La política negacionista que entusiasma a Pando
Luis Petri justificó el despido de quienes investigaban crímenes de lesa humanidad El ministro de Defensa dijo que los investigadores echados eran un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” en las filas militares. Cecilia Pando aplaudió la decisión.
vante para una investigación penal. Por lo tanto, darle publicidad puede afectar la marcha de la causa. Por ese motivo, son puestos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes que evalúan la información y determinan si adoptar medidas a partir de ella y, entonces, qué difusión darle”, explicaron a este diario.
Como denunciaron organismos de derechos humanos, la decisión de Petri persigue un objetivo: obstaculizar las investigaciones por crímenes cometidos hace casi 50 años. Los principales interesados en que no analicen la documentación militar son los imputados, por eso la decisión del ministro no solo fue celebrada por Pando sino también por los defensores de los represores.
Los despedidos del Ministerio de Defensa responsabilizan por la decisión al número dos de Petri,
Claudio Pasqualini, que fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Como tal, Pasqualini impulsó una ola “revisionista” dentro de la fuerza e impulsó la idea de la “memoria completa”, la consigna con la que los sectores proimpunidad respondieron al pedido de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos. Es también yerno de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén de 1976.
El regreso del pasado
El 20 de marzo, el ministro Petri estuvo en el Círculo Militar en una actividad centrada en la figura del coronel Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte pretenden que respondan exmilitantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Petri aprovechó el evento para decir que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas” por su actuación durante los años ‘70 y coronó la velada con la fotografía con Pando y las esposas de represores.
Petri viene haciéndose cargo de la reivindicación de las fuerzas que reclama la familia militar. Lo hace para congraciarse con esos sectores y porque él apunta a meter a los militares en la represión interna, una idea que ya fue denostada por la propia Villarruel. La reivindicación incluye, entre otras cosas, permitir que los condenados por crímenes de lesa humanidad sean homenajeados.
A fines de febrero se conoció que eso había sucedido con Horacio Losito, cuando visitó el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, Misiones. Losito tiene tres condenas en su haber –dos por 25 años y una perpetua–. Días después de que Milei y Villarruel asumieran, Losito fue beneficiado con la libertad condicional. Eso no implica que no esté condenado por secuestrar, torturar y desaparecer. Sin embargo, desde Defensa hicieron la vista gorda cuando se difundió que fue recibido con honores.
El TOF de Resistencia le dio un espaldarazo a Losito ante los reclamos de los fiscales y las víctimas: dijo que en Apóstoles habían seguido los procedimientos para recibir a excombatientes de Malvinas –Losito integró la Compañía de Comandos 602 junto al padre de Victoria Villarruel– y que no puede limitarle el ingreso a un predio donde presta servicio su hijo.
A nivel ministerial, no queda claro si sigue vigente la resolución 506/2007 por la que Nilda Garré había vedado los homenajes a quienes atentaron contra el orden constitucional o fueron parte del terrorismo de Estado. Además, trascendió, a través de la Unión del Personal Militar Asociación Civil, que el Ejército modificó sus protocolos para rendirles honores fúnebres a quienes mueran y no tengan sentencia firme –es decir, que sus casos estén siendo revisados en Casación o en la Corte.
La otra pata a la que está dedicado el Ministerio de Defensa es a atender los reclamos de quienes están detenidos por crímenes de lesa humanidad. Como reveló este diario, hubo funcionarios de la cartera que conduce Petri que fueron a la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo a entrevistarse con los represores que están allí. Uno de los enviados fue Lucas Miles Erbes, el director nacional de Derechos Humanos del ministerio. Es el mismo que anunció los despidos de los especialistas en el análisis de archivos.
Los funcionarios de Defensa se entrevistaron, entre otros, con el exintegrante de la Policía Federal Mario Sandoval –condenado por el secuestro de Hernán Abriata–, Julio Simón –cuyo caso derivó en la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– y Juan Daniel Amelong, el represor de Rosario que fue reivindicado como una “víctima” por parte de Villarruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi.
La decisión de Luis Petri persigue un objetivo: obstaculizar las investigaciones por crímenes cometidos hace casi 50 años.