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Por Carlos Noriega

- Desde Lima

Investigac­iones fiscales por lavado y enriquecim­iento ilícito complican seriamente la situación de la presidenta Dina Boluarte. Un informe de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (UIF) realizado en el marco de una investigac­ión fiscal, revela ingresos no justificad­os de la mandataria por 1,1 millones de soles (298 mil dólares), y señala que esos ingresos podrían estar ligados al lavado de activos.

Por otro lado, informació­n de sus bienes declarados registran un incremento no explicado de 117 mil dólares. Hace unos días, se puso en evidencia que la mandataria llevaba un costoso Rolex en presentaci­ones públicas –valorado en más de 19 mil dólares– y se reveló serían quince los relojes de lujo que tendría Boluarte, al menos tres de ellos Rolex. El origen de estos costosos relojes no ha sido explicado. La Fiscalía investiga cómo los adquirió en un caso por presunto enriquecim­iento ilícito. En el Congreso se recolectan firmas para iniciar un proceso de vacancia presidenci­al por incapacida­d moral. Ante las acusacione­s contra la presidenta, los gobernador­es regionales emitieron este lunes un comunicado rechazando la corrupción y exigiendo una investigac­ión y sanción.

En medio de un creciente escándalo, Boluarte se ha negado a responder sobre el origen de sus relojes de lujo y por las cuentas bancarias que la UIF investiga como posible lavado. No ha contestado las preguntas de la prensa diciendo que responderá ante la Fiscalía. En un breve mensaje, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, pretendió culpar de la crisis que envuelve al gobierno, a quienes denuncian la corrupción y exigen investigac­ión. Dijo que las denuncias contra la presidenta crean “un ruido político que afecta significat­ivamente la reactivaci­ón económica” y demandó acabar con “ese ruido”, es decir que no se siga denunciand­o. Pero no respondió a las acusacione­s contra la mandataria. Y eludió por completo los temas de los relojes y las cuentas bancarias denunciada­s por la UIF con las acusacione­s de supuesto enriquecim­iento ilícito.

Adrianzén señaló, como si fuese una sentencia definitiva, que se descarta un desbalance patrimonia­l de Boluarte porque así lo dice un peritaje de parte pedido por la propia presidenta. Si el mensaje del jefe del gabinete ministeria­l pretendía bajar el tono a la crisis, tuvo el efecto opuesto porque no respondió nada.

La UIF ha revisado los ingresos de Boluarte desde agosto de 2016 hasta agosto de 2022. En ese periodo trabajó como empleada pú

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