Siguen las sospechas en torno a un exfuncionario municipal

En medio de la discusión por la licitación del servicio de recolección de residuos que tiene en vilo a un sector del empresariado, gremios y a la propia Municipalidad, en los últimos días surgió un rumor acerca del rol que un exfuncionario municipal estaría ocupando dentro del grupo Solvi-Caputo, una de las sociedades en carrera para quedarse con el servicio. Alberto Giménez -de él se sospecha- ya habría iniciado algunos contactos con el sector financiero y empresarial en nombre de la firma que disputa con Lusa y Cotreco, las actuales que apuestan a la renovación, para comenzar a hacer pie en la Docta.

Cabe recordar que la empresa, sobre la cual pesan dos denuncias en Brasil por supuestos delitos ambientales, tendría el respaldo sindical del gremio de Camioneros, cuya entidad no agrupa a los recolectores en Córdoba y esto alentaría además el malestar del Surrbac, sindicato de los que realizan el trabajo en la capital cordobesa. A propósito de esto, ayer se conoció que la concejala del socialismo, aliada por momentos al oficialismo municipal, Laura Sesma, elevará un pedido de informes para que el Municipio anule el convenio con el Surrbac. Entre la edila y el gremio liderado por Mauricio Saillén hay una disputa con varios capítulos. La concejala pidió que el intendente Ramón Mestre finalice el convenio colectivo que “desde hace cuatro años garantiza onerosos beneficios al Surrbac”.