La regulación de los servicios públicos demanda mejores capacidades estatales
Las deficiencias en la prestación de servicios públicos se explican por debilidades en la regulación y por la primacía de intereses privados en detrimento de los ciudadanos.
Las recientes controversias por la tarifa social de Epec y por la nómina de empleados del Ente de servicios y Obras Públicas (Esop). Esop dieron lugar a cuestionamientos cruzados entre las fuerzas políticas que gobiernan y son oposición –recíprocamente– en la provincia y en la capital.
La agitación es tal, que hasta los fenómenos climáticos y sus efectos sobre la infraestructura urbana son objeto de lectura política en tiempos preelectorales.
Por su naturaleza económica, los dos temas están asociados al rol económico del Estado y su intervención para resolver fallos del mecanismo de mercado.
La provisión de energía eléctrica es un caso de monopolio natural y la recolección de residuos es un típico bien público.
De ahí que esta circunstancia sea propicia para discutir acerca del rol económico del Estado, evitando el simplismo binario de privatizaciónestatización y haciendo foco en las capacidades estatales de regulación.
El monopolio natural de Epec. La existencia de un único oferente del servicio eléctrico responde a los altos costos fijos que implican el tendido y mantenimiento de la red.
No es económicamente viable que compitan dos o más empresas en este segmento, a riesgo de que ninguna pueda afrontar esos costos hundidos y ambas desaparezcan.
Como esto no puede suceder en el caso de la electricidad por tratarse de un servicio esencial, el Estado admite la existencia de un único oferente monopólico, pero lo regula para evitar distorsiones en el precio y la calidad que terminen perjudicando a los usuarios.
La particularidad de Epec es que, además de ser una empresa monopólica, se trata de una entidad pública, lo que explica que su dinámica organizacional se asemeja más al resto de la administración estatal que a una firma privada.
Las decisiones de inversión, proceso productivo o dotación de personal están marcadas por objetivos políticos o de bienestar, y no están bajo la amenaza de la quiebra.
La fijación de la tarifa eléctrica no escapa a esta lógica y es el aspecto más crítico de la empresa, por dos motivos.
El primero es la falta de certeza acerca del costo de generación, transporte y distribución de la electricidad al momento de determinar el precio que pagan los usuarios.
El segundo es el impacto del costo de la electricidad en la matriz económica cordobesa: el principal cliente de Epec es el sector industrial con 39,5% del consumo eléctrico total.
Consultado al respecto, el economista José María Rodríguez afirma que el principal problema es la ausencia de un estudio tarifario que permita determinar los costos de las distintas etapas de producción, subtransporte y distribución.
Y que las estimaciones realizadas a partir del balance de Epec son insuficientes ya que permiten determinar costos financieros pero no costos económicos.
Rodríguez, quien se especializa en infraestructura y servicios públicos, considera que “el Ersep tiene debilidad regulatoria” porque no cuenta con información adecuada para, potencialmente, objetar la matriz de costos que le envía Epec cada vez que pide un incremento.
El ente regulador provincial tampoco elabora su propio estudio tarifario, limitándose a validar el aumento solicitado por la empresa.
“Epec elabora su propio marco regulatorio y fija su propia tarifa: es una empre-