Años de impunidad

Si bien la sospecha de comportamiento “no ético” de parte de Eduardo Brandolín, con supuesto perjuicio para el gremio de Luz y Fuerza de Villa María y para EPEC, nunca llegó a constituirse en una denuncia formal ante la Justicia, el atentado que sufrió quien investigaba esa sospecha sí reclamó –insistentemente– el accionar de los Tribunales. En casi diez años ni los fiscales Generales del período (Darío Vezzaro y Alejandro Moyano), ni dos de los tres fiscales que debieron instruir la causa (Daniel del Vö y Silvia Maldonado) llegaron a dar respuestas positivas, aún cuando “las pruebas existían”, según asegura el damnificado, Alejandro Roganti. “Brandolín tenía el poder económico suficiente para que los que debían hablar se callarán”, señala Roganti. Tampoco hubo una reacción en defensa del patrimonio de la EPEC de parte del entonces presidente de la compañía, Simón Dansenchich; y, en última instancia, tampoco la hubo de quien por aquellos años gobernaba la provincia, José Manuel De la Sota.