“Un médico que acepta pagos de un proveedor tiene que ir preso”
Antonio Di Nanno es psiquiatra y secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, un sindicato que agrupa a unos 6 mil profesionales de la salud. Tras las revelaciones de la investigación Implant Files, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integran PERFIL, e Infobae, accedió a hablar sobre la corrupción médica y empresarial en la industria de los dispositivos médicos.
—Las denuncias demuestran que hay médicos que exigen un “arancel extra” a los proveedores de prótesis... —Un retorno...
—Exacto. Si el empresario no paga, entonces el cirujano rechaza la prótesis. ¿En qué falla el sistema que permite que se naturalice esto?
—Hay varias cosas que fallan. Primero, no hay Estado que regule y controle. Una de las premisas que siempre defendemos es que la salud es política de Estado, entonces el Estado no puede nunca dejar de hacerse responsable ni dejar la salud liberada a lo que suceda en el mercado. La salud es un derecho, no un servicio. Si no hay un Estado que regule, si no hay salarios dignos o los que correspondan, si no está el Estado revisando qué tipo de tecnología está entrando en el país, pasan estas cosas.
Di Nanno asegura que las principales quejas que suele escuchar de los cirujanos son los “honorarios bajísimos, en los casos en que trabajan por honorarios, y en muchos lugares, las condiciones de trabajo”. El dirigente resalta otra cuestión: “No todos los médicos están haciendo negocios con las prótesis. Hoy ya no se consigue ese negocio con la lapicera del médico pagando un congreso. Hoy van a los jefes de compra de las instituciones”.
“El médico argentino tiende a arreglar todo como lo arreglamos los argentinos. Si tiene que operar, opera en cualquier situación, si hay que atarlo con alambre, lo ata con alambre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no somos conscientes del riesgo que corremos en nuestra profesión”, agregó.
“Me cuesta creer que los médicos que pusieron prótesis defectuosas como las PIP (prótesis mamarias de marca francesa elaboradas con un gel de silicona no apto para el cuerpo humano ) sabían que la prótesis no eran adecuadas. Les habrán dicho que eran de calidad. Entraron al país, fueron avaladas por la Anmat (Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica). Si está aprobado por Anmat, qué forma tengo de saber que no es de calidad”, sostiene el dirigente.
—¿No hay responsabilidad del médico para usted?
—No tiene por qué saber el médico si lo que está utilizando está o no en condiciones si está aprobado y la Anmat le puso el sello de aprobado. ¿Cómo se da cuenta? Cuando el Estado se corre en salud, ya sabemos lo que pasa.
—Hay casos probados en los que médicos recibieron retornos del fabricante para utilizar determinadas prótesis y otros dispositivos médicos.
—Para mí un médico que hace eso, que acepta pagos de un proveedor, tiene que ir preso. Es un delincuente. Pero también estaría bueno que vayan presos los que vendieron (las prótesis) y que tengan responsabilidad los que autorizaron, y ahí está el Estado. Hay que denunciarlos a todos, al médico pero al que provee las prótesis también. Lo mismo con la industria de los medicamentos. Hay indicios que marcan si un médico vive de su trabajo. Si labura 15 horas por día, de lunes a lunes, puede llegar a juntar entre $ 80 mil y $ 90 mil (promedio) por mes. Los sobornos exigidos por los traumatólogos de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, son el foco de esta nueva entrega de Implant Files, la investigación sobre la industria de los dispositivos médicos que encabeza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que integran Perfil, e Infobae. Este circuito cuenta con la complicidad de decenas de empresas proveedoras y, según los denunciantes, de la propia obra social estatal.
La información y documentación aportada por proveedores y denunciantes permitió establecer cómo funciona el circuito que encarece los precios de las prótesis y que no es exclusivo a IOMA sino que se replica en instituciones médicas privadas y estatales.
A raíz de la publicación, el Frente Renovador pidió ayer la intervención de la obra social y sostuvo que solictará que se trate este miércoles en la legislatura provincial.
El equipo argentino accedió a una serie de audios en los que se prueba cómo los médicos exigen retornos de entre $ 18 mil y $ 25 mil por cada prótesis
“Estaría bueno
que también vayan presos los que vendieron las prótesis.”