La demanda de Aurelius podría costarle al país hasta US$ 3 mil millones

El fantasma de los litigios internacionales en contra de la Argentina volvió a aparecer esta semana en la Corte de Nueva York, donde el fondo Aurelius Capital Management LP –uno de los holdouts que firmaron el acuerdo con el gobierno en 2016– demandó al país por 83,7 millones de dólares. El reclamo se origina por un cambio en la base del cálculo del PBI que se realizó en 2014, cuando la Argentina debía pagar unos 3.500 millones de dólares en intereses sobre bonos atados a la evolución del PBI.

“Lo más importante no es la demanda en sí, sino que el que tiró la primera piedra es el fondo buitre más voraz del mundo, y esto invita a que muchos otros que tienen estos bonos también se sumen”, explicó el analista de Research for Traders Sebastián Maril.

—¿Cuánto puede perder la Argentina con este litigio?

—Si todos los que tienen bonos con cupón PBI bajo ley estadounidense se suman al litigio, los intereses atrasados podrían llegar a los US$ 3 mil millones, más los intereses por postergar el pago. Como antecedente, el juicio contra los holdouts de Paul Singer fue por 800 millones de dólares, después se sumaron uno tras otro y con los intereses se fue a 9.500 millones de dólares.

—¿Es viable que la Justicia estadounidense pueda probar esta supuesta manipulación en el PBI que dice Aurelius?

—Es que no fue una manipulación. Todos los países cambian sus formas de cálculo. El problema fue el timing. Y Argentina tiene un historial de no ser muy honesta. Lo que dice Aurelius es que Argentina cambió la estadística sospechosamente cuando debía anunciar un pago. El juez va a tener que decidir si hubo intencionalidad de no pagar o si fue un acto soberano.

—¿Cuánto le van a terminar costando al Estado los juicios que quedaron del gobierno anterior?

—En junio del año pasado Argentina admitió que tenía juicios pendientes por 5 mil millones. Hay que sumarle los 9.500 millones por los holdouts, 3 mil millones del grupo Petersen por YPF, lo que ya pagamos por la expropiación a Repsol, que fueron 8 mil millones, los litigios por Aerolíneas Argentinas en el Ciadi, 750 millones de dólares que quedan pendientes con los holdouts que compraron bonos en 2001. Argentina tiene gran parte de su riesgo país en esto.

—¿Se puede hacer una lectura política de esta demanda?

—Justo con Cristina y Lavagna en carrera, aparece un bono que los mete en escena (Lavagna fue quien instrumentó el cupón PBI). Macri podría decirle a Duran Barba que arme una campaña para comunicar que “otra vez los errores de Cristina nos van a costar caro”. Esto podría usarse como herramienta política, pero todavía es muy temprano para darse cuenta. Las provincias en 2018 exhibieron más holgura fiscal que la Nación e igual panorama se prevé para este año. En el gobierno nacional alegan que es un factor clave para que las jurisdicciones inviertan en obra pública en el año electoral. De hecho, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, detalló el viernes que el conjunto de “las provincias pasaron de un déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) en 2017 de 0,4 del PBI a un superávit en 2018 de 0,4 del PBI”, mientras que la Nación verificó un rojo primario de 2,4%.

Verónica Sosa, presidenta de Economía&Regiones, estimó a PERFIL que los distritos provinciales registrarán este año un superávit fiscal “relativamente similar a 2018”, y que el gasto en Inversión Real Directa (IRD) de 19 jurisdicciones que cuentan con Presupuesto para 2019 “alcanza a $ 271 mil millones (1,3% del PBI)”.

Dujovne destacó que “todas las provincias están en superávit primario con excepción de una”. La mejora de esos números fiscales es por la devolución del 15% de Coparticipación que antes iba a Anses y otros rubros automáticos, y la firma del Consenso Fiscal. El Iaraf remarcó además que el atraso salarial de 2018 (los sueldos ajustaron por debajo de la inflación) también “jugó un papel clave” en la reducción del gasto público provincial.

En este contexto, Sosa señaló que las provincias en 2019 “también están enmarcadas en las reglas de responsabilidad fiscal, lo que le pone contención al incremento del gasto” aunque opinó que “tienen cierto margen para acelerar la obra pública” en este año electoral. Aclaró que aun cuando algunas tengan déficit financiero (después del pago de deuda) pueden endeudarse en el mercado local o ya tienen presupuestados desembolsos de organismos internacionales para ese fin. Explicó que las provincias que pueden volcar más recursos a mover la economía son las que ostentan superávit corriente “o sea que pueden pagar todas sus obligaciones con los ingresos genuinos que tiene”.

Marcelo Capello, del Ieral, relativizó el margen de acción dado que las provincias deberán hacerse cargo este año “de una buena parte del gasto en subsidios en energía y transporte” y porque “la recaudación aumentará menos en 2019 por efecto de la recesión y una menor inflación”. Así, coincidió en que “las provincias con más chances de aumentar o no desacelerar demasiado su gasto en obra pública serán las que exhiban mayor ahorro corriente”.

Según E&R, 18 de las 19 provincias relevadas registrarán este año superávit de cuenta corriente (un total de $ 262 mil millones, 1,3% del PBI). A la cabeza, figuran la Ciudad de Buenos Aires ($ 45.794 millones), Santa Fe ($ 44.802 millones), Buenos Aires ($ 37.056 millones) y Córdoba (25.750 millones).

Asimismo, en cuanto al gasto en IRD, esos cuatro distritos también figuran con el mayor nivel presupuestado para 2019. En el caso de Córdoba, CABA y Santa Fe “planean solventar parte de su gasto en IRD con organismos internacionales por hasta $ 29 mil millones, $ 9 mil millones y 7 mil millones, respectivamente”. En cambio, si se mide en términos relativos a su gasto primario, Misiones se posiciona primera destinando el 25% del mismo a inversión pública. En el caso de Córdoba esa proporción es de 18%, en CABA de 17%, en Santa Fe de 14%, en Mendoza de 7%, y en Buenos Aires de 4%.