Por Matías Ferrari
◢Maritza Garcia tiene 63 años, vive en una pensión de Constitución y se dedica a la venta ambulante. A mediados de 2022 viajó a República Dominicana, su país de origen, para no perderse el velorio de su sobrino, Daury, de 23 años, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos. Xoana Valiente vive en Escobar y trabaja como cartonera en la cooperativa de trabajo “18 de abril”, y es militante del Movimiento de Ttrabajadores Excluidos (MTE). En mayo de 2023 la invitaron a participar de un congreso latinoamericano de recicladores urbanos, organizado en Bogotá, Colombia, adonde viajó gracias al aporte de sus compañeros. Rosa Pizarro realiza tareas comunitarias en la “Casa Pueblo” del barrio Carlos Gardel, en Morón. En julio de 2023 tuvo que regresar de urgencia a Perú porque su papá, que se quedó a vivir en aquel país, había sido internado de urgencia. Las tres tienen en común algo más que su pertenencia a las organizaciones de la Economía Popular: el Gobierno decidió darlas de baja del programa Potenciar Trabajo, el principal plan social del país, con la excusa de que sus viajes al exterior son una supuesta prueba irrefutable de que dejaron de ser pobres.
Las historias de Maritza, Xoana y Rosa –entre muchas otras más– forman parte de un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el que se denuncia que las más de 22 mil bajas que decretó el Ministerio de Capital Humano en febrero de este año fueron irregulares, dado que los viajes a países limítrofes no estaban considerados como una “incompatibilidad” a la hora de percibir el beneficio. Además, exponen con claridad que los viajes no supusieron en absoluto que las víctimas de la poda hayan dejado de pertenecer a lo que en los términos burocráticos del Estado se conoce como “grupo de vulnerabilidad social”.
Desde que está vigente la Resolución 82/2024, que puso en marcha la última poda de beneficiarios del plan, las oficinas de la calle 25 de Mayo de la cartera que conduce Sandra Pettovello estallaron de personas haciendo reclamos, “en filita y con DNI en mano”, como había dicho la ministra que los iba a atender. Según pudo saber PáginaI12 en base a información interna del exministerio de Desarrollo Social, se debe que al menos un tercio de las suspensiones (más de 7 mil) se dictaron además de forma irregular, ya sea por mala praxis en el entrecruzamiento de datos o por simple malicia. En el listado de víctimas del recorte –al que también accedió este diario– figuran incluso casos insólitos, como duplicaciones de DNI y hasta cruces a países como