El uso del dolor ajeno como vendetta personal
La ministra acusó al exsecretario de Derechos Humanos por haber asumido ante la CIDH la responsabilidad del Estado en el caso de Santiago Maldonado. La respuesta de Pietragalla.
“sanciones económicas para la Argentina y en darles una indemnización a los familiares”. “Crearon un curro con los derechos humanos hasta el punto de traicionar a nuestro país”, se despachó. Además de tratarlo de traidor a la patria, escribió: “Pietragalla, la verdad ya está dicha”.
Cualquiera que haya seguido el derrotero judicial del caso sabe que “la verdad” no está dicha. La causa no está terminada. En los dos fallos en los que el juez de primera instancia Gustavo Lleral intentó clausurar el expediente, dijo que no había delito y que los gendarmes que aparecían señalados no tenían ninguna responsabilidad. En la causa queda la vista que Maldonado desapareció en medio de una cacería de la Gendarmería, que tenía orden de desalojar la ruta 40 pero no de ingresar al predio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde estaba el joven. Tanto la querella de la familia
Maldonado como las otras, así como la fiscalía, apelaron y la revisión está ahora en la Cámara de Comodoro Rivadavia. Vale recordar que el primer juez que actuó por casi dos meses, Guido Otranto, fue separado por “temor de parcialidad”.
Ante la CIDH
Durante el gobierno anterior, la gestión de Pietragalla en Derechos Humanos había decidido asumir la responsabilidad del Estado en un proceso que buscaba un acuerdo de “solución amistosa”, pero Bullrich quiere guerra. El exfuncionario asumía violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Había planteado la afectación del principio de imparcialidad y el derecho a una tutela efectiva” en perjuicio de la familia, desde el gobierno y el juzgado.
Señaló ante la CIDH “las irregularidades del operativo de la
Gendarmería Nacional Argentina (GNA) del 1º de agosto de 2017”, señaladas en un informe del Ministerio de Seguridad en la gestión de Sabina Frederic; “el fallecimiento de Santiago Andrés Maldonado en el contexto de ese operativo”; “las deficiencias constatadas en las tareas de búsqueda, la afectación del principio de imparcialidad, la violación del derecho a la protección judicial efectiva, la obstaculización de las autoridades políticas del momento y las deficiencias en la investigación administrativa abierta en el ámbito de la GNA”, “todo en perjuicio de la víctima y sus familiares”; y “el trato dispensado a la familia de Santiago Maldonado y a la memoria de este último, principalmente mientras permanecía desaparecido”.
Pietragalla había aludido a “ataques masivos y mentiras difundidas a través de medios y redes sociales” desde el gobierno de Mauricio Macri; a que “las autoridades ocultaron pruebas, como la nómina completa de las y los gendarmes que participaron del operativo” y que “no se indagaron en profundidad líneas de investigación como la que implicaba al jefe de Gabinete de Asesores de la entonces Ministra de Seguridad de la Nación”, Pablo Nocetti, “en la conducción operativa de la incursión” de Gendarmería.
Sobre las pistas falsas sembradas entonces por el Ejecutivo, repasó: la que decía que un “puestero” de Benetton había acuchillado a Maldonado cuando intentaban incendiarle la casilla varios días antes del operativo y que no estaba en Cushamen, algo descartado por un análisis de la UBA; se dijo que estaba en Chile, o que había sido visto en San Luis o El Bolsón, y hasta que en Entre Ríos había muchas personas parecidas a él. Todo apuntaba a generar sospechas sobre la víctima. Otro tema denunciado: no hubo medidas de cuidado y protección a la familia de Maldonado, “por el contrario, las máximas autoridades del gobierno reprodujeron públicamente esa crueldad infinita”. El juzgado los relegaba y se enteraban novedades por los medios.
La ministra acusa a Pietragalla de “aseverar hechos falsos y ocultar los auténticos”; remarca la “inexistencia de una desaparición forzada” y que la Cámara de Comodoro Rivadavia “lo descartó”. Para ella, la responsabilidad de GNA fue también descartada por “la actuación judicial”; defiende al juez Lleral y señala que, en base a un peritaje con la participación de 55 personas, se determinó que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y por “un cuadro de hipotermina”, no medió violencia ni el cuerpo tenía heridas, lo que ella traduce como que se ahogó solo. “Nadie fue penalmente responsable de la muerte”, “se ha podido dar con la verdad”, afirma como si fuera un caso cerrado. También dice que es falso que haya habido “hostigamiento a la familia” se le haya impedido participar en la causa. La propia denuncia reconoce que el delito de “traición a la patria” está previsto en contextos de guerra, pero pide ampliar su interpretación.
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, señaló a PáginaI12 que el reconocimiento de responsabilidad del Estado nacional “se conoce por lo menos desde noviembre de 2022”. “¿Por qué lo hacen público ahora? Es en el marco de la reivindicación de la dictadura y un 25 de marzo. Lo cierto es que ni Pietragalla ni el Estado reconocieron la desaparición forzada sino que no hubo una investigación diligente y se incumplieron estándares internacionales ante una denuncia por desaparición forzada. Esto demuestra la falsedad de la denuncia”. “Siguen obstaculizando la investigación y esto lo muestra que estamos esperando una resolución de la Cámara sobre nuestra apelación (ante el segundo cierre de la causa). Es el mismo tribunal que, contra lo que dice Bullrich, derogó la afirmación de que Santiago se ahogó solo y mandó a profundizar la investigación, algo que no se hizo”. 26 03 24 PI12
“Nunca dijimos que fue una desaparición forzada sino que la Justicia no aplicó el protocolo y la familia fue estigmatizada.”