Novedades y debilidades
La misión principal de las FF.AA. es el empleo contra las agresiones de origen externo. Se elimina que sea de “origen externo estatal”.
Se especifican cuatro tipos de operaciones militares, para las cuales se podrá adiestrar, equipar y capacitar a las FF.AA.: defensa de intereses vitales, misiones de Naciones Unidas, apoyo a la comunidad nacional e internacional, y apoyo a las actividades de seguridad interior según prevé la Ley de Seguridad Interior. En el régimen normativo anterior, solo se podía adiestrar, equipar y capacitar para la función principal y para una quinta que incluía la construcción de una fuerza subregional. Estaba prohibido para las de apoyo a la Seguridad Interior y solo con remanentes para las otras dos.
Se asigna a las FF.AA. la posibilidad de custodia junto a las Fuerzas de Seguridad, de objetivos estratégicos definidos por el Poder Ejecutivo.
Se suma a las misiones militares de alistar, adiestrar y sostener, todas las incluidas en el régimen normativo.
Se deroga como una de las operaciones a la construcción de una fuerza subregional.
No se construye con todas las fuerzas políticas. No atiende el problema actual de recursos.
Asigna nuevas funciones (custodia de objetivos estratégicos), cuando aún no pueden cumplimentar las primarias y esenciales.
Permite la posibilidad de subordinar las prioridades de la Política de Defensa a las de la Política de Seguridad en un contexto de escasez de recursos. Esto puede debilitar aún más la defensa.
es mejor contar con una Directiva de Defensa, al menos hay una hoja de ruta. Pero lo que hace la diferencia es las acciones que la acompañan y los recursos asociados a ella. Si no, es solo la expresión de voluntades. generación del conocimiento científico.
También resulta significativo subrayar que al derogar el Decreto 1691/06, se elimina una de las operaciones que se atribuían a la defensa nacional: participar en la construcción de un sistema de defensa subregional. Considerar la posibilidad de contribuir a una Fuerza Subregional, abre una puerta a compartir capacidades y apuntar a la alternativa de pararse en el mundo con nuestros vecinos de aliados. Claramente esto no formaría parte del proyecto nacional de este gobierno y queda la esperanza que la Directiva apunte al menos a fortalecer lo existente como la Fuerza Binacional Cruz del Sur con Chile.
Por otra parte, la derogación del Decreto mencionado diluye la diferenciación entre misión principal y misiones subsidiarias. El nuevo Decreto habilita que la planificación (adiestramiento, dotación de medios, capacitación) incluya estas misiones subsidiarias, quitándole prioridad a la función principal.
En consecuencia, acentúa la línea de posibilitar un mayor debilitamiento de la función defensa en favor de la política de seguridad. Ante recursos escasos, la priorización toma relevancia. Podrían elegirse militares más adiestrados para conducir medios logísticos de apoyo a las Fuerzas de Seguridad que soldados preparados para amenazas externas. Comprar un avión de transporte en lugar de un avión caza.
Logística. En relación a la Directiva de Política de Defensa Nacional, que anunció el Presidente y refirieron algunos funcionarios aludiendo a una reestructuración de las FF.AA., se deduce de sus expresiones y los trascendidos a la prensa que mantiene la línea de estos decretos en cuanto a reforzar la posibilidad de que el aporte de la política de defensa a la de seguridad en modo logístico se priorice, con las limitaciones legales incorporadas. Incluiría además, apoyo a la seguridad en las fronteras.
Habría referencias a un nuevo redespliegue y reestructuración, quizás necesario, pero poco creíble después de tantas veces anunciado. Cualquier cambio en ese sentido requiere, sostenimiento en el tiempo, financiamiento y amplia evaluación y consideración del impacto político y social de los cierres que se planteen. De lo contrario, volveremos a encontrar un conjunto de palabras que no tengan posibilidad de ponerse en práctica. Los decretos anteriores no lograron cambios concretos y transformadores en este sentido.
Basta recorrer las unidades, como la de ingenieros militares, que por falta de recursos tienen sus camiones sin salir, sus importantes maquinarias sin utilizar y por lo tanto, su gente sin adiestrar. Más que reestructurar hay que activar con financiamiento.
En todo caso, la Directiva de Política de Defensa Nacional, debiera superar el hecho de ser un conjunto de expresiones de deseo, como lo fueron las anteriores. Una verdadera política de Estado, debiera evaluar el cumplimiento de las anteriores y sobre esa evaluación, mejorar la nueva, en función de lo que falta y de nuevos rumbos si fuera necesario.
Se pierde, una vez más, la oportunidad de juntar a las fuerzas políticas del país para resolver nuestra defensa y su instrumento militar. No son cambios legales los que se necesitan, sino hacer la defensa parte de un proyecto nacional, darle sentido de propósito y recursos y medios adecuados a las amenazas del siglo XXI, respetando la vocación pública implícita en la profesión. Nada de esto existe, y se amontonan las normas sin lograr promover acciones que cambien la actual situación, que solo avanza hacia el deterioro.