Antiperiodismo
solidaridad y hacerle llegar copia de las demandas y fallos en distintas instancias del juicio contra la discriminación con la publicidad oficial que realizó Perfil contra el gobierno kirchnerista, como antecedente frente a la amenaza de Bolsonaro.
Nada se repite igual en la historia pero, abusando de didactismo, se podría decir que la regresión en la distribución de la renta en los países más desarrollados y el estancamiento del capitalismo que no se recupera de las crisis de 2000 y 2008 generan situaciones con algún grado de similitud a las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, donde doctrinas autoritarias le disputaban su superioridad a la democracia representativa constitucionalista y con división de poderes.
Un libro incomparablemente superior que acaba de editar la Universidad Pedagógica Nacional, La decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de “la ruta del dinero K”, se abrirá en dos nuevas direcciones en los próximos días. Una, a través de diez nuevas medidas ordenadas por el magistrado, para buscar posibles rastros de CFK y su entorno, en las cuentas y sociedades por donde circuló dinero lavado por Lázaro Báez. Y otra, que saldrá de las querellas de la causa, que se descuenta que apelarán la decisión del juez y llegarán a la Cámara Federal para conseguir que la ex jefa de Estado sea procesada. En ese sentido, se tornó elocuente un tuit de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien el viernes, luego de conocerse la decisión judicial, tuiteó: “Otra apelación más... y van…”. La OA es una de las querellas del expediente en representación del Ejecutivo, en tanto que otra es la Unidad de Información Financiera (UIF), a quien el magistrado le encomendó una serie de medidas.
Casanello fue contundente en su escrito a la hora de definir la situación de CFK e hizo un recorrido en el que buscó dejar en evidencia, entre otros puntos, una escasa colaboración prestada por los organismos en el expediente.
Por otro lado, a la UIF le pidió que, “no solo en su calidad de organismo técnico integrante del Grupo Egmont sino también en razón de que reviste la calidad de querellante en este proceso”, que “realice las tareas de inteligencia propias que le confiere la ley –y mediante el intercambio pertinente con sus pares extranjeros–, y confeccione un amplio informe completo de las empresas offshore mencionadas”.
También le encomendó que profundicen la investigación sobre las cuevas financieras locales a los fines de conocer quiénes participaron y cuáles eran los intereses detrás de la expatriación. Y que analicen a cada una de las personas físicas y jurídicas que “han enviado o recibido transferencias” a las cuentas que vienen siendo investigadas en el caso, “debiendo relacionar esa información a los fines de establecer la concreta relación con las personas que aún siguen siendo investigadas en la presente causa”.
Casanello fue, desde el comienzo del caso, objeto de numerosos intentos por desplazarlo del caso. Uno de ellos fue a través de la versión que aseguraba que había estado en la quinta presidencial de Olivos, en plena investigación del expediente que desde hace más de dos años tiene a Báez tras las rejas. Las versiones que lo ubicaban allí fueron desmentidas por la Justicia y los dos presuntos testigos del hecho quedaron procesados por falso testimonio y están a la espera de que comience el juicio en su contra. En tanto que el próximo 20 y 21 de noviembre serán indagados como presuntos instigadores de la maniobra para apartar a Casanello, el ex abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez, Santiago Viola, y el fiscal con paso por la inteligencia macrista, Eduardo Miragaya.
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