Violación del derecho internacional
Desde que los cárteles transnacionales de la droga penetraron sus fronteras, Ecuador no era un país seguro para nadie. Ahora tampoco lo es una embajada y la pequeña porción territorial que representa. La de México en Quito, en este caso. Ni en pleno desarrollo del Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras del Cono Sur se vio la irrupción de policías encapuchados a la caza de un asilado político en una sede diplomática. “Fue un acto de suma gravedad institucional y política. Y extraño que lo haya llevado a cabo un gobierno legítimamente elegido infringiendo las leyes internacionales sobre asilo” le dijo una fuente diplomática a este cronista.
La detención del ex vicepresidente Jorge Glas (foto), condenado por corrupción en Ecuador –cumplió cinco años en prisión entre 2017 y 2022 y salió por una cautelar–, tuvo ribetes de serie televisiva. Permanecía en la embajada desde el 17 de diciembre de 2023, pero recién el viernes por la noche maduró la decisión de ir a atraparlo. Daniel Noboa, el presidente de derecha y heredero de un emporio bananero, respaldó el operativo en un comunicado. Esgrimió el polémico argumento de que el último y vigente proceso judicial contra Glas por peculado, prevalecía sobre su condición de asilado.
Sacado por la fuerza y esposado de la embajada, el ex vice de Rafael Correa y Lenin Moreno terminó alojado en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. La violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que cometió el gobierno de Noboa recogió críticas casi unánimes en toda la región. Desde Colombia, Cuba y Venezuela –los primeros países en pronunciarse– hasta la cancillería argentina condenaron lo sucedido. Nicaragua incluso dio un paso más. Rompió relaciones con Ecuador. El precedente del operativo en Quito supera todo lo que se había visto hasta hoy.
Ni la dictadura genocida del ’76 que lideró Jorge Rafael Videla se atrevió a tanto con el expresidente Héctor Cámpora, asilado en la embajada mexicana en
Buenos Aires, tras el golpe de Estado del 24 de marzo. Su permanencia en la casona de la calle Arcos, del barrio de Belgrano, se prolongó por 43 meses hasta 1979. Tampoco llegó tan lejos el régimen de Jeanine Áñez cuando provocó el golpe contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. Una decena de ex funcionarios fue recibida en la legación mexicana en La Paz. Tropas especiales la sitiaron durante semanas pero no ingresaron como sucedió en Ecuador.
Los casos mencionados remiten a una larga tradición de asilo que mantiene México hasta hoy. Esa política cruza tres siglos. José Martí en 1875, Trotsky en 1937, 25 mil republicanos tras la guerra civil española, Fidel Castro después de la toma fallida del Moncada, el propio Cámpora perseguido bajo la figura de “delincuente ideológico” y los miles de exiliados argentinos y chilenos en los años ‘70, la premio Nobel, Rigoberta Menchú; Manuel Zelaya y Evo Morales, son los casos más célebres que recibieron la bienvenida en el país que preside Andrés
López Obrador. Ninguna nación es reconocida mundialmente por esa política sistemática de solidaridad, sin importar el momento histórico o de quién se trate. Aquella que quedó revelada, una vez más, con el asilo concedido a Glas y que la policía interrumpió de manera violenta, con empujones al responsable de la embajada, Roberto Canseco.
La decisión del gobierno ecuatoriano lo dejó huérfano de respaldos en la región. La mayoría de los países condenó el operativo para apresar a un asilado. Hasta se sumó la OEA, a menudo contradictoria o funcional a Estados Unidos. La excandidata presidencial de Ecuador por Revolución Ciudadana, Luisa González, tampoco se quedó corta. Pidió la renuncia de Noboa. El mismo país que le concedió asilo a Julian Assange por siete años en su embajada en Londres durante el primer mandato de Rafael Correa en 2012, acaba de embarrar su reputación internacional.