Funcionarios declararán por el ARA San Juan
Cuatro funcionarios deberán explicar por qué el Gobierno quiso contratar a una empresa que no cumplía los requisitos básicos del Pliego de Bases y Condiciones para la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Así lo entendió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al refererirse a la frustrada contratación de Igeotest, la firma española del empresario argentino Marcelo Devincenzi, tal como denunció PERFIL en una serie de artículos a fines de junio.
En su escrito, el magistrado apuntó contra la comisión evaluadora de la contratación. Citó a Héctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, bajo la supervisión del capítán Pablo Alberto Longhi. Los dos primeros pertenecen a la Armada, otro a la Fuerza Aérea y el último es un civil perteneciente al Ministerio de Defensa, cartera que lidera Oscar Aguad. Hay un detalle simbólico que no fue seleccionado al azar por Martínez de Giorgi: las indagatorias comenzarán el 15 de noviembre, día en el que se cumple el primer aniversario de la desaparición del navío.
“Los funcionarios públicos recomendaron la adjudicación del servicio de búsqueda del submarino a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, sostuvo Martínez de Giorgi en consonancia con las medidas que había solicitado probar el fiscal Federico Delgado, casi cuatro meses atrás.
La investigación que publicó este medio detectó que en el portal COMPR.AR figuraba la licitación a favor de Igeotest Geosciences SL (empresa concursada en España) y luego Igeotest Geociencias y Exploraciones, SL. También, que no contaba con la maquinaria requerida para la misión ni la experiencia. Devincenzi lo calificó entonces de “errores infelices”.
La génesis de la causa se dio a raíz de una denuncia que presentó la abogada querellante Valeria Carreras, socia de Fernando Burlando. Para la letrada, “los procesamientos están al caer” porque “hubo un direccionamiento en el pliego ya que se modificaron datos del portal COMPR.AR. Hubo falsificación de instrumento público de aquellos que estaban a cargo de la selección y del cuidado del sistema. Consta en el expediente que el Ministerio de Defensa tiene la total responsabilidad de lo ocurrido. Para el juez y el fiscal hay indicios claros de que hubo un delito”.
La noticia sorprendió al Gobierno. Cercanos al despacho de Aguad se mostraron molestos con el juez: “Se trata de un error sumamente justificable. De todos modos, por supuesto que se deberán poner a disposición de la Justicia para dar todas las explicaciones necesarias. En la propia indagatoria podrán aclarar que fue un error debido a la homonimia de las empresas y que no hubo una intención dolosa”.
Por su parte, Luis Tagliapietra, quien continúa a bordo del Seabed Constructor rastreando al submarino, sostuvo ante PERFIL que “esto es evidencia de lo desastroso que es el Ministerio de Defensa, con Aguad a la cabeza, el cual debería ser el primero en ser indagado. La fecha elegida es un tanto desafortunada porque los familiares estaremos con distintas medidas de lucha y eventos. Quizás sea una medida de distracción o para que pasen desapercibidas”.