Aborto: gana terreno el proyecto cordobés
Los tres senadores impulsan un proyecto alternativo, que introduce modificaciones al texto aprobado por Diputados. Están a favor de la despenalización si se concretan algunos cambios.
En un contexto de paridad que anticipa también en el Senado una votación muy peleada sobre la legalización del aborto, el senador justicialista Carlos Caserio consideró que hay buenas chances para que avance el proyecto que presentarán esta semana los tres representantes cordobeses en la Cámara Alta. “Si el ‘sí’ tuviera los votos, evidentemente lo nuestro no prosperaría. Pero no creo que los tenga. Desde el primer momento pensé que tiene buenas posibilidades”, dijo el senador a PERFIL CORDOBA.
“Cuando ninguna de las dos posturas tenga mayoría necesariamente se van a sentar a hablar con nosotros, porque somos un grupo importante de senadores que no estamos con ninguna de las dos, para que encontremos un punto intermedio y que las cosas no queden así, pero tampoco se pase a un extremo que parece que la sociedad no estaría tolerando”, indicó a su vez Laura Rodríguez Machado, senadora de Cambiemos.
Y es que en forma transversal los tres senadores por Córdoba, Caserio, Rodríguez Machado y Ernesto Martínez (Coalición Cívica/Cambiemos), impulsan un proyecto alternativo que introduce modificaciones al texto aprobado por Diputados el 14 de junio.
Su objetivo es lograr la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo el 8 de agosto, sumando el voto de senadores que aún están indecisos pero que podrían apoyar la iniciativa al cambiar algunos de los aspectos incluidos en la media sanción, y en particular, varios de los que despertaron fuertes polémicas y rechazo en algunos sectores. La admisión de la objeción de conciencia institucional para las clínicas; la no penalización de los profesionales que obstaculicen o se nieguen a realizar abortos en los casos autorizados; el acortamiento del plazo de 14 a 12 semanas para interrumpir el embarazo, y la previsión de una partida presupuestaria para que la Nación financie una parte del gasto y que este no recaiga solo en las provincias, se cuentan entre las principales modificaciones que proponen los cordobeses aunque no las agotan, según puntualizó Rodríguez Machado. “Estamos a favor de la despenalización pero no con el despacho como salió de Diputados”, dijo la senadora, quien adelantó que en principio el proyecto se presentaría el martes o miércoles de esta semana, aunque tienen tiempo hasta el 1 de agosto para hacerlo. “Por ahora tenemos un borrador”, afirmó.
“Estoy totalmente convencido de que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer que no se le debe negar, además de que hay una dinámica social imparable”, indicó el senador Caserio. “Además, las mujeres que decidieron abortar lo hacen igual, y no queremos que mueran por esa causa. Es una garantía que debemos dar, porque al final la ley no obliga a nada”, afirmó.
“Estamos buscando salir de la grieta con un proyecto que baje el nivel de irritación. Algunos puntos no los hemos abordado pero no tenemos miedo de cambiar nada porque queremos que la ley salga”, añadió. Y agregó que podría haber más cambios o definiciones en función de las conversaciones con otros senadores. “Pero estamos por el sí en serio. No es que hacemos esto para que no salga”, aseguró.
En el caso de Martínez, entretanto, esta semana Luis Juez hizo pública una carta dirigida a él, en la que lo insta a votar en contra el aborto legal, en la que apela a la trayectoria política en común y también a la situación de su hija Milagros, que padece parálisis cerebral. El senador, hasta el momento, no se expresó sobre el pedido de Juez.
Precisiones sobre los cambios. Entre las modificaciones está la objeción de conciencia institucional (la media sanción solo permite la objeción a nivel individual). “Pero es solamente para las instituciones privadas y por ideario. No incluye la excepción por razones económicas”, precisó Caserio. Sobre la penalización de los profesionales que se nieguen a realizar los abortos legales, sostuvo que los médicos “no pueden sentirse perseguidos ni el tema debe ser judicializado”. “Por eso quitamos ese artículo”, sostuvo.
Caserio aclaró que la objeción institucional “no es para los hospitales públicos, que tienen obligación de cumplir la ley”, al tiempo que adelantó que también prevén que la norma sea de orden público, y que, por lo tanto, no requiera la adhesión de las provincias para garantizar su cumplimiento en todo el país.
Además, incluyen un cambio significativo en el plazo en el que las mujeres podrían solicitar un aborto legal, al bajarlo de 14 a 12 semanas. “¿Por qué? Por la misma razón que se dispusieron 14 semanas, en vinculación con la formación del sistema nervioso y el desarrollo del embrión. Es una decisión bastante arbitraria, pero nos pareció que 12 semanas inclusive es razonable y no cambia la cuestión de fondo. Además, en el 80 por ciento de los países donde el aborto es legal, se permite hasta las 12 semanas”, señaló.
Caserio precisó también que, en principio, ese plazo no incluye los abortos no punibles por embarazos producto de violación, cuando hay peligro para la vida o sa-