EE.UU. aplicaría sanciones
por su parte, acusó el jueves a los obispos, mediadores en la Mesa de Diálogo Nacional, de participar en un “golpe de Estado”.
La Conferencia Episcopal había propuesto adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, reformar la Constitución y la Justicia Electoral, controlada por el oficialismo. Tras la acusación de Ortega, la Iglesia guardó silencio. “Vamos a meditar las palabras del señor presidente y luego vamos a tomar una decisión”, expresó el cardenal Leopoldo Brenes, designado en 2014 por el papa Francisco. El divorcio de Ortega con la máxima jerarquía eclesiástica quedó evidenciado la semana pasada, tras el ataque a balazos de fuerzas policiales a una parroquia de Managua, donde estaban atrincherados 200 estudiantes. “No permitiremos que se criminalice el accionar de los obispos en su rol de mediadores y se les tilde de ‘golpistas”, respondió la Alianza en un comunicado.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980. Las protestas comenzaron el 18 de abril pasado, tras una fallida reforma a la seguridad social. Ortega, duramente cuestionado por miles de nicaragüenses, escuchó ayer una consigna que nunca imaginó en los 70 y los 80. En las calles de Managua atronó un grito unívoco: “Ortega y Somoza son la misma cosa”. Estados Unidos evalúa aplicar sanciones económicas a Nicaragua, aseguró ayer en Buenos Aires el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en medio de críticas de Washington a la violenta represión del gobierno de Managua a las protestas en su contra. “En general no comentamos sobre futuras sanciones, pero es razonable pensar que es algo que consideraríamos”, respondió el funcionario de Donald Trump antes del inicio de las deliberaciones entre ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Washington instó al gobierno de Daniel Ortega, un ex guerrillero de 72 años que gobierna desde hace once años de forma autocrática, y a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran grupos de la sociedad civil, a reanudar el paralizado diálogo que se inició el 16 de mayo.
Impulsada por Estados Unidos, la OEA condenó el miércoles pasado la represión de las manifestaciones y llamó al gobierno a acordar un calendario electoral con sus opositores. El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” para buscar que “Nicaragua regrese a la democracia”. Al ser consultado sobre si eso incluía una opción militar, respondió: “En este momento, no”. Azahálea Solís es abogada constitucionalista y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres. Integra el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que conforma la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y fue elegida como delegada en el Diálogo Nacional, que cuenta con la moderación de la Conferencia Episcopal. “Daniel Ortega quiere destruir el diálogo. El régimen intentará tres cosas: montar algún dialogo paralelo, desvirtuar el que ya existe, y desacreditar a los mediadores y a nosotros”, explicó a PERFIL.
—¿Cómo se llegó a esta situación crítica?
—Esto no surgió de la nada. Estamos hablando de un estilo de gobierno de once años, donde no hubo límites jurídicos ni políticos. Hubo un control paulatino de las instituciones, el régimen tiene sus propios sindicatos, sus propias instituciones sociales. Se perdió todo tipo de autonomía.
—¿Qué proponen para frenar este baño de sangre?
—Hay un consenso nacional de que nadie quiere que haya una guerra. Nosotros no tenemos precedente de luchas cívicas, sino de lucha armada. La guerra fratricida en los 70 y 80 dejó cien mil muertos. Nadie quiere eso. Hay que mantener la fuerza pacífica y cívica, pero también necesitamos el apoyo internacional. Aquí hay un genocidio. Que la izquierda de América Latina no tenga prejuicios, que condene lo que está pasando y se posicione del lado de los derechos humanos. Están matando a un pueblo desarmado. Proponemos que se adelanten las
Azahálea Solís es abogada constitucionalista y miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Integra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, una organización que se opone a Ortega y nuclea a estudiantes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
Denuncia un genocidio en Nicaragua y pide el apoyo de la comunidad inter- nacional.
Destaca el rol de la Iglesia en el diálogo y pide apoyo al
Papa.