Entre el nacionalismo y la democracia
Los nacionalismos están en su apogeo. El adversario es ahora la globalización liberal, como antes lo fue el marxismo apátrida. El primer ministro Netanyahu no pudo sustraerse a esta tendencia que ha demostrado dejar buenos resultados en las urnas. El Parlamento israelí aprobó el jueves 19, por 62 votos a 55, la Decimocuarta Ley Básica (constitucional) denominada “Israel, la Nación Estado del pueblo judío”, compuesta por 11 puntos. El primero dice en su apartado A: “La tierra de Israel es el hogar histórico del pueblo judío, en la cual fue fundado el Estado de Israel”; el apartado B reafirma: “El Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío, en el cual satisface su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación”.
El contenido de esta ley responde a un avance de los sectores ortodoxos, con las negociaciones para el establecimiento de un Estado palestino. En un discurso pronunciado en la Universidad de Bar-Ilan en 2009, el primer ministro Netanyahu ya había declarado que solo aceptaría la creación de un Estado palestino con la condición de que asintiera que Israel es el Estado del pueblo judío. Estos términos fueron rechazados por el gobierno de Barack Obama, bloqueando una declaración unilateral. En cambio, el gobierno de Donald Trump desde sus inicios ha respaldado las posiciones del gobierno israelí, incluyendo el reconocimiento de Jerusalén como capital y culpando a la Autoridad Palestina de negarse a negociar después de que rehusara reunirse con el vicepresidente Mike Pence.
La ley enumera los símbolos del Estado, designa a Jerusalén como capital y al hebreo como lengua oficial; establece los feriados nacionales y los días de descanso. El punto 6 detalla las relaciones entre el Estado y los judíos de la Diáspora. El 7 indica que los asentamientos judíos tienen un valor nacional y que el Estado actuará para alentarlos y promover su consolidación y su creación.
Los términos de la ley fueron repudiados por los trece miembros de la minoría árabe en el Parlamento, que representan el 21% de la población. El Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe (Adalah) expresó que la ley contiene elementos de apartheid al establecer ciudadanos de primera clase con todos los derechos y otros de segunda clase. La comparación con la Declaración de la Independencia de 1948, que contiene párrafos asegurando la completa igualdad de derechos a todos sus habitantes, cualquiera sea la religión, raza o sexo, deja pocas dudas sobre los objetivos de consolidar un Estado con eje en la religión.
La relación entre Israel y el pueblo judío está tratada en el punto 6, dictaminando que el Estado deberá actuar para fortalecer las analogías y preservar el patrimonio cultural, histórico y religioso de los judíos en la Diáspora. La ley otorga al Estado el derecho de intervenir en la Diáspora como una extensión de sus facultades sin tener en cuenta que los judíos dispersos, si bien forman parte de la Nación, no son súbditos del Estado; Nación no es sinónimo de fronteras geográficas. Los nacionalismos intentan arrogarse la representación de ambos términos cuando están en el poder, confundiendo los significados. Los judíos en la Diáspora reconocen su origen y patrimonio y comparten una afinidad cultural incluyendo la religiosa, pero no tienen conexión política. Este punto podría interpretarse como un intento de imponer una determinada visión totalizadora desde el Estado, que siempre responde a una concepción ideológica.
Esta ley, cuyo proyecto era aún más contencioso, constituye un esfuerzo de la coalición gobernante liderada por el Partido del primer ministro Netanyahu para instaurar una visión teocrática del pueblo judío. Estos sueños de grandeza que aumentan en forma proporcional con la permanencia en el poder solo entorpecen los esfuerzos para encontrar la paz y hacer de la democracia un ejemplo en Medio Oriente.