rocío San Miguel, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica de la citada oficina y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La jefa de la misión que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá agregó que junto a San Miguel documentaron casos de 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” para derrocar al gobierno. Organizaciones no gubernamentales pidieron la extensión por otros dos años del trabajo de la misión que culmina en septiembre de este año.
En su turno para la réplica, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra señaló que “Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo”.
“Pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible”, agregó un representante de la delegación en alusión al trabajo de una misión, y advirtió que a su juicio “apela a fuentes anónimas e incluso inventadas”.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó la detención de Henry Alviárez, coordinador nacional del partido Vente Venezuela.