Se les tildó la compu
en las máquinas de todos ellos que suelen, o solían mejor dicho, tener una agenda muy activa en temas institucionales que se expresaba en una lluvia de comunicados condenatorios y al rescate de la República cada vez que se veían avasallados algunos de los valores básicos sobre los que debe funcionar un país. Al menos así era hasta el 10 de diciembre de 2015.
No puede ser otra cosa que un desperfecto técnico, si no, lo que explique que a nadie le haya dado “enviar” un sesudo mensaje pidiendo “una investigación profunda” respecto de los aportantes truchos en las campañas electorales que se revelaron como un modus operandi extendido también a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017. O rechazando metodologías que “ponen en riesgo la imagen del país para atraer inversiones”. O expresando una “fuerte preocupación ante los hechos de público conocimiento que esperamos que la Justicia aclare porque socavan la seguridad jurídica” y la mar en coche.
Sí, seguro los agarró la enésima actualización de Windows que te tiene todo el día la máquina inútil. Porque que lo que reveló la investigación del periodista Juan Amorín fue un golpe al más básico contrato electoral establecido por el oficialismo con sus votantes es algo tan evidente que algunos ejecutivos lo comentaban esta semana en el almuerzo convocado por el Club Rotary en un hotel céntrico o en el hiperconcurrido restaurante central durante la Exposición Rural. “Los falsos aportantes aparecen en todas la campañas, pero acá sorprenden porque Cambiemos era una fuerza con la bandera de la transparencia”, asegura Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, semillero del PRO, ya que por ejemplo allí trabajó Laura Alonso, la actual titular de la Oficina Anticorrupción.
Si bien puede caber también la hipótesis del virus, que les haya afectado los sistemas como pudo haberles pasado allá al comienzo del mandato de Macri cuando no pudieron condenar con “profunda inquietud, malestar o pesar” la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, quizás el primer gesto de que “la República me la soba” que hizo esta administración, tal vez haya otro motivo detrás del “tilt”. Todo el escándalo de los nombres de beneficiarios de programas sociales usados para atribuirle el aporte de fondos que jamás pusieron tiene una contracara aún sin respuesta: ¿quién puso la guita? ¿Será que muchas empresas que integran ese sellismo habrá puesto plata por debajo de la mesa que necesitaba ser justificada por unos cuantos habitantes de Villa Itatí, en Quilmes, entre otros cientos? Seguro que no. Seguro que fue el virus.
“En el último Coloquio en IDEA se presentó una iniciativa de las ONGs RAPP, Cippec, Poder Ciudadano junto a IDEA promoviendo legislación relativa al financiamiento de la política, para evitar que ocurran episodios como el que nombrás”, respondió un referente top del mundo gremial empresario ante el planteo del posible desperfecto informático que podrían estar atravesando. “En lo personal espero que esto haya creado el sentido de urgencia para aprobar esa legislación y, más importante, cumplirla”, añadió el número uno de un holding global a quien nadie podría endilgarle mala leche. De hecho, hace dos años, consultado acerca de qué había pasado con el rayo institucionalizador cuando se intentó poner jueces por fuera de los mecanismos establecidos y también se había trabado el mailing, había reconocido la doble vara del empresariado respecto de un gobierno que consideraban propio con una expresión de la esgrima: “Touché”.
Al margen de quién está detrás de los fondos que Cambiemos y otras fuerzas antes justificaban con aportantes truchos, es hora de que las empresas revisen cómo usan sus fondos por fuera del flujo de los negocios, ya sea al vincularse con la política o cuando hacen acuerdos de responsabilidad social con organizaciones de la sociedad civil. Un somero recorrido de los últimos años puede revelar que un sinfín de grandes corporaciones, desde el Banco Galicia, Fiat, Microsoft, Kimberly Clark, Carrefour, Puente, Banco Supervielle o el Grupo MetLife han solventado programas contra la desnutrición de la Fundación Conin, que ahora quedó bajo la lupa por los dichos antipreservativo de su fundador Abel Albino. Pero mucho antes de la alocución en el Senado ya era cuestionada hacía tiempo, entre otros, por la Sociedad Argentina de Pediatría, que advertía que la ONG acompañaba a familias vulnerables mientras les daba consejos de salud reproductiva que los volvían aún más vulnerables.