Definen el procesamiento de Gils carbó antes de octubre
el juez debe resolver la situación de la procuradora por la compra de un edificio, en la que se pagaron comisiones millonarias.
una visita previa al edificio de la procuración complica más a Gils Carbó.
La suerte judicial de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se definirá en las próximas semanas. Una visita al edificio que compró la Procuración y por el que se pegaron generosas comisiones comprometería a la funcionaria. Su presencia en la sede de Perón 667 un mes antes del llamado a licitación parece clave para los investigadores judiciales a la hora de pensar en su procesamiento.
En el horizonte asoman los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública o defraudación al Estado. Por ahora, el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, analiza las pruebas y resolverá su situación antes de las elecciones.
Otra causa también aguarda definiciones: es la que analiza si la procuradora terció para que excluyeran a Lázaro Báez de un dictamen inicial en la causa por la ruta del dinero K. La UIF pidió allí su indagatoria, aunque pelea en la Cámara de Casación su rol de querellante.
Pero el futuro de Gils Carbó no se analiza sólo en los tribunales federales. En paralelo, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssial se hizo cargo del expediente en donde se analiza si hace falta un juicio político para remover a un Procurador General. El Gobierno ya dejó asentado en la causa que no sería necesario recurrir a un proceso que se ventile en el Senado, con una mayoría de las dos terceras partes. Gils Carbó, en cambio, sostiene que su cargo debe equipararse con el de un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
El edificio. El 31 de agosto pasado, Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las generosas comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración. Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación. Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.
Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo, y que no hubo perjuicio para el Estado.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que un detalle la complicaría en el expediente: ella misma admitió haber visitado el edificio de la calle Perón en febrero de 2013, mientras conseguía que el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, subiera a $ 40 millones el presupuesto. En marzo, se firmó el pliego de licitación para adquirir el edificio, flexibilizando requisitos anteriores.
Aunque en su indagatoria la funcionaria justificó esa situación, los investigadores judiciales habrían puesto la mira en esa circunstancia. La definición de Ercolini llegaría en menos de un mes. El defensor de Gils Carbó, Alejandro Rúa, insistió en negar sospechas. “No sólo visitó el edificio de Perón sino otros más –dijo a PERFIL–. Era una práctica habitual, que ya se hacía en la gestión anterior. Ella explicó cómo se sucedieron las cosas, salvo que quieran sacarlo de contexto”.
Adelantándose a su suerte, Gils Carbó minimizó su situación apenas la llamaron a indagatoria a los tribunales federales de Comodoro Py. “Me sorprende cómo se rasgan las vestiduras, (Mauricio) Macri asumió procesado”, había dicho a PERFIL.
Sus allegados sostienen que, lejos de rendirse, la procuradora está decidida a seguir dando batalla.