Una reforma política inacabada
La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz, quien la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro (UDC) que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombró una gran cantidad de empleados.
Por eso, el pueblo de Córdoba, en 2001, votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y como ya tiene la mayoría de las provincias argentinas. Ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001.
Ajuste de estructura. Por esta reforma se redujo el número de legisladores de 133 a 70, como así también de empleados y del presupuesto (entonces era de $46,3 millones y se bajó a $11,9 millones). Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto: un legislador elegido en cada uno de los 26 departamen- tos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en to- da la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema propor- cional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para las minorías (del 2%). A la vez, se incorporó el voto de preferencia, aunque nunca se reglamentó, con lo que se podía cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos.
Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987. También se establecieron las elecciones internas abiertas (lo que tampoco fue reglamentado) y el control de los fondos de los partidos (nunca bien implementado).
Asimismo, esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007, 14 partidos.
Vulnerabilidades. En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo reclamara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del cupo por sexos al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados sino por sexos, aunque saltearan a otros que estuvieran antes en las nóminas, lo que ya no solo cambia el orden de estas, sino que distorsiona la voluntad popular.
Por otro lado, en la Unicameral se aprobó un Reglamento Interno que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el cual los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que hizo que las iniciativas del Ejecutivo -que siempre tuvo mayoría en la Legislaturaentraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.
Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX. Así, se frustró el propósito del constituyente de redefinir este esquema para equilibrarlo sobre la base de un criterio regional y teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura y de comunicaciones, además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, quien, en algunos casos, debe atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados (como el de la Capital) y en otros, a una escasa población (como en Pocho y Minas).
A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos, su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que solo sirven para presentar candidatos en las elecciones o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.
Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EE.UU. es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.
“Muchos partidos se convirtieron en sellos que solo sirven
para presentar candidatos en elecciones”