“Volvemos al pasado con dos malas medidas”
En materia laboral, la administración de Cambiemos se caracterizó en los primeros dos años y medio por una agenda novedosa respecto de todo lo observado en la década previa. Entre otras cuestiones, en un contexto de muy alta inflación, se privilegió la negociación colectiva en lugar de intervenir en el mercado en forma directa, procurando reducir la injerencia del Estado nacional.
Las cosas empezaron a cambiar con el estallido de la cr isis fiscal en 2018. La primera víctima fue la rebaja de impuestos laborales -parte del paquete fiscal para 2019-. Ahora volvemos al pasado con dos medidas bien conocidas: un aumento general y obligatorio de suma fija, a lo que se suma “poner un poco de arena” en los engranajes del mecanismo de despido.
Alguien podría señalar que los objetivos no son económicos sino políticos: se trata de desactivar el paro general convocado por la CGT para fines de noviembre. Si ese fuera el (único) objetivo, el éxito de la medida probablemente quedará limitado a la suspensión del paro solo por una porción del sindicalismo.
Otros sectores políticamente opositores –incluyendo sindicatos privados con fuerte poder de movilización, sindicatos de trabajadores públicos, piqueteros y movimientos sociales– tienen un medio muy simple de oponerse a la decisión, reclamando un bono más alto para ellos y la generalización del “bono básico” a trabajadores informales, jubilados, y todo el universo de planes y programas sociales.
No es claro quién ganará en tal escenario de confrontación abierta, y si resulta preferible a un escenario de mayor racionalidad económica que permitiría alguna mejora de ingresos transitoria pero menos gravosa para la economía.
A modo de ejemplo, desgravar solo por diciembre las remuneraciones (hasta un tope en pesos predeterminado) del pago de aportes personales permitiría un aumento del ingreso neto de los mismos asalariados, con mejoras proporcionales a sus ingresos.
La medida tendría un tono menos impactante para los sindicalistas que desgravar ganancias, pero sería mucho más general y habría distintas formas de recuperar (al menos parcialmente) el costo fiscal de la misma. Con ello se evitaría el impacto negativo sobre el sector privado del “bono obligatorio”.
Si los objetivos del bono son económicos, además de políticos, es una medida subóptima desde casi cualquier punto de vista. En términos de quién lo paga, cabe suponer que el bono es adicional a lo que se acuerda en convenios, ya que de no ser así (si el adicional fuera absorbido por los aumentos que se están negociando) la cuestión carecería de sentido.
Cabe asumir, entonces, que la medida procura que las empresas privadas aumenten forzosamente el gasto en remuneraciones en un trimestre en el que el PIB está cayendo más de 6% respecto del cuarto trimestre de 2017. Un aumento forzoso del gasto en el insumo laboral puede ser irrelevante para empresas que tengan pocos empleados y exporten la mayor parte de su producción, pero envía a concurso preventivo a empresas trabajo-intensivas y que vendan al mercado interno.