Derribando mitos
La lectura del impacto que tienen las reformas impositivas (nacional y provincial), de acuerdo con el segmento social al que más afectan, derriba algunos mitos.
El primero: aquel que supone que un gobierno que tiene su base electoral construida en las clases más acomodas gobernará para beneficiar a esos exclusivos intereses.
El segundo: el que nace del pensamiento imaginario según el cual los recursos del Estado son “infinitos” y a la hora de pagar las facturas hay solo dos salidas, la emisión monetaria (populismo) o el ajuste con costo social (neoliberalismo).
El tercero: el que se obstina en creer que el poder político se puede construir por fuera de los equilibrios sociales y simulando discursos en defensa de estos. Al final, definir quiénes “ponen la diferencia” para reconducir el desarrollo es lo único que construye algunas certezas. Como dice el economista Guillermo Nielsen, las reformas que se pondrán en marcha significan un “impuestazo a las clases alta y media-alta”. Y eso no otorga ninguna consideración (positiva o negativa) especial hacia el Gobierno.
Es probable que las decisiones tomadas sean las únicas posibles en un país que tiene una deuda que llega a US$302.700 millones (58% del PBI para fin de año); 30% de pobreza; un crecimiento que no logra encarrerarse a un ritmo superior al 3% anual y arrastra el lastre provocado por una década de corrupción en la que se perdió, cuanto menos, un 2% del PIB (US$11.000 millones), según datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).