Una iniciativa valiosa y urgente contra la corrupción
varios años en Brasil. El enorme repudio social por los escándalos de corrupción anteriores al Lava Jato juntó millones de firmas en una iniciativa popular que la impuso, aunque los partidos políticos con representación parlamentaria intentaron impedirlo. El entonces Presidente Lula da Silva debió sancionarla en 2010 y el Supremo Tribunal Federal la validó en 2012. La norma impidió al mismo Lula ser candidato por estar condenado por actos de corrupción pero sus efectos fueron mucho más amplios; cientos de condenados de todos los partidos no han podido allí nuestra ley electoral.
No está en juego el principio de inocencia, que rige en sede penal, sino el derecho de la sociedad a fijar las condiciones para ser candidato. Debe primar el interés general, en un contexto de corrupción sistémica que causa enormes perjuicios al patrimonio del Estado y afecta de manera directa los derechos de todas las personas.
Lograr que quienes ya tengan condena de un tribunal colegiado –es decir, de tres jueces– por haber delinquido contra el Estado no puedan ser candidatos será también mejorar un sistema