Debatir sobre fake news está bien, pero falta más
En la edición de ayer, la sección El Observador publicó en las páginas 58 a 60 una interesante crónica del debate “Fake news, política, derecho y periodismo”, desarrollado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación y promovido por la legisladora Victoria Donda. Este ombudsman recomienda la lectura de esa nota que firma Pablo Helman porque es muy esclarecedor lo que allí se dijo en relación con los peligros que conlleva la creciente influencia de las fake news (noticias falsas) en los procesos electorales (http:// bit.ly/campaña-fake-news).
Expusieron allí Jorge Fontevecchia y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. La idea de esta columna es ampliar algunos de los conceptos vertidos por el magistrado acerca de las regulaciones que ensayan países europeos para enfrentar el fenómeno, que afecta directamente el normal desarrollo de los procesos democráticos.
Cuando se acerca 2019 y, en su marco, las elecciones de renovación presidencial en la Argentina, la cuestión cobra particular importancia, y es bueno que los lectores de este diario estén advertidos y no caigan en la trampa de procedimientos espurios.
Por cierto, toda regulación sobre el periodismo implica un riesgo: la censura. Por ello es que la Comunidad Europea, como tal, aún evalúa de qué manera enfrentar el problema, en tanto países como Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y otros ya han puesto en vigencia medidas de protección contra las fake news. Concretamente, veamos estos casos y algunos más:
Alemania. Desde el comienzo de este año, las grandes plataformas de internet están subordinadas a la NetzDG, que obliga a los proveedores con más de dos millones de usuarios en el país a retirar contenidos que pudieran ser constitutivos de delitos en menos de 24 horas desde la recepción de la denuncia por parte de un usuario. Si no lo hicieran, podrían ser multadas con hasta
Defensor de los Lectores
50 millones de euros. Eso explica, por ejemplo, que Facebook haya incorporado más de mil nuevos moderadores solo para revisar contenido en el país. La difusión de fake news integra el cuerpo punible.
Gran Bretaña. No llegó aún al estado parlamentario legislación alguna, pero la primera ministra Theresa May pasó buena parte del año escuchando consejos sobre la necesidad de endurecer la política frente a las grandes plataformas de internet, especialmente desde que se investiga el papel de Rusia en la promoción del voto favorable al Brexit con noticias falsas. A principios de año fue creado un grupo de respuesta rápida para evitar la proliferación de contenidos falsos, bajo el nombre formal de Unidad de Comunicaciones de Seguridad Nacional.
Francia es, en cierto modo, pionera en la lucha contra las noticias falsas. La Ley de Prensa de 1881, actualizada, contempla multas de hasta 45 mil euros por su difusión, y el presidente, Emmanuel Macron, trabaja con sus colaboradores en el área para perfeccionar la legislación sobre el tema.
Irlanda. Fianna Fáil, el partido que lidera la oposición en el parlamento irlandés, propuso imponer multas de 500 hasta diez mil euros y cinco años de prisión por actividades como el uso de “bots” (robots) para influir en el debate político.
Malasia. “Compartir una mentira te convierte en mentiroso” es el eslogan que acompañó la puesta en vigencia de una nueva ley aprobada por el Parlamento malayo, motorizada por el primer ministro Najib Razak. Establece multas de 13 mil dólares y penas de hasta seis años de cárcel por “crear, publicar o diseminar noticias total o parcialmente falsas” que afecten al país o a sus ciudadanos.
En la Argentina, por ahora solo está en marcha el debate, pero urge legislar antes de los actos electorales.