Dina Boluarte, investigada por enriquecimiento ilícito
La Unidad de Inteligencia Financiera la tiene bajo lupa por lavado de activos y la fiscalía, por quince relojes de lujo que no se condicen con su sueldo.
blica de mando medio y desde julio de 2021 fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En esos años, según el reporte de la UIF, Boluarte recibió cerca de 300 mil dólares en once cuentas bancarias, cuatro de ellas compartidas con otras personas. En ese periodo, Boluarte tenía un sueldo de 1200 dólares como empleada pública y después de 8 mil dólares como ministra. En esos años también fue tesorera de la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo en 2021 y candidata sin éxito al Congreso en 2020 y a la alcaldía de un distrito de Lima en 2018. La UIF indica que la información económica declarada por la presidenta no sustentaría los montos recibidos en esas cuentas y advierte que estas operaciones financieras “podrían estar ligadas al delito de lavado”. La UIF también considera sospechosa la compra en 2018 de una camioneta en 25 mil 990 dólares pagada por Boluarte con un depósito en efectivo. El informe indica que se desconoce el origen de dichos fondos.
Los funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones juradas de ingresos y bienes. En el rubro “otros bienes”, que no incluye viviendas y vehículos, Boluarte ha tenido un incremento que, según las autoridades que la
investigan, no guardaría relación con sus ingresos. En julio de 2021, al asumir como vicepresidenta y ministra, declaró 160 mil 415 soles (43 mil 590 dólares) como “otros bienes”. Y en 2023, ya siendo presidenta, cargo que asumió en diciembre de 2022 luego de la destitución
de Castillo, la cifra se elevó a 593 mil 347 soles (161 mil 235 dólares). Estas cifras se refieren a lo declarado por la propia Boluarte. En ese incremento no estarían los relojes de lujo descubiertos por la prensa, que no habrían sido declarados. Como presidenta, Boluarte
gana 4 mil 300 dólares al mes.
Boluarte tiene otra investigación fiscal por la muerte de 49 personas en la represión a las protestas contra su gobierno de fines de 2022 e inicios de 2023. En esas movilizaciones en distintas regiones del país las fuerzas de seguridad dispararon contra la población. Boluarte justificó, aplaudió y alentó esa represión. A pesar de la gravedad de los cargos, la derecha que controla el Congreso evitó su destitución por esta acusación en un proceso de vacancia presidencial promovido por la oposición de izquierda.
Ahora, esa derecha podría salvar nuevamente a Boluarte en el Congreso. Sin embargo, si el escándalo de corrupción sigue creciendo, la coalición autoritaria de restauración conservadora entre Boluarte y la mayoría parlamentaria podría quebrarse, no por un interés de sus aliados de derecha de enfrentar la corrupción, sino por su preocupación por el impacto que defenderla de esas denuncias podría tener en sus agrupaciones ya bastante desprestigiadas.
En sus declaraciones, algunos voceros de la derecha parlamentaria han intentado desmarcarse de la presidenta en este caso, pero no han respaldado el pedido de destitución en el Congreso. Más allá de lo que ocurra en un Congreso muy
Boluarte tenía un sueldo de 1200 dólares como empleada pública y luego 8000 como ministra. Su capital no condeciría con sus ingresos.
desacreditado –tiene 6 por ciento de aprobación– la investigación fiscal que compromete a Boluarte sigue adelante. Esta investigación tiene contra las cuerdas, sin capacidad de respuesta, a una presidenta con apenas ocho por ciento de respaldo.