Los falsos argumentos para ajustar los planes
Al menos un tercio de las 22 mil bajas de planes por supuestos viajes al exterior se dieron de forma irregular. La UTEP presentó un amparo para revertir la medida.
Paraguay, Uruguay y Bolivia por pasos de frontera, con su sucesivo retorno al país luego de un par de días. Nada más lejos de las vacaciones de supuestos “piqueteros VIP” por Europa o el Caribe “con la plata de los contribuyentes” como quisieron vender el Gobierno y sus operadores mediáticos.
De hecho, la mitad de quienes fueron excluidos del beneficio –según el propio listado que elaboró la cartera de Pettovello– son personas migrantes, en su enorme mayoría de países limítrofes, lo que hace suponer que muchos cruzaron la frontera por tierra para visitar a sus familias por distintos motivos, como se explica en el amparo de UTEP. Algo que los funcionarios a cargo de ejecutar el recorte sabían de antemano, pero decidieron igualmente omitir el dato y no profundizar en las razones que llevaron a cada a uno a abandonar el país.
Es más, de las 22.500 personas que según Capital Humano viajaron al mismo tiempo que cobraran un plan, sólo 85 lo hicieron a destinos fuera de la región, algo así como el 0,38 por ciento del total de casos. Pero dentro de ese universo, inclusive, hay algunos errores flagrantes, como le pasó a Verónica Godoy –cuyo caso contó en este diario Laura Vales–, a quien le figura un supuesto viaje a Noruega que nunca hizo y que nunca podría haber realizado, porque ni siquiera tiene pasaporte.
El amparo de UTEP presenta otros casos más que dejan al descubierto la operación oficial para realizar la poda. A Juan Bautista Nehin Castro, por ejemplo, le dieron la baja por un viaje a Escocia en el que acompañó a su hermano Juan Pablo, que juega en la selección argentina de fútbol para sordos y participó de un torneo internacional. Juan Bautista es su intérprete en Lengua de Señas, y todos los costos del viaje lo asumieron
familiares y amigos del equipo.
Por ese tipo de desaguisados, la cartera de Pettovello ya tuvo que dar marcha atrás con algunas de las bajas –algo que ya le había sucedido con otra poda a mansalva anterior, en enero, por motivos de “trabajo formal”– pero el grueso se decidirá a partir de presentaciones judiciales individuales de los perjudicados por la resolución en cuestión o por la medida de las organizaciones, cuyo expediente espera todavía ser tratado por alguno de los juzgados del fuero Contencioso Administrativo, que por ahora no tomó la causa.
De todos modos, la medida de UTEP apunta a que al momento de las bajas, los viajes a países limítrofes no formaban parte de los causales de suspensión, por lo tanto deberían ser revisados en su conjunto. Por las dudas, el Gobierno decidió incluir ese causal
de suspensión en el nuevo diseño del programa, que entró en vigencia la semana pasada.
Recortes al voleo
En el origen del desaguisado está la denuncia penal que presentó en 2022 el entonces diputado nacional y actual ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, por supuestas irregularidades en el manejo de los planes por parte del gobierno anterior. La causa la tomó el fiscal Guillermo Marijuán, que primero difundió una lista de supuestos beneficiarios que habían comprado dólares –una lista inflada, tal como reveló este medio–, y siguió con otros fraudes aparentes, entre ellos los viajes al exterior, que derivó en una primera poda que llevó adelante la exministra Victoria Tolosa Paz.
Esas bajas –y las actuales– se hicieron en base a un cruce con datos de la Dirección Nacional de Migraciones que habían sido solicitados por la fiscalía de Marijuán. Los datos se cruzaron con el listado de beneficiarios del plan, y para el Ministerio fue suficiente para avanzar en el recorte, sin hacer un estudio a fondo de cada caso. Por lo que si efectivamente hubo algún fraude en el medio, terminaron pagando justos por pecadores, sin ningún tipo de rigurosidad en el manejo de datos sensibles de la población.
Para colmo, la gestión de Pettovello fue más allá y le envío los resultados del entrecruzamiento al fiscal Eduardo Taiano y también al propio Marijuán (en su condición de titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social) para que profundicen en la averiguación de los delitos de “defraudación a la administración pública” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” de la gestión anterior.
Al respecto, el amparo de UTEP destaca que las bajas se dieron “de forma genérica y entendiendo muy livianamente” dado que según Pettovello “un viaje a otro país, que podría haberse obtenido de un cruce de datos con Migraciones, constituye causa suficiente para a la pérdida de condición de vulnerabilidad”. Y advierte que la poda se realizó “sin cumplir con las formalidades de la administración pública”, las cuales “deberían ser mucho más rigurosas al momento de restringir derechos, sobre todo cuando se trata de primera necesidad”.
La mitad de los suspendidos son migrantes que cruzaron la frontera por apenas unos días, un dato que las autoridades omitieron.