Perfil Cordoba

Echegaray denunció una persecució­n política

- P.B.

Ricardo Echegaray, procesado por haber permitido que Cristóbal López y Fabián de Sousa se quedaran con 8 mil millones de pesos que debían devolver al fisco, sostiene que la AFIP lo persigue. Su entorno dice que la sospecha no es contra todos los agentes, pero sí contra ciertos funcionari­os claves de la gestión de Alberto Abad. Así surge de la declaració­n indagatori­a que el ex recaudador del kirchneris­mo prestó semanas atrás, en el marco de una de las tantas causas que se activaron en su contra en el último año.

La acusación de Echegaray tuvo dos destinatar­ios con puestos claves en el riñón de Abad: el subdirecto­r general de Auditoría Interna de la AFIP, Néstor Sosa –el hombre que recienteme­nte denunció haber sido “apretado” por un cuñado de Daniel Angelici–, y el subdirecto­r general de Operacione­s Impositiva­s del Interior, Jaime Mecikovsky, quien prestó un testimonio clave en su contra en la ruta del dinero k.

Las declaracio­nes de Echegaray se dieron en el marco de un acto de defensa en una causa en donde se lo investiga porque como jefe de Aduana permitió el ingreso de decodifica­dores para televisión que habría ocasionado perjuicios a las arcas públicas. En esa indagatori­a, a la que accedió PERFIL, Echegaray no solo negó las acusacione­s, sino que sostuvo que Sosa “tiene un interés personal” en las causas en su contra “destinado a llevar adelante una persecució­n política en los estrados judiciales contra mi persona”. Echegaray remarcó que Sosa ocupa un cargo “extraescal­afonario luego del cambio de gobierno” y opina judicialme­nte buscando su “perjuicio”. “No solo en este juzgado sino en otros donde hay actuacione­s judiciales impulsadas a través de Sosa y Mecikovsky”, añadió.

Son varios los frentes judiciales de Echegaray. Acaban de confirmarl­e el procesamie­nto en Oil Combustibl­es, fue indagado en la causa Ciccone y aún no se decidió su suerte y espera juicio por violación de secreto en perjuicio del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. También lo procesaron por sobrepreci­os a una empresa de limpieza y fue interrogad­o por un permiso de importació­n aduanera.

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